La Fiscalía pide al consejo de administración de Spanair 72 millones de euros por retrasar en casi cinco meses la presentación del concurso de acreedores, pese a conocer que la sociedad era insolvente, una decisión de la que también responsabiliza a la Generalidad.
Según el documento que ha enviado al juez que lleva el caso, la Fiscalía apunta que el concurso de acreedores "ha sido declarado culpable" por el retraso en la presentación del mismo, ya que la imposibilidad de Spanair de atender regularmente sus obligaciones se produjo el 30 de junio de 2011, por lo que la obligación de solicitar el concurso venció el 1 de septiembre de 2011.
Este retraso de casi cinco meses -ya que el concurso se presentó el 30 de enero de 2012- produjo que el déficit comercial se agravase en 72.184.107,63 euros, en una información que ha adelantado El Periódico de Catalunya.
La Fiscalía considera que el pago de esta cantidad corresponde a todos los miembros del consejo de administración de la concursada, presidido por Ferran Soriano, salvo a uno de ellos, Karl Mats Erik Lönnqvist, que sólo debe responder de hasta 6 millones por haber renunciado a su cargo de consejero el 27 de octubre.
El órgano de dirección de la compañía estaba formado por Soriano, Benny Zyrisson, Miquel Marti Escursell, Josep Mateu, Jordi Rafael Bagó, Josep Maria Benet, la Filial de Turisme de Barcelona Iticsa -que estuvo representada por Joan Gaspart-, Fira -representada por Agustín Cordón-, Catalana d'Iniciatives -representada por Manuel Albanell-, Michale Balint, Karl Mats y Avançsa.
La Fiscalía apunta que procede inhabilitar para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante el periodo de dos años a las referidas personas físicas y jurídicas.
El documento hace referencia al informe de la administración concursal y asegura que las tensiones de tesorería y la continua necesidad de fondos de socios o empresas vinculadas se abordaron en todas las reuniones del consejo de administración celebrados desde mediados del 2010.
También pone de manifiesto que las decisiones que se adoptaron sucesivamente por el consejo de Spanair "vinieron determinadas por las actuaciones llevadas a cabo por la Generalidad, directamente o a través de Avansa, para la financiación de la compañía y la búsqueda de un socio industrial o un nuevo inversor.
Ya en la reunión del 26 de mayo de 2011 se plantea la posibilidad de solicitar concurso de acreedores ya que las pérdidas acumuladas habían dejado el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, pero, finalmente se optó por reducir el capital social.
Iniciatives Empresarials Aeronàutiques (IESA), en el que participaban un grupo de empresarios agrupados en Volcat 2009, Fira de Barcelona, Turismo de Barcelona, Catalana d' Iniciatives, Cimalsa y Avançsa, se hizo con el 80 % del capital de Spanair en abril del 2009 y del 85,62 % en diciembre de 2011.
El informe de la Fiscalía apunta que el resultado de la compañía antes de impuestos fue de 185,4 millones en 2009, 136,9 millones en 2010 y 136,2 millones en 2011, años en los que no se cumplieron las expectativas del plan de negocios y que la activación de créditos fiscales no respeta el principio de "prudencia".
El 7 de noviembre de 2011 se firmó el memorándum de intenciones para una posible entrada de Qatar Airwyas en el accionariado de la compañía, lo que finalmente no se materializó, y el 27 de enero de 2012, la Generalitat comunicó a Spanair que no invertiría más en la compañía y es entonces cuando el consejo de administración acordó el cese de operaciones y la presentación del concurso.
El documento dice que la Generalitat asumió el liderazgo de las negociaciones con Qatar y "parece admitirse con naturalidad" que la administración autonómica ejerció a partir de junio de 2011 como una "verdadera administración de hecho de la compañía".
También apunta que la evidencia y la dimensión de las ayudas públicas a Spanair planteaban un escenario de probable "confrontación" con la normativa europea de defensa de la competencia.
El informe apunta que, en caso de que se formule oposición a la calificación como culpable del concurso, se proponen para el acto de juicio del incidente concursal el interrogatorio a las personas afectadas y como testigos al conseller de Economía, Andreu Más-Colell, y al director del Incasol, Damià Calvet, entre otros.