La nueva ley aprobada por el gobierno portugués, Prácticas Individuais Restritivas do Comércio (PIRC), ha puesto en pie de guerra a las empresas de distribución. Esta nueva norma multará políticas de promoción y descuentos de precios aplicadas en los supermercados del país -así como en comercios de venta al por mayor- que se consideren prácticas desleales o directamente de "venta a pérdida". El decreto ley, que se publicó el pasado 27 de diciembre, entró en vigor este martes.
Los agricultores defienden la norma, ya que consideran que existen políticas comerciales desleales, que llevan al dumping . Por su parte, la industria alimentaria entiende que los descuentos aplicados en los supermercados, tales como rebajas al 50%, talonarios comerciales, cheques de descuentos u ofertas 2x1 están ayudando a mantener la cuota de mercado, a pesar de la dura crisis económica.
Y es que los detractores de esta medida entienden que el cuadro legal impulsado por el Gobierno es muy restrictivo y poco claro, además de generar una gran inestabilidad jurídica. En un comunicado recogido por El Jornal de Noticias, Jeronimo Martins -una de las distribuidoras principales del país- advierte de que existe una gran confusión entre juristas y distribuidoras sobre la forma de cómo aplicar la nueva norma.
Las críticas al PIRC se centran principalmente en no ser concreta a la hora de determinar cuándo se está infringiendo la ley, ya que reducen las capacidades de la empresa para rebajar los precios de los productos en la parte que atañe a los costes de transportes e impuestos, así como volumen de compra.
Asimismo, tal y como recoge Jornal Acores 9 , la Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución, en boca de su directora general, Ana Isabel Trigo, advierte de que en un futuro serán los propios agricultores y productores quienes pidan la supresión de la norma. Las empresas distribuidoras auguran una entrada masiva de empresas extracomunitarias en el mercado, al ser las únicas que puedan cumplir la nueva legislación, creándose un mercado sin una competencia homogénea.
"Este cuadro legal restrictivo va a hacer que se importe más de Europa y de países extracomunitarios, retirando competitividad a la economía nacional", manifestó Ana Isabel Trigo para el Jornal Acores 9. A su vez, Trigo rechazó la norma debido a "la inseguridad jurídica que se deriva de esta legislación confusa e inaplicable, que es altamente perjudicial para las relaciones entre proveedores y distribuidores ".
Las empresas distribuidoras piden un margen de tiempo mayor para adaptarse a la nueva ley, ya que obliga a modificar de raíz todos los contratos ya firmados.
La segunda línea de las críticas está focalizada en el aumento de las multas por "prácticas desleales", que pasan de los 30.000 euros a castigos de 2,5 millones de euros para distribuidoras con más de 250 trabajadores y con una facturación de 50 millones de euros.
La otra cara de la moneda
Por su parte, el Gobierno argentino, liderado por Cristina Fernández de Krichner, ha impulsado una nueva normativa denominada "precios cuidados". Esta normativa regula los precios, en vez de por los descuentos, por las subidas.
La normativa prohíbe a los distribuidores fijar precios superiores a los oficiales por el Gobierno. En concreto el acuerdo firmado con los supermercados el pasado 13 de enero obliga a que éstos mantengan los precios en 194 productos de consumo básico por debajo de los precios que determina Krichner. Este intento por combatir la inflación, a base de decreto, está acusando desabastecimiento de ciertos productos e incremento de precios en otros, sobre todo en las zonas regionales.
Esta regulación no sólo multa por precios superiores a los permitidos, sino también por falta de stock de los 194 productos en los establecimientos. Las multas por incumplir la normativa de precios abarcan desde los 9 euros hasta los 460.000 euros.
Para llevar a cabo un control exhaustivo del cumplimiento de la normativa, los argentinos tienen a disposición tres aplicaciones para móvil, dos de Android y una para iPhone en donde, registrando el código de barras de los productos, pueden saber si están incluidos en la normativa y si cumplen con los precios oficiales.
De tal forma que en el caso de que el supermercado infrinja la ley, el ciudadano pueda denunciarlo ipso facto mediante la aplicación. Tal y como informa El Clarín, hasta el momento, de las 141 denuncias realizadas contra los supermercados se han echo efectivas ocho. En concreto, la sanción más dura ha sido para el grupo Carrefour, con una multa de 121.615 euros.