No creo que sean muchos los que a estas horas anden rebuscando en cajones, carpetas y archivadores las facturas de las gasolineras. Está claro que no nos van a devolver ni un céntimo, valga la redundancia. Mucho más en Cataluña, donde la Generalidad ha de velar por su ya sólida reputación en materia de incumplimiento de sentencias. No perdamos, pues, tiempo en ello. Tampoco merece la pena detenerse a comentar que el tribunal dice que las autoridades españolas obraron en este asunto de mala fe. Ojalá fuera el único. Sin embargo, no estaría de más que nos preguntáramos qué pecado hemos cometido para merecer el trato que se nos ha estado dando durante todos estos años cobrándonos algo que no había derecho a cobrar.
Lo digo porque, si necesitaban más dinero, siguiendo la idea que Montoro y Rubalcaba comparten de que aquí lo que hay que hacer es incrementar los ingresos y no disminuir los gastos, podrían muy bien haber hecho lo que hicieron luego, a partir del 1 de enero de 2013, cuando se dieron cuenta que Bruselas les iba a condenar, que era aumentar el impuesto sobre hidrocarburos. El resultado hubiera sido el mismo y se hubieran ahorrado la condena. ¿Por qué se empeñaron en hacerlo de la manera que lo hicieron? Por un lado, para descargar sobre las comunidades autónomas la responsabilidad de subir la gasolina sin tener que cederles el impuesto sobre hidrocarburos. Pero sobre todo porque creyeron con razón que, diciendo que la comunidad que la subiera lo haría para sufragar los gastos de la Sanidad, nadie protestaría so pena de ser acusado de insolidaridad.
Naturalmente, no hay forma de comprobar que las comunidades autónomas han gastado esos céntimos en mejorar nuestro sistema de salud porque, una vez ingresadas en la caja, esas pocas monedas se sumaron a la totalidad de los ingresos y se repartieron en los presupuestos de cada región como les pareció. Y eso ocurre con todos los impuestos. Y sin embargo, cada vez que los suben, nuestros políticos se justifican en la necesidad de atender a la Sanidad o a la Educación porque saben que todos las tenemos por irrenunciables, como si no supiéramos que buena parte de ellos, incluido el céntimo sanitario, se gasta en un montón de cosas tan inútiles como innecesarias. La verdad es que la Sanidad cuesta lo que cuesta, y si no hay dinero suficiente para atenderla no es por ausencia de impuestos, sino porque los políticos han decidido gastar lo que falta en otra cosa. Y somos tan mendrugos que, si nos dicen que es para atender a la Sanidad, tragamos con cualquier latrocinio de los que nos quieran hacer víctimas.
Esta sentencia no hará que nos devuelvan nada, pero al menos debería servir para que espabiláramos de una vez. Y para que, cuando nos roben, lo denunciemos y votemos en consecuencia sin tener que esperar a que venga un juez de Bruselas a quitarnos la venda de los ojos.