El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), una reforma parcial del texto vigente que que va a obligar a los agregadores de noticias a pagar un canon a los editores por la exhibición de sus contenidos.
Con la medida, los buscadores que publiquen contenido parcial de editores, periodistas o escritores, tendrán que pagar a una entidad gestora una determinada cuantía en concepto de su explotación. El texto también aborda la lucha contra la piratería y en este concepto establecerán multas de entre 30.000 y 300.000 euros para los portales reincidentes. Las sanciones también incluirán a los intermediarios, tanto a anunciantes como intermediarios de pago electrónico.
Además, la Administración podrá interrumpir la prestación del servicio "de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial".
Otro de los aspectos destacados de la norma es que se permite investigar por vía civil la identificación del portador de servicios sospechosos de vulneración de propiedad intelectual.