En agosto del año 2010, entró en vigor el Código de Consumo de Cataluña. El contenido de la norma causó un gran revuelo en el sector del comercio porque mantenía las imposiciones lingüísticas en catalán para los rótulos de sus negocios. A lo largo de 2011, la Agencia Catalana de Consumo se dedicó a perseguir y multar a cualquier comerciante que osara no utilizar el catalán en sus comunicaciones, llegando a alcanzar el récord de 226 multas a empresas en ese año.
El Gobierno de Artur Mas perdió la primera batalla en su afán por imponer el catalán al castellano en el año 2012, cuando el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia en la que dejaba sin efecto la anterior ley de Consumo, la de 1993, y por lo tanto, todas las multas interpuestas por la Generalidad antes del año 2010. Entonces, sólo serían válidas las sanciones que se hubieran efectuado a partir de esa fecha.
El golpe definitivo a la política lingüística de Mas se produjo el pasado mes de noviembre cuando aprobó la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que podría acabar definitivamente con las sanciones a los comerciantes por no informar de sus actividades en catalán. El texto garantiza que todas las empresas españolas puedan acogerse a los mismos derechos en todo el territorio nacional por encima de la regulación autonómica. Pero Artur Mas no piensa renunciar a ninguna de sus pretensiones nacionalistas y recurrirá la Ley ante el Constitucional, según informó ayer lunes el diario ABC.
Ahora, mientras que la Ley de Unidad de Mercado ha dado un respiro a los comerciantes, el Gobierno catalán ha puesto en su punto de mira al sector farmacéutico y, en concreto, a los prospectos de sus medicamentos redactados en castellano.
"Un lenguaje lleno de tecnicismos"
En un primer momento, la intención del Ejecutivo autonómico era que las compañías farmacéuticas tradujesen al catalán los prospectos y los envases de todos los medicamentos que se dispensen en la región. Las farmacéuticas se han negado en rotundo al cumplimiento de esta petición. El director del Departamento Técnico de Farmaindustria, la patronal del sector, Emili Esteve ha explicado a Libre Mercado los motivos principales que justifican el rechazo a esta petición. "Son motivos legales y conceptuales", ha dicho.
El sector farmacéutico está excesivamente regulado por el Gobierno y la UE. Según el experto, no estaría afectado directamente el Código de Consumo de Cataluña. El organismo que regula la información de los prospectos es la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y sólo trabaja con los idiomas oficiales comunitarios. "Legalmente sería imposible, una versión impresa de un prospecto en catalán no tiene la base legal europea que necesita porque no es un idioma oficial. Para cambiar, en cualquier caso, el contenido de la información de un medicamento debe estar aprobado por la EMA", ha explicado Esteve.
El experto explica que otros problemas de la traducción es la cantidad de conceptos técnicos que se utilizan y las dificultades de encontrar su equivalente en catalán. "Se utiliza un lenguaje lleno de tecnicismos, por eso, si finalmente los traducimos al catalán, no podrían considerarse como un prospecto oficial, únicamente el que está en castellano es el que vale", asegura el representante de los laboratorios.
La única opción de los laboratorios
Esteve defiende que la única opción que podría aceptar para llegar un acuerdo con la Agencia Catalana sería traducir al catalán todos los prospectos en la web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), el portal oficial donde están todas las fichas de los medicamentos que están en circulación. "Pero seguirían sin tener validad legal. Esa sería la única opción para poder cumplir con las intenciones del gobierno catalán". Esteve no ha querido pronunciarse sobre la utilidad de traducir a otro idioma una terminología que ya en castellano es muy difícil de interpretar para el ciudadano de a pie. "Habría que preguntarle a los catalanes si les parece provechosa", deja caer.
Otra de las exigencias del Ejecutivo catalán es que sean las propias farmacéuticas las que asuman el coste de la traducción. "Quien asuma el coste no el problema principal para rechazar la traducción, el problema es que tenga que imprimirse, algo, insisto, que no contemplamos", concluye Esteve.