La historia demuestra que el ajuste fiscal de Montoro no llegará a buen puerto

La tímida reducción del déficit registrada en 2013 se basó íntegramente en la generación de más ingresos impositivos.

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El profesor de la Universidad de Harvard Alberto Alesina ha dedicado buena parte de sus trabajos al estudio de diferentes programas de consolidación fiscal. Analizando decenas de ejemplos a lo largo de las últimas décadas, Alesina ha determinado que aquellos programas de "austeridad" que llegan a buen puerto se componen, al menos, en un 85% de medidas concentradas en reducir el gasto público.

En España, la vía de ajuste desplegada durante esta crisis ha descartado esta recomendación, de manera que buena parte de los esfuerzos de consolidación han consistido en aumentar los ingresos del Estado mediante sucesivas subidas de impuestos. En este sentido, los datos de 2013 son especialmente llamativos, ya que la tímida reducción del déficit registrado en dicho ejercicio se basó íntegramente en la generación de más ingresos impositivos.

Así, excluyendo las ayudas al sector financiero, el déficit cayó del 6,84% al 6,62% del PIB gracias a que el Fisco extrajo 3.664 millones de euros más a las familias y las empresas. El ajuste no solamente no contempló medidas de "austeridad" pública, ya que el desembolso total de las Administraciones creció en 1.027 millones de euros, alcanzando el 44,4% del PIB.

Pese a este complejo escenario para los contribuyentes, no faltan quienes reivindican la importancia de aumentar significativamente la presión fiscal. De hecho, la propuesta de reforma tributaria que ha publicado la Comisión Lagares ha pedido que se revisen al alza los "impuestos verdes" con ánimo de disparar la recaudación en 15.000 millones de euros.

En otros ámbitos tributarios también detectamos la fiebre por seguir aumentando la factura fiscal que soportan familias y empresas:

  • Se habla de reclasificar el IVA de ciertos productos sujetos a tipos reducidos. Solamente en el sector agroalimentario, esta medida acabaría con 155.000 empleos. En cuanto a la cesta de la compra, el encarecimiento que soportarían los hogares sería de 600 euros extra cada año.

  • A nivel local, el desplome de los ingresos ligados al "boom" inmobiliario ha sido compensado con un "rejonazo fiscal" centrado en subir el IBI y las tasas municipales. La recaudación derivada de estas figuras tributarias ha crecido un 40% en plena crisis, si bien la fiscalidad de la vivienda podría seguir subiendo en el caso de que se sigan las recomendaciones de la Comisión Lagares y se revisen otros aspectos impositivos (catastro, deducciones, etc.).

Incluso cuando la fiscalidad se coloca al margen de la ley, la mordida que soporta el sector privado acaba saliendo impune. Así, aunque la Justicia europea ha determinado que el Estado recaudó ilegalmente 13.000 millones de euros de la mano del céntimo sanitario, las Administraciones solamente devolverán un máximo de 3.000 millones.

El agujero de RTVE

Desde que se eliminó la publicidad en RTVE, los contribuyentes españoles se ven obligados a soportar las crecientes obligaciones que genera el ente audiovisual por excelencia. Solamente en 2013, el aumento de gastos de la programación alimentó un crecimiento del endeudamiento equivalente a 113 millones de euros.

Curiosamente, esta difícil situación no ha impedido que los gestores de RTVE pujen de forma agresiva por los derechos de emisión de los partidos de la Selección Española de Fútbol o la Liga de Campeones. De hecho, emitir ocho partidos del combinado nacional han llegado a costar 35 millones de euros al ente público. Semejante actitud ha llevado dicho mercado de derechos de retransmisión hasta el absurdo de que un partido entre Bielorrusia y España saliese a la venta por 1,5 millones de euros, una cuota que ningún canal pudo asumir, impidiendo que el partido fuese visto en nuestro país.

En cuanto a la Liga de Campeones, el diario El Mundo ha publicado que TVE estaría ofreciendo "entre 40 y 50 millones" de euros por un paquete de retransmisiones que Antena 3 y Telecinco solamente valoran en "alrededor de 30 millones de euros".

Activos inmobiliarios

La reducción de la deuda pública es otra cuestión que preocupa sobremanera a numerosos analistas fiscales. En este sentido, el Plan de Reformas de las Administraciones Públicas puede servir como paso previo a la venta de 20.000 edificios y terrenos dependientes del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Patrimonio del Estado.

El inmueble más valorado de todo el paquete que podría salir a la venta es el gigantesco edificio del barrio de Chamberí, ocupado en la actualidad por el Parque Móvil del Estado. Se estima que el valor de este terreno podría venderse por 300 millones de euros. Otros activos de peso serían el viejo Hospital Militar del Aire (35 millones de euros), la Policlínica de Nuestra Señora del Carmen (30 millones de euros), la antigua sede de la CNMV (28 millones de euros), etc.

La 'dolce vita

'Analizando el desorden fiscal de numerosos consistorios, Libre Mercado ha identificado un ejemplo especialmente llamativo. Se trata de los conductores de la Empresa Municipal de Transportes de Palma de Mallorca. Estos asalariados públicos cobran anualmente la friolera de 59.276 euros, más incluso que el Concejal de Movilidad (51.000 euros) o el Alcalde de la ciudad (58.539 euros). A este escándalo se une también el de los sueldos de los técnicos de la sociedad municipal o la remuneración de los cargos directivos de la EMT de Palma: hablamos de retribuciones de 62.511 y 65.196 euros anuales, respectivamente.

Mientras tanto, solamente el 50% del coste de este servicio de transporte queda sufragado mediante las tasas que soportan los usuarios, lo que genera un endeudamiento rellenado a base de inyecciones presupuestarias. Estas partidas han crecido de 12 a 24 millones entre 2001 y 2013, si bien en 2016 se espera que lleguen a los 30 millones de euros. ¿Cómo se reparte el gasto? A saber: el 62% son salarios, el 17% son gastos de combustible, el 15% es mantenimiento… En total, la flota incluye más de 150 vehículos.

Engordan las plantillas

A nivel autonómico, siete autonomías gobernadas por el PP registran hoy un mayor nivel de empleo público que antaño. El total nacional es de un 20,6%, pero regiones como Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha registran tasas del 33,8%, el 26,4% y el 25,6%, respectivamente.

Incluso cuando hay ajustes, se trata de puro maquillaje: en 2013, Andalucía recortó el peso del empleo público del 24,9% al 24,2%... pero desde 2009, este porcentaje ha crecido significativamente, ya que al comienzo de la crisis se quedaba en niveles del 19,9% frente a las cotas alcanzadas en la actualidad.

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