La ampliación del Canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo. La importancia de la infraestructura trasciende de los meros intereses económicos y constituye en sí misma un extraordinario valor geoestratégico. De ahí que las miradas de medio mundo se hayan vuelto hacia el istmo con el mismo interés con el que se fijaron cuando en 2009 la Autoridad del Canal de Panamá adjudicó el contrato de construcción de la nueva ampliación del Canal al consorcio que lideraba Sacyr Vallehermoso.
La alerta informativa se activó en el momento en que la constructora española anunció -como fija el contrato- que daba 21 días a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para que abonara los sobrecostes en los que había incurrido durante estos cuatro años de trabajos. En 2009 Sacyr había ganado el concurso del Canal obteniendo la mejor valoración técnica de los concurrentes porque -entre otras cosas- su proyecto incluía la posibilidad de incrementar el tráfico de cargueros por el canal, duplicando los ingresos diarios de la instalación.
Además, Sacyr ofreció el precio más competitivo, 2.100 millones de dólares más barato que lo que el propio Canal había presupuestado (5.250 millones de dólares). Finalmente, tras la adjudicación, ajustaron el presupuesto a lo previsto por los panameños. Ahora, las advertencias de Sacyr amenazan con derivar en incidente diplomático, ya que el propio presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha exigido el cumplimiento del contrato a Sacyr y pide responsabilidades al Gobierno español.
En este sentido, el conflicto puede resumirse en que Sacyr pide a la ACP que cumpla con el contrato y abone los sobrecostes. Por su parte, la ACP pide a Sacyr que asuma sus sobrecostes como reza el contrato. Pero, ¿qué dice el contrato?
Libre Mercado ha consultado el documento base de licitación, o pliego, que establece las cláusulas o reglas del juego que han de cumplir tanto la ACP como el consorcio liderado por la constructora española. Dentro de este documento, varias cláusulas recogen diferentes supuestos en los que no sólo se reconoce la posibilidad de incurrir en sobrecostes, sino que obligan a la ACP a asumirlos.
Error del empleador
El primero de los supuestos en los que se reconoce esta posibilidad figura en el artículo 1.914 de las "condiciones del contrato" del documento base de licitación. En él se recoge que en caso de que el contratista (Sacyr) se vea obligado a incurrir en retrasos o incremento de costes por "un error en los requisitos del Empleador" (ACP), Sacyr tendría derecho "al pago de cualquier Costo Más Ganancia Razonable, que deberá ser incluido en el Precio Contractual" (sic).
Condiciones imprevisibles
Por otro lado, el punto 4.12.4 de dichas "condiciones", compromete a la Autoridad del Canal a "reembolsar" a Sacyr los sobrecostes en los que ésta incurra por haber encontrado "condiciones físicas o topográficas" imprevisibles durante el desarrollo de las obras.
Las leyes del país
El documento base de licitación resulta tan exhaustivo que también recoge la posibilidad de que las propias leyes del país cambien durante el periodo que duren las obras y que puedan derivar en sobrecostes para la contratista.
Cambio de precios de materiales
Finalmente, también recoge la posibilidad de que los propios materiales o materias primas necesarias para la construcción de la infraestructura se encarezcan provocando incrementos en el coste de la obra.
Estos son los principales artículos de los compromisos contractuales firmados para la construcción de la ampliación del Canal de Panamá que recogen la posibilidad de que se produzcan sobrecostes durante la ejecución de la obra. Las circunstancias que rodean a cada uno y que establecen las características de cada uno de los supuestos serán, con toda seguridad, motivo de discrepancias entre quien reclama el abono del sobrecoste (Sacyr) y quien niega la obligación de abonarlo (ACP). Unas discrepancias que, en última instancia, tendrían que dirimirse ante un tribunal de arbitraje.