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Hacienda maquilla el déficit público de 2013

Hacienda anuncia un déficit del 5,44% del PIB en noviembre, pero los datos oficiales lo elevan al 5,96%. De hecho, estima que rondará el 6,9% en 2013.

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Los ministros De Guindos y Montoro en una imagen de archivo | EFE

Los datos no cuadran. El Ministerio de Hacienda anunció este martes que el déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social fue del "5,44% del PIB" hasta el pasado noviembre, equivalente a un total de 55.841 millones de euros.

En concreto, el Gobierno central acumuló un agujero de 39.603 millones (3,86% del PIB), en el caso de las CCAA fue de 12.901 millones (1,26%), mientras que la Seguridad Social registró otros 3.337 (0,33%). Estos datos no incluyen el déficit de las corporaciones locales, pero su impacto debería ser neutro sobre el resultado final, ya que el propio Gobierno estima que cerrarán 2013 en equilibrio presupuestario.

El Ejecutivo del PP se agarra a la cifra comunicada por el departamento de Cristóbal Montoro para afirmar que se cumplirá con el objetivo del 6,5% fijado por Bruselas para el conjunto de 2013. No en vano, a falta del mes de diciembre, se dispondría de un margen próximo al 1% del PIB para no superar dicho umbral. Pese a ello, algunos de sus miembros, como el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuidan mucho sus palabras a este respecto. Así, Guindos afirmó ayer que el déficit de 2013 "convergerá hacia el objetivo del 6,5%", gracias a la mejora de la recaudación fiscal y a los menores costes de la deuda (pago de intereses).

Sin embargo, el dato oficial, el único realmente válido para la oficina estadística de Bruselas (Eurostat), es mayor. Según la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), el déficit público de las tres administraciones citadas alcanzó los 60.663 millones de euros hasta noviembre, lo cual equivale al 5,91% del PIB.

Esta diferencia estriba en que Hacienda tan sólo anuncia a la opinión pública el déficit registrado "una vez excluidas las ayudas al sistema financiero", ocultando así el coste del rescate público de las cajas de ahorros. Esta particular factura, que también contabiliza como déficit oficial, ascendió a 4.822 millones de euros hasta noviembre.

No contabiliza el rescate bancario

De este modo, el déficit remitido realmente a Bruselas es el siguiente: Gobierno central (44.425 millones, equivalente al 4,33% del PIB); CCAA (12.901 millones, 1,26%); y Seguridad Social (3.337 millones, equivalente al 0,33%). El primer maquillaje, por tanto, consiste en no contabilizar la factura del rescate bancario (4.822 millones), con lo que el déficit real hasta noviembre sería del 5,91% y no del 5,44% anunciado.

PIB inflado y agujero oculto

El problema es que no es la única argucia contable. Otra de las trampas comunes en los datos fiscales que anuncia Hacienda es emplear un PIB meramente estimativo que poco o nada tiene que ver con la realidad. En concreto, el Gobierno emplea un PIB de 1.026.156 millones de euros para calcular el déficit en términos porcentuales. El problema es que dicho PIB está inflado, ya que, de ser cierto, España tan sólo habría sufrido una contracción económica de apenas el 0,3% el pasado año.

La realidad es muy distinta. Según el Banco de España, la recesión se situó en el 1,2%, con lo que el PIB provisional se aproximaría más bien a 1.017.000 millones de euros. Como consecuencia, el déficit público rondaría el 5,96% del PIB hasta noviembre, en lugar del 5,44% anunciado por Hacienda, lo cual supone un desvío del 0,52% del PIB.

Pero es que, además, el déficit de la Seguridad Social es muy inferior al real. Tanto Hacienda como la IGAE coinciden en que el agujero del sistema de pensiones tan sólo es de 3.337 millones (0,33% del PIB), pero esta cifra lleva a engaño, ya que habrá que esperar al cierre del ejercicio para descubrir el déficit real de esta Administración.

Basta señalar dos datos a este respecto. En primer lugar, el propio Gobierno estima que la Seguridad Social registrará un déficit de 14.383 millones de euros en 2013 (1,4% del PIB), y, en segundo término, cabe recordar que en noviembre de 2012 presentaba un superávit del 0,2% y cerró el año con un déficit del 1,1%. Así pues, como mínimo, faltan por aflorar otros 10.000 millones de déficit de la Seguridad Social, equivalente a casi el 1% del PIB. Sumando esta cifra, y de mantenerse intacto el déficit del Gobierno central y CCAA, el agujero se situaría más cerca del 7% que del 6,5% a final del ejercicio.

De hecho, el Gobierno notificó a Bruselas un déficit muy próximo a esa cifra el pasado mes de octubre. En su segunda notificación del año sobre el déficit y la deuda estimadas para 2013, el Ministerio de Hacienda estimaba un déficit público de 70.075 millones de euros a cierre del pasado ejercicio, equivalente al 6,9% del PIB si se toma como base la contracción del 1,2% estimada por el Banco de España.

En este sentido, el organismo monetario señala en su último boletín económico que el déficit acumulado en el último año se situó en el 7% del PIB en el tercer trimestre, en línea con lo avanzado por Libre Mercado. "El cumplimiento del objetivo de déficit del 6,5 % del PIB para el ejercicio 2013 debería haber supuesto, por tanto, una mejora de las cuentas públicas considerable en el cuarto trimestre del año, superior a la observada en el mismo trimestre de 2012". Hasta el momento, nada apunta a que se haya producido dicha mejoría.

Además, cabe recordar que hasta el pasado junio, el objetivo de déficit público para 2013 era del 4,5% del PIB y no del 6,5%. El Gobierno de Mariano Rajoy logró suavizar la senda de consolidación fiscal tras presionar de forma insistente a Bruselas. En junio de 2013, se acordó una extensión de los plazos exigidos para situar el déficit público por debajo del 3% para aquellas economías que se enfrentaban a un mayor deterioro de la situación macroeconómica (en el caso de la economía española la extensión fue de dos años, hasta 2016).

En todo caso, la cifra definitiva de déficit no se conocerá, muy posiblemente, hasta finales de 2014, tras las sucesivas y tradicionales revisiones presupuestarias y de PIB propias de las autoridades españolas, tal y como viene siendo habitual.

En Libre Mercado

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