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Podemos propone expropiar todas las viviendas vacías y legalizar la 'okupación'

El partido de Pablo Iglesias apuesta por impagar hipotecas, expropiar todos los pisos vacíos, gravar más a los propietarios y proteger a los okupas.

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El líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Una de las múltiples medidas estrella que plantea Podemos, el nuevo partido que lidera Pablo Iglesias, tiene que ver con las políticas de vivienda. No en vano, uno de sus grandes apoyos proviene de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya portavocía ejercía hasta hace poco la también mediática, y no menos polémica, Ada Colau.

Así, el apartado 3.7 del programa con el que ha concurrido a las elecciones europeas se titula "Garantía del derecho a una vivienda digna". Su objetivo, en teoría, es garantizar el acceso universal de los residentes españoles a una vivienda, pero para ello los comunistas de Podemos no dudan en violar de forma flagrante otro derecho reconocido expresamente en la Constitución: la propiedad privada.

En concreto, este partido aboga por expropiar de forma masiva viviendas privadas, tanto de bancos e inmobiliarias como de particulares, al tiempo que aboga por aplicar impuestos confiscatorios de forma arbitraria sobre todos aquellos inmuebles que el Estado considere infrautilizados e incluso despenalizar la okupación de pisos.

Además, Podemos defiende el impago de hipotecas en forma de moratorias, condonaciones, quitas y daciones en pago, así como conceder subsidios generalizados para el alquiler, sufragados con el dinero del contribuyente.

Impago hipotecario

El primer bloque de medidas se centra en declarar el impago hipotecario.

  • Moratoria de la deuda hipotecaria sobre primeras viviendas de las familias con dificultades para afrontar el pago de los préstamos.
  • Cancelación inmediata de la misma [deuda hipotecaria] en los casos en que haya prácticas fraudulentas o con probada mala fe por parte de las entidades financieras.
  • La reestructuración de la deuda incluirá la corrección de su valor en función de la corrección del precio de la vivienda hipotecada (en especial en caso de pérdida de su valor), y las letras no superarán el 30% de los ingresos familiares.
  • Establecimiento de mecanismos de condonación de la deuda.
  • Paralización inmediata de todos los desahucios de primeras viviendas y de locales de pequeños empresarios.
  • Dación en pago con carácter retroactivo.

Las dos primeras medidas se traducirían, por tanto, en retrasar sine die el pago de las cuotas de los deudores que el Estado califique como "familias en dificultades" y en condonar por completo la hipoteca en caso de "prácticas fraudulentas" o "probada mala fe" por parte de bancos y cajas.

Sobre este último punto, cabe señalar que tanto Podemos como la PAH acusan al sistema financiero de engañar a casi todas las personas que, libremente, decidieron comprar una vivienda durante la época de burbuja inmobiliaria, en una especie de conspiración urdida por los poderes fácticos empleando como gancho el lema de que "la vivienda nunca baja".

A ello se suma que ambas plataformas entienden por "prácticas fraudulentas" la mera existencia de cláusulas suelo en los contratos hipotecarios (libremente firmados por acreedor y deudor), entre otras condiciones habituales. Así pues, Podemos abriría de par en par la puerta a un impago generalizado.

En tercer lugar, proponen una reestructuración hipotecaria que consistiría en aplicar quitas equivalentes a la caída de precios que ha registrado la vivienda, que, de media, ronda el 40% en España, y en la instauración de nuevos mecanismos de condonación, cuyos criterios no concreta, salvo que las nuevas cuotas no superarían el 30% de los ingresos familiares. Por último, abogan por paralizar los desahucios de primeras viviendas y pequeños locales y aprobar la polémica dación en pago con carácter retroactivo.

Lo que no dice Podemos, sin embargo, es que la combinación de estas medidas afectaría de lleno a la solvencia del sistema financiero -y, por ende, del propio Estado-, a las garantías del mercado hipotecario y, por ello, en última instancia, a las condiciones de financiación del conjunto del sector privado (familias y empresas) y el acceso de la población a una vivienda en propiedad.

España contaba con cerca de 6,5 millones de hipotecas destinadas a la compra de viviendas a cierre de 2013 y una deuda próxima a los 580.000 millones de euros en esta materia. Pese a ello, la morosidad en este ámbito sigue siendo escasa, de apenas el 6%, equivalente a casi 34.600 millones de euros. No en vano, la quiebra de la mayoría de cajas de ahorros, la mitad del sistema financiero español, no responde al impago de hipotecas sino a su elevada exposición al sector promotor e inmobiliario. Es decir, la insolvencia de estas entidades se debió a la quiebra de las empresas dedicadas a construir inmuebles y actividades relacionadas con el ladrillo.

