El régimen de estimación objetiva (más conocido como módulos) no pasa por su mejor momento. En realidad, desde que se aprobó, hace dos décadas, ha sido polémico. Pero quizás nunca como hasta ahora se ha hablado tanto de su supresión.
Con una reforma fiscal en marcha, pocas cuestiones como ésta suscitan el consenso de los especialistas. Ya sean profesores universitarios, inspectores de Hacienda o servicios de estudios. Todos (o casi todos) coinciden en que ésta es una peculiaridad del sistema tributario español con la que hay que terminar. Enfrente, las asociaciones de autónomos se resisten a dejar caer un régimen que todavía mantienen unos 700.000 profesionales.
No hay una postura oficial desde el Ministerio, pero todo apunta a que al menos habrá cambios. Probablemente, no se terminará por completo con el modelo, pero muchos de los que hasta ahora se benefician del mismo tendrán que buscar alternativas. Este miércoles, Expansión hablaba de sacar a 300.000 autónomos de los módulos. No es la única cifra que ha aparecido en las últimas semanas. Nada es seguro. Pero lo que parece casi imposible es que las cosas sigan como hasta ahora.
El 'fantasma' del fraude
Los módulos son un régimen simplificado de tributación. Es decir, una forma algo más sencilla de cumplir con Hacienda, de la que se benefician algunos pequeños empresarios. En su origen, la idea del legislador era más o menos lógica. En actividades en las que es muy difícil de controlar el flujo de ingresos y gastos, es también difícil cumplir con Hacienda o justificar todas las facturas.
Por eso se creó este sistema. Básicamente, consiste en que se grava al empresario según una estimación objetiva de sus ingresos, no en función de sus beneficios reales. De esta manera, se calculan los impuestos en función de los metros cuadrados de su local, los empleados que tenga o la potencia eléctrica contratada.
Esto quiere decir que cuando comienza el año, el empresario ya sabe lo que va a tener que pagar en cada trimestre. Incluso aunque tenga pérdidas o facture el 10% de lo previsto, tendrá que abonar lo que le corresponde por el régimen de módulos. Evidentemente, aquellos que se acogen al mismo (es optativo) lo hacen porque piensan que les saldrá rentable. Vamos, que pagarán menos a Hacienda. Y, probablemente, de media, sea así, porque si no, no lo harían año tras año.
Por eso, cuando ahora se pide cambiar el modelo es lógico que muchos se pregunten por qué se hace. Desde el Ministerio siempre se cita el fantasma del fraude. Las asociaciones de autónomos temen que no sea más que otra excusa para elevar la tributación sobre el colectivo. Aunque es cierto que un régimen tan especial deja cierto margen para engañar a Hacienda.
El truco más famoso es el de las facturas falsas. Consiste en que el empresario en régimen de módulos emite facturas por bienes o servicios no realizados a otro empresario, que tiene un régimen ordinario. Al primero, le da igual reconocer más ingresos de los reales, porque esto no le supondrá pagar más impuestos. Al segundo, la factura falsa le puede servir como gasto deducible en el IRPF o Sociedades.
De la CEOE a ATA
Con este panorama, y sabiendo que el Gobierno prepara una reforma fiscal "integral y completa" para finales de este año o comienzos de 2015, es lógico que se hayan multiplicado las propuestas sobre las distintas figuras tributarias. Y los módulos, como ya se ha comentado, están entre las más polémicas.
Aunque no era la primera, la propuesta de la CEOE fue cuando se conoció una de las más sorprendente de entre todas las peticiones para acabar con los módulos. Las asociaciones de pequeños empresarios y autónomos siempre han sido reticente y, en parte para no iniciar una guerra en ese flanco, la patronal se ha mostrado tradicionalmente cauta con el tema.
Pero en la propuesta de reforma fiscal que presentó la semana pasada, la organización de Juan Rosell pide directamente la supresión de este régimen especial. Su planteamiento es que las nuevas tecnologías permiten un nivel de control de ingresos y gastos que ya no hacen necesario el recurso a los módulos. Además, así se acabaría con una ventaja por pare de ciertos empresarios, porque todos comenzarían a tributar bajo el mismo régimen.
La principal federación de autónomos del país, ATA, no llega tan lejos, pero también ha dado un importante paso esta semana. Lorenzo Amor, su presidente, se reunía el martes con Cristóbal Montoro para hacerle llegar sus ideas para la reforma fiscal que prepara el Gobierno.
En el documento, destaca el siguiente párrafo: "Limitación régimen estimación objetiva o módulos: exclusivamente para aquellas actividades cuyos destinatarios directos sean consumidores finales y no otros empresarios o profesionales. Ahora bien, una medida de este tipo debe tomarse con un efecto anuncio prolongado y que permita a los contribuyentes adaptarse a la nueva situación".
Un planteamiento alternativo
No todos creen que la solución al fraude o a la baja recaudación pase por acabar con los módulos. Por ejemplo, la Asociación del Club del Asesor (Adecla), uno de los principales expertos en España sobre asesoramiento a pymes y autónomos, ha hecho llegar a Hacienda una propuesta que marcha exactamente en la dirección contraria. No sólo no creen que haya que limitar el régimen, sino que piden ampliarlo.
Su idea es sencilla. Para realizar un fraude como el que hemos visto se necesitan dos intervinientes: un pequeño empresario dentro del sistema de módulos y otro que esté fuera. Por lo tanto, para terminar con la trampa hay dos alternativas, o sacar al primero del régimen o meter al segundo.
Así lo explican: "Como es lógico, una medida como ésta aumentaría el número de potenciales ofertantes de facturas falsas, pero, correlativamente, se disminuiría el correspondiente a los posibles demandantes. Considérese, adicionalmente, que cabe esperar que conforme aumenta el tamaño o dimensión de una empresa, es pausible que disminuya su recurso a un fraude como el descrito (adquisición de facturas falsas a un modulero), por lo que la disminución efectiva de la potencial demanda de éstas será más que proporcional respecto al reducción operada en el número de sus posibles demandante".
No sólo eso. Los defensores de esta propuesta creen que hay que tener en cuenta que eliminar el régimen de módulos tendría muchas otras derivadas. Por un lado, incrementaría los costes tributarios para cientos de miles de empresarios y los de control para la Agencia Tributaria. Algo que ahora se hace de forma rápida y sencilla (pagar y comprobar que todo es correcto) podría convertirse en un laberinto burocrático. Además, aumentaría la litigiosidad entre los contribuyentes y Hacienda, con las malas consecuencias asociadas en el sistema de Justicia.
Probablemente, ahora mismo nadie sabe seguro qué pasará. La propuesta del equipo de expertos reunido por Montoro no está sobre la mesa. Y las declaraciones de los responsables ministeriales sobre esta cuestión no aclaran nada. ¿Quedarán moduleros dentro de un par de años? Seguramente, sí. Pero también es previsible que sean menos que ahora y que las reglas que les incumben también sean diferentes.