Para los partidarios del libre mercado, la intervención del Estado para fomentar las energías renovables fue un despropósito desde el primer instante. No fue, además, un simple error en materia de política energética; subvencionar las energías renovables a costa del contribuyente se enmarca perfectamente en el comportamiento habitual de los poderes públicos.
Los poderes públicos rara vez hacen algo que no contravenga principios elementales de la economía de mercado y en pocas ocasiones actúan con sentido común, pero se presume que, salvo quiebra o revolución, van a cumplir con las obligaciones que han asumido frente a terceros. Mediante el régimen especial, España básicamente asumió la obligación de pagar un cierto precio por la energía generada por determinado tipo de instalaciones de generación eléctrica.
Muchas personas, empresas e inversores, nacionales y extranjeros, confiaron en que España cumpliría con las obligaciones que había contraído, y la inmensa mayoría no merecen ningún reproche moral por haber decidido trabajar o invertir en las renovables. En España prácticamente todos los sectores están regulados, la mayoría de ellos con tanto acierto e inteligencia como las renovables. Son muchas las empresas que dependen del dinero público para hacer cuadrar sus cuentas y muchos más los proyectos empresariales cuyo éxito o fracaso depende de decisiones políticas o administrativas que nada tienen que ver con la economía de libre mercado.
En cualquier caso, poco importa: por muy reprochable que fuese el comportamiento incluso de los que eran plenamente conscientes de que España estaba asumiendo un compromiso que era desastroso para el país y para sus ciudadanos, y se aprovecharon de ello, la obligación de pagarles sigue allí. No es una cuestión de orgullo, es una cuestión de Estado de Derecho y de mantener una mínima apariencia de cara al interior y al exterior de que las obligaciones que contrae España y que se contraen en España se cumplen. Pocas son las cosas que pide el mercado al Estado, pero la principal es velar por el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas.
Así pues, la solución liberal habría sido que el contribuyente español de una forma u otra continuase pagando las primas a las renovables respecto de las instalaciones ya existentes.
Además de empezar a sentar un track record para España como país que cumple con sus obligaciones incluso cuando le resulte muy doloroso, esta solución habría tenido otro efecto positivo: la próxima vez que cualquier gobierno socialista de España, independientemente de su color, tuviese otra ocurrencia para crear una industria puntera a costa de los contribuyentes, quizás protestarían de forma masiva, al recordar que un día les llegará la factura.
No ha sido ésta la solución adoptada finalmente, sino la de reducir las primas a las renovables hasta la garantía de una "rentabilidad razonable", para disminuir la factura al contribuyente y al mismo tiempo poder argumentar que España no ha incumplido sus obligaciones. Es un truco que no engaña a nadie, pues no deja de ser una quita y un incumplimiento parcial, y tendrá sus consecuencias.
Muchos dirán que no vale la pena esquilmar al contribuyente para invertir de forma indirecta en bienes intangibles con un retorno tan incierto como lo son la seguridad jurídica y la confianza en que el Estado cumpla sus obligaciones. No estaría de más que valorasen el reciente caso de Las Vegas Sands, cuando Sheldon Adelson condicionó la que habría sido la mayor inversión privada en la historia de Europa a que el cumplimiento de las obligaciones que asumiría España en materia de legislación estuviese garantizado con cláusulas de penalización.
Igor Kokorev es abogado