Si se abre la puerta a un impago o a una profunda reestructuración de la deuda hipotecaria, junto con la dación en pago retroactiva, la consecuencia directa sería un aumento muy sustancial de la morosidad, que, pese a ello, no se traduciría en el embargo y posterior liquidación del activo (casas), generando así un enorme boquete en el sistema financiero. Es decir, se pondría en riesgo, una vez más, la estabilidad y solvencia del conjunto de bancos y cajas. Además, cabe recordar que el mercado hipotecario, a través de la emisión de cédulas y bonos, constituye, hoy por hoy, la principal vía de financiación exterior de las entidades españolas, con cerca de 500.000 millones de euros.

¿Resultado? Una nueva crisis bancaria, la necesidad de nuevos rescates (públicos o privados) para salvar los depósitos y el resurgimiento de las tensiones financieras sobre la deuda española, tal y como ha acontecido en los últimos años. Menos créditos e hipotecas mucho más caras serían otros de los negativos efectos de este tipo de políticas.

'Exprópiese' y extensión del "alquiler social"

Pero Podemos va más allá del mercado hipotecario, ya que entra de lleno en la redistribución "social" de viviendas, vulnerando con ello la propiedad privada de muchas familias, empresas y particulares. El segundo paquete de medidas se concreta en los siguientes puntos:

  • Creación de un parque de viviendas públicas y de alquiler social.
  • Incorporación de las viviendas vacías al parque público, gravando con impuestos los inmuebles vacíos no ofrecidos en alquiler social.
  • Acceso preferente al alquiler social para todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social, los jóvenes que abandonan el hogar paterno, madres solteras, mujeres maltratadas y otros colectivos con especial necesidad. La gestión del parque de viviendas tendrá que ser democrática y garantizar la participación ciudadana.

Aquí lo más relevante es que el programa de Podemos defiende la expropiación de todas las viviendas vacías, sin distinción, a diferencia de PSOE e IU que proponen una "expropiación temporal" de los pisos en manos de bancos e inmobiliarias que estén inmersos en un procedimiento de desahucio o la imposición de multas sobre sus pisos vacíos.

La formación de Iglesias, por el contrario, habla de "pisos vacíos" en general, incluyendo los que pertenecen a particulares y al resto de empresas e instituciones. Se trata, por tanto, de una expropiación indirecta de viviendas privadas, ya que, o bien los propietarios les dan uso de forma forzosa (residiendo en ellas o alquilándolas) o pasarán a formar parte de un nuevo "parque público" por que el recibirían una renta ("alquilar social") muy inferior al precio de mercado. Y es que, en caso de no ofrecer sus inmuebles en alquiler social, el propietario sería castigado con el pago de nuevos impuestos sobre dicha vivienda vacía.

No por casualidad, Podemos defiende también la siguiente medida:

  • Actualización de los padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas y para crear un Registro de Viviendas Desocupadas. Adopción de impuestos directos progresivos sobre las viviendas en propiedad que no sean principales y estén infrautilizadas.

'Okupas' y nuevas cargas fiscales

El último bloque dedicado a vivienda se centra en extender el "alquiler social" y crear nuevas cargas a los contribuyentes:

  • Fomento del alquiler frente a la adquisición de propiedad, otorgando subsidios familiares de vivienda en función de la renta.
  • Limitación de las actuaciones administrativas o judiciales a la devolución del uso al legítimo propietario en caso de que dicho inmueble resulte necesario para el uso o sostenimiento de su unidad familiar.

Es decir, Podemos propone subsidiar el alquiler en función del nivel de renta, lo cual se traducirá en una nuevo coste presupuestario, sufragado con el dinero del contribuyente. También aboga por restringir y limitar que el propietario recupere el uso de la vivienda que pone en alquiler.

  • Despenalización de la ocupación por parte de familias o personas en situación de vulnerabilidad o sin techo de viviendas vacías pertenecientes a bancos y cajas intervenidos o rescatados, o de viviendas vacías durante más de un año de inmobiliarias y promotoras.

Ésta es una de las medidas más llamativas, ya que los comunistas proponen legalizar la okupación de las viviendas vacías que pertenezcan a cajas rescatadas o inmobiliarias y promotoras.

  • Consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho básico inalienable, que debe ser garantizado por parte de empresas públicas.

Por último, defiende el suministro estatal de luz, agua y calefacción, en línea con la nacionalización de los "sectores estratégicos" que defiende en otro capítulo de su programa, como es el caso de las compañías energéticas, entre otras grandes empresas.

Esta última medida no implicaría en ningún caso la gratuidad o abaratamiento de dichas facturas, sino que, simplemente, pasarían a ser sufragadas por los contribuyentes mediante el pago de más impuestos, junto con el resto de servicios y empresas públicas.

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