España ya es el país más descentralizado de Europa. Al menos en lo que se refiere a las regiones y a su capacidad de gasto respecto al total de la recaudación de impuestos. Las autonomías españolas gestionan el 32,4% de los ingresos públicos tributarios. Por contra, el Estado sólo dispone del 21,6%. Uno y otro están en los extremos de la clasificación. Ningún otro