La Agencia Tributaria ha sido condenada por el Tribunal Superior de Cataluña por degradar a una inspectora jefe que denunció la ilegalidad de una orden interna que vetaba la devolución de impuesto a los ciudadanos.
Tal y como se hace eco el diario Expansión, la instrucción interna en cuestión ordenaba que "las devoluciones de ingresos excesivos se llevará a cabo siempre que el contribuyente haya presentado una solicitud de devolución de ingresos indebidos". Esto es contrario a lo que dicta el reglamento que estipula que las devoluciones de ingresos excesivos o duplicados deben devolverse de oficio. Hacienda tiene un objetivo claro: aumentar la recaudación.
Ante esta instrucción interna a sus trabajadores, la inspectora jefe de Equipo en la Delegación Especial de Cataluña presentó un escrito alegando la ilegalidad de la orden, que exigía "la apropiación indebida a sabiendas de cantidades de los contribuyentes".
Lejos de rectificar, la Agencia Tributaria inició una reestructuración orgánica en la Delegación Especial de Cataluña que para el TSJ de Cataluña constituye un castigo de forma encubierta a la inspectora "por cuestionar, poner en entredicho, e inclusive por no llevar a debido cumplimiento" una norma que "podría ser contraria a la legalidad", según defiende la sentencia.
Y añade que "la convicción de este Tribunal, alcanzada por la prueba, no se basa en meras sospechas o conjeturas, puesto que ha quedado debidamente probado que deliberadamente se quiso perjudicar a la inspectora por la actitud que adoptó al cuestionar abiertamente la decisión administrativa de un superior jerárquico, lo que supone una actuación irregular y arbitraria que desde luego, va mucho más allá de lo que cabe entender por una racional o adecuada ordenación del personal".
La inspectora para apoyar el fundamento de la denuncia presentó grabaciones de la jefatura de la AET que recogían órdenes expresas tales como "no se devuelve un euro". A su vez dichas grabaciones fueron ratificadas por testigos.
Asimismo, la sentencia recuerda que en la propia Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, referente a los deberes éticos y al código de conducta de los funcionarios, estipula que en caso de existir "una infracción manifiesta en el ordenamiento jurídico", deben denunciarlo.
Por todo ello, el Tribunal ha condenado a la Agencia Tributaria a restablecer de inmediato a la funcionaria en sus funciones y puesto de responsabilidad y al pago de las costas que, según fuentes del diario económico, ascenderían a 10.000 euros.
Este caso supone otro varapalo más a la gestión del delegado Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, quien ya estuvo en el ojo del huracán al ser el responsable último de los controvertidos informes de la Infanta Cristina.