Desde hace ya muchos lustros no se oyen más que referencias a los derechos de los que somos titulares; derechos individuales que hay que exigir con contundencia, pues se trata de derechos absolutos que nadie puede cuestionar. Junto a estas exigencias, se olvida que cualquier derecho es el anverso de una moneda que tiene su reverso: las obligaciones. Unas obligaciones con terceros o con la sociedad en su conjunto, de tal modo que su olvido conducirá fácilmente al abuso del derecho, si éste fuera cierto, o, en otro caso, a la exigencia de situaciones injustas, aunque éstas resultaran convenientes para algunos.
Suponer que la sociedad está formada de personas, hombres y mujeres, virtuosas, generosas, dispuestas al sacrificio para el bien de los demás y solícitas a compartir aquello de lo que disponen, no pasa de ser un deseo o una necedad. Es más, el propio sujeto que reclama esos derechos tampoco se consideraría inserto en una comunidad fraterna y caritativa, dispuesta a aliviar o quizá resolver las carencias materiales y espirituales de los menos favorecidos.
Además, una cosa es la caridad, virtud que enaltece y perfecciona a los seres humanos, y otra, muy distinta, la exigencia de unos pretendidos derechos, que serían inherentes a aquella sociedad configurada como fraterna y caritativa. A la izquierda no le gusta ni le ha gustado nunca hablar de caridad, porque esta radica en la convicción, en el fuero interno de las personas, anclada en la dimensión espiritual del ser humano, con lo que abogan por la proclamación de derechos positivos, de obligado cumplimiento, y convenientemente alejados de las molestas obligaciones como contrapartida.
Cuando se salta de la solidaridad personal, al derecho exigible públicamente, la sociedad se convierte en sujeto activo, y a la vez pasivo, de la acción protectora y buscará la forma de protegerse frente a los abusos de los pretendidos derechos. En otras palabras, evitará por todos los cauces las situaciones fraudulentas de los sujetos llamados a ejercer aquellos derechos.
El escándalo con el que se anuncia que Alemania niega los subsidios no contributivos a los inmigrantes que buscan trabajo, con lo dramático que pueda resultar, lo que está poniendo de manifiesto es el intento de evitar que la nación se le llene de inmigrantes cuyo objetivo no es tanto la consecución de un puesto de trabajo como la percepción de un subsidio; lo cual, aparte de los conflictos sociales que podría producir, conduciría a la insostenibilidad de las prestaciones asistenciales, e incluso de las contributivas.
Esto, que no sería concebible en un escenario de caridad privada, sí es común en la conformación pública de unos derechos exigibles, en un mundo donde la bondad, la fraternidad solidaria y el sentido de responsabilidad en las obligaciones sociales no es lo más abundante.
Lo de Alemania es, simplemente, la protección ante el efecto llamada del subsidio. Que no debería ser así, lo sé, pero tampoco debería serlo la actitud más que probable de los inmigrantes.