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España protagoniza el 80% de las irregularidades de los fondos europeos

La secretaria de Estado de Presupuestos defiende ante Bruselas que España no perderá ni un solo euro del dinero recibido.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha sacado, una vez más, los colores a España. Y es que tal y como expone el Tribunal en su último informe, de los 2.267 millones de euros gestionados de forma irregular de los fondos comunitarios, 1.800 millones eran españoles, casi un 80% del total. Más claro agua.

Como publica el diario Cinco Días, los técnicos del Tribunal de Cuentas Europeo habrían detectado esta mala gestión en los llamados fondos de cohesión, aquellos financiados por la Europa del Norte, para impulsar a la Europa del Sur- durante los años 2000 y 2006-. Ante el temor del Gobierno de una posible retirada de estos fondos comunitarios a nuestro país, la secretaria de Estado de Presupuesto, Marta Fernández Currás, ya ha adelantado que no se perderá ni un sólo euro del dinero obtenido por España a partir de la solidaridad del resto de países europeos.

Asimismo, la secretaria de Estado de Presupuesto defendió en su intervención, durante la comparecencia ante el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que este hallazgo de los técnicos de Bruselas no significa en absoluto que "España haya cometido ilegalidades en la gestión de los fondos europeos".

Como informa el diario económico, dentro de los 1.800 millones de euros hay que distinguir dos partidas, por un lado 1.100 millones de euros que sería el montante afectado por supuestas irregularidades y, por otro lado, 700 millones de euros correspondientes a modificados de obra. En la partida de irregularidades se contempla, por ejemplo, el hecho de omitir la información de que un tramo de carretera estaba siendo financiada con fondos comunitarios.

A su vez, como los fondos de la UE se deben de destinar a programas y no a proyectos concretos, el Ejecutivo español tuvo que retirar todas las partidas de gasto que hizo España en 2010 con dichos fondos a todos los proyectos impulsados para, así, cambiar el destino de ese dinero por programas que fuesen bien vistos por Bruselas.

En cuanto a los 700 millones de euros de los modificados de obra, el Ejecutivo siguió el mismo proceder. En todos los proyectos donde hubiese habido modificados se retiraron de manera automática y preventiva las partidas de fondos comunitarios.

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