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Proteger la propiedad privada, asignatura pendiente en España

Nuestro país, a la altura de República Checa o Malasia en el Índice Internacional de Derechos de la Propiedad.

DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ
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Asalto a un supermercado Mercadona en Sevilla por parte de varios militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores. | Archivo

Cada año se publica el Índice Internacional de Derechos de Propiedad. Este documento, elaborado por la Alianza de los Derechos de Propiedad, en colaboración con más de 70 centros de investigación, pretende evaluar la calidad del respaldo legal e institucional a los derechos de propiedad. Como explica el argentino Gerardo Bongiovanni en el prólogo del estudio, "la propiedad privada es fundamental para la organización de una economía de mercado y una sociedad democrática".

El informe evalúa cuatro grandes bloques:

  1. Independencia Judicial: en esta categoría se pondera el grado de autonomía que goza el Poder Judicial frente a presiones políticas y grupos de interés.
  2. Imperio de la Ley: esta categoría analiza el grado de cumplimiento de las leyes y normas, así como la calidad del marco institucional y contractual. También se incluye la ausencia de crimen y violencia.
  3. Estabilidad Política: a mayor inestabilidad en este ámbito, mayor incertidumbre legal y menor compromiso largoplacista en las decisiones económicas.
  4. Control de la Corrupción: la transparencia de las Administraciones y la ausencia de malas prácticas en sus procesos favorece y mejora el desarrollo de una economía de mercado.

Además, existen otros aspectos de análisis que también están presentes en el proceso de elaboración del índice:

  • Fortaleza de la protección de la propiedad privada.
  • Condiciones legales del mercado de crédito.
  • Calidad de los registros de la propiedad.
  • Protección de derechos de propiedad intelectual, patentes, etc.

En total, unos 131 países y jurisdicciones son evaluados para componer esta clasificación. La puntuación de cada uno oscila entre 0 y 10, con 10 representando el mejor escenario posible.

El top 20

Los países que mejor protegen los derechos de propiedad según el estudio son Finlandia (8,6), Nueva Zelanda (8,4), Suecia (8,4), Noruega (8,3), Países Bajos (8,2) y Suiza (8,2). Los primeros puestos de la tabla también incluyen a Luxemburgo y Singapur, con 8,1 puntos, y a Dinamarca y Canadá, con 8.

Otros países y jurisdicciones incluidos en el top 20 del informe son Australia, Austria, Reino Unido, Hong Kong, Japón, Alemania, EEUU, Bélgica, Irlanda y Francia. Sus puntuaciones van del 7,3 al 7,9.

España, fuera del top 30

España ocupa el puesto 33 del índice, registrando la misma evaluación de 6,5 puntos que también se concede a República Checa, Malasia y Bahrein. La evaluación es idéntica a la de 2011 y 2012, por lo que no se han producido avances significativos en los últimos tiempos. Si ampliamos la comparación al periodo 2009-2013, vemos un deterioro del 1,5% en la calificación obtenida.

Por delante de España están Islandia, Taiwán, Malta, Portugal, Chile, Estonia, Israel… A algunas décimas de nuestro país encontramos a Corea del Sur, Eslovaquia, Uruguay o Polonia. A la cola del listado encontramos países como Libia, Haití, Burundi, Yemen o Venezuela.

Un panorama desigual

A nivel mundial, el grado de protección de los derechos de propiedad alcanza un resultado medio de 6 puntos. A la cabeza están regiones como América del Norte (7,8) y Europa Occidental (7,5). Asia y Oceanía consiguen un puntaje medio de 6, por encima del 5,7 para el Norte de África y Medio Oriente. En Europa del Este y Asia Central, el resultado medio toca niveles de 5,2 puntos.

América Latina-Caribe apenas alcanza una media de 5 puntos. El resultado de Chile se acerca a los mejores países del mundo en cuanto a la protección de los derechos de propiedad. No obstante, el mal resultado cosechado por países como Argentina, Cuba, Ecuador, Nicaragua o Venezuela lastra el promedio de la región. A la cola de la tabla encontramos al continente africano, con un promedio de apenas 4,8 puntos.

Impacto de los derechos de propiedad

Si tomamos el 20% de países con mejor resultado en el índice, encontramos que su ingreso per cápita asciende a los $38.300 dólares anuales, expresados en paridad de poder adquisitivo. El segundo quintil de países con mejor respaldo de los derechos de propiedad tiene un ingreso anual medio de $26.700 dólares. Para el tercer quintil de países, el ingreso medio es de $15.700 dólares, mientras que ni el cuarto ni el quinto quintil llegan a más de $5.500 dólares. Queda claro, por tanto, que existe una fuerte relación entre la solidez de los derechos de propiedad y la riqueza media.

Dos casos de estudio: Túnez y Venezuela

Ana Lucía Camiora, Directora Legal del Instituto para la Libertad y la Democracia que preside Hernando de Soto, firma un apéndice del estudio dedicado a analizar el rol de la propiedad privada en las revueltas de la Primavera Árabe tunecina.

Camiora señala en su artículo que "la propiedad extra-legal de las familias y las empresas de Túnez supera los 115.000 millones de dólares. En esta categoría entran 93.000 millones de dólares vinculados a propiedades inmobiliarias y residenciales; además, también hablamos de al menos 22.000 millones de dólares en activos empresariales. El número de empresas informales es de más de 500.000, lo que supone el 85% de todos los negocios del país".

Así, este "capital muerto" por la ausencia de cobertura legal e institucional "es cinco veces superior a la deuda externa y cuatro veces mayor que toda la inversión extranjera directa recibida desde 1976". Según Camiora, "el sector informal ocupa a 900.000 personas, ocupando al 40% del empleo total. ¿Por qué no se formalizan estas actividades? En esencia, por la complejidad del marco legal: registrar una empresa, por ejemplo, supone 55 trámites burocráticos, 142 días de espera media y $3.200 dólares de inversión, lo que equivale a un año de ingresos del emprendedor informal medio. La regularización de la propiedad inmobiliaria también es muy compleja: hablamos de 499 días de trámites y costes cercanos a los $3.000 dólares".

Esta situación es común a otros países que han protagonizado la Primavera Árabe. En palabras de Camiora, "en Egipto, la economía no formalizada asciende al 82% de todos los negocios y al 92% de todos los activos inmobiliarios. Para la capital de Libia, Trípoli, encontramos que el 85% de los negocios y el 90% de los activos inmobiliarios se mantienen en un régimen informal de propiedad".

Hablando sobre Venezuela, el abogado Luis Alfonso Herrera y el analista político Felipe Benítez señalan que "las expropiaciones arbitrarias y las violaciones de la propiedad personal o empresarial" están a la orden del día. Analizando el periodo comprendido entre 2007 y 2012, Herrera y Benítez encuentran que el 85% de los decretos aprobados por el fallecido Hugo Chávez contenían ataques o violaciones de los derechos de propiedad.

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