Liquidar la compañía o sustituir a los principales accionistas. Tal y como se hace eco el diario El Economista, los actores involucrados en Pescanova debaten sobre cómo afrontar el futuro de la compañía. Sabadell, Popular, NGC, BBVA y Caixabank, que representan el 60% del pasivo de la empresa, se reunieron con su principal asesor, la auditora KPMG, para sopesar las distintas posibilidades y sus consecuencias a corto y a medio plazo.
La prórroga para adherirse al convenio de acreedores dada por el juez vence el próximo miércoles, con lo que todo parece derivar a que los cinco grandes bancos se harán con el control de la empresa, en manos de Damm y el fondo de inversión Luxempart. En la capitalización de la deuda capitanearía Sabadell, que suma 226,7 millones de deuda. A continuación le seguiría el Banco Popular, con 182 millones de créditos pendientes. Por su parte, la deuda contraída con CaixaBank asciende a 178 millones, con NCG supera los 147 millones y, por último, BBVA se sitúa con un derecho de cobro de 105 millones de euros.
La discusión entre Damm y Luxempart, por un lado, y el resto de bancos, por el otro, se centraba en el reconocimiento de la deuda. Los actuales máximos accionistas pedían que la deuda se situara en 700 millones de euros, tras una quita media del 72%, mientras que las entidades financieras exigían que se reconociera un pasivo de 1.000 millones de euros. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, fuentes financieras del diario económico aseguran que Damm ha accedido a retirarse y dejar paso a los acreedores para evitar la liquidación de Pescanova.
En esta línea trabajan ya los grandes bancos, al entender que el tiempo corre en su contra para iniciar ya una reestructuración integral de la empresa gallega y evitar así su liquidación. La solución de los cinco grandes bancos acreedores, en el caso de que tomen el control, pasa por liquidar la empresa y reflotarla después reestructurando la deuda en dos tramos, uno senior de 500 millones de euros y otro junior de otros 500 millones más. Además inyectarían 115 millones más para salvar los activos españoles. En cuanto a los negocios internacionales de la empresa, los acreedores se desharían de éstas, al entender que el mercado de Pescanova se centra en España.
Con estas opciones principales encima de la mesa, hay expertos que plantean otra posibilidad, menos viable, pero posible. La reciente reforma de la ley concursal permite que un grupo de acreedores que represente el 60% del pasivo financiero puede frenar la liquidación que esté en marcha, como es el caso, con un plan para capitalizar créditos y asumir el control de la compañía. Los bancos tienen la última palabra.