Las empresas españolas van a tener todavía más difícil cuadrar sus cuentas a partir del próximo 1 de enero. Y es que Hacienda ha preparado una ordenanza interna para impedir a los empresarios que aplacen el pago del IRPF de sus trabajadores.
Desde 2009, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) permitía a las empresas posponer las retenciones de las nóminas de sus empleados. Según la Ley General Tributaria, los negocios sólo podían aplazar las retenciones de sus trabajadores cuando sus problemas de tesorería "pudieran afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública". Este requisito dejaba sólo en poder de las empresas de mayor tamaño el beneficio de posponer el pago de dicha retención, aunque hace cuatro años se decidió no aplicar tan estrictamente la norma para no agravar los problemas de liquidez de las empresas.
Ahora, Hacienda se vuelve inflexible. El fisco va a empezar a aplicar la Ley a principios de año de manera rigurosa y serán muy pocas las empresas las que puedan solicitar el aplazamiento.
Para el presidente de la Asociación del Club del Asesor (Adecla), Ignacio Ruiz-Jarabo, esta medida "es un paso más en el proceso de asfixia a las pymes. Ya son suficientes los efectos descarnados de la crisis, que se haya disparado la morosidad y que el grifo del crédito siga cerrado para que se intente perjudicar más a las empresas".
"Las empresas no son defraudadoras por sistema"
"Si tengo una empresa de 50 trabajadores y no me dejan aplazar el pago del IRPF de sus nóminas tengo un problema. A 80 euros por trabajador y por trimestre me exigen 12.000 euros. ¿Y si por lo que sea me han impagado en ese periodo alguna factura que me debían y no tengo esos 12.000 euros?", pone como ejemplo el experto para explicar la magnitud de esta medida.
Desde la Agencia Tributaria justifican esta medida asegurando que "se estaba haciendo un uso extensivo y sistemático de la norma". El Fisco cree que se estaba produciendo "un fraude, porque muchas empresas utilizaban el aplazamiento como una línea de crédito más barata para financiarse".
"Hacienda debería aprender que las empresas son sus clientes no sus enemigos. Es muy preocupante que por falta de sensibilidad y de confianza con las empresas se las ponga en peligro", declara Ruiz-Jarabo.
El presidente de Adecla considera que la AEAT debería centrar sus esfuerzos en detectar a los defraudadores. "Si hay un caso claro de abuso que no se le otorgue ningún beneficio, pero no se puede pensar que todas las empresas son defraudadoras por sistema", declara Ignacio Ruiz-Jarabo.
Abocadas al embargo
La Agencia Tributaria ha dado orden a sus las delegaciones territoriales para que "inadmitan" la prórroga que con carácter general presenten los empresarios.
Esta inadmisión supone que la deuda con Hacienda pasará a tramitarse por la vía ejecutiva, lo que conllevará que las empresas que osen solicitar la prórroga tres preocupantes consecuencias:
- Tendrán que abonar un recargo que irá del 5% al 10% de la cuantía.
- Cuando una compañía se disputa una deuda con Hacienda por la vía ejecutiva no puede pedir la prórroga del pago de otros impuestos como el IVA o el Impuesto de Sociedades.
- Se procede el embargo de sus cuentas.
El experto afirma que el tercer efecto será el más perjudicial. "Si le bloqueas las cuentas a una empresa no va a poder continuar con su actividad, entonces, ¿cómo te va a pagar? Esto es una vuelta más a la soga del pequeño empresario español", concluye Ruiz-Jarabo.