El Gobierno ha anunciado esta semana la undécima reforma del sector eléctrico. En esta ocasión, el cambio consiste en sustituir las subastas Cesur, que, hasta ahora, determinaban cerca del 40% del recibo de la luz cada tres meses, por un nuevo método ideado en exclusiva por el Ministerio de Industria. En concreto, dicho modelo, que entrará en vigor el próximo abril, calculará el precio de la electricidad día a día y hora a hora, en función de cómo cotice el mercado mayorista. El Ejecutivo del PP argumenta que, de este modo, familias y empresas se ahorrarán 270 millones de euros al año, gracias a la eliminación de los intermediarios financieros que operaban de forma mayoritaria en las subastas, en donde se solía aplicar un sobreprecio del 10% sobre el valor real del mercado.
Dicho sistema puede tener aspectos más o menos positivos. No en vano, el sistema de subastas vigente desde 2009 no ha estado exento de críticas por parte de diversos expertos. Pero, a falta de conocer todos los detalles, lo cierto es que la propuesta del Gobierno parte, una vez más, de graves errores a tener muy en cuenta. El primero, y más importante, es que Industria plantea esta opción tras una decisión maniquea y peligrosamente populista. Cabe recordar que este cambio se produce después de la polémica anulación de la subasta celebrada en diciembre, cuyo resultado arrojaba una subida de la luz próxima al 10%. El Gobierno acusó entonces a las eléctricas de "manipular" los precios en beneficio propio, una denuncia muy grave que, posteriormente, fue desmentida por el propio regulador. Por el contrario, todo apunta a que el Ejecutivo urdió una inaceptable intervención del mercado para esquivar el desgaste político que le podría ocasionar una nueva subida de la luz.
Por si fuera poco, la aplicación de este sistema resultará muy costoso, ya que las comercializadoras deberán calcular (y cobrar) la energía que consume cada cliente cada día y cada hora, lo cual no resultará sencillo, aún disponiendo de contadores inteligentes. En este sentido, cabe recordar que el mero cambio de factura mensual a bimensual conllevó problemas de gestión considerables que, sin embargo, quedarán reducidas a simple anécdota en comparación con la complejidad que se avecina. Pero es que, además, el recibo diseñado por Industria, ignorando la opinión del sector eléctrico, no tiene por qué traducirse en una rebaja de precios, tal y como se ha anunciado.
Y ello, básicamente, porque la energía en España sigue siendo una de las materias más intervenidas y politizadas del país. El mercado sigue brillando por su ausencia en el campo de la electricidad, de ahí los importantes defectos estructurales que presenta desde hace años. El mercado mayorista apenas representa el 40% del recibo final que pagan los consumidores, el resto son impuestos y tarifas reguladas que nada tienen que ver con el mercado. El Estado fija de forma arbitraria qué tipo de energía se produce y, además, influye en los precios mediante onerosas retribuciones en forma de primas y subvenciones, encareciendo con ello la luz de forma artificial y generando grandes distorsiones, cuyo máximo exponente es el déficit de tarifa, una deuda creciente, próxima a 30.000 millones de euros, que se pagará vía impuestos y/o nuevas subidas de la luz.
Mientras no se aborde de forma seria la completa liberalización del sector, los españoles seguirán sufriendo uno de los recibos más caros del mundo desarrollado. El PP se conforma con parchear un sistema que hace aguas en lugar afrontar con valentía una reforma en profundidad, capaz de resolver de una vez por todas el caos energético nacional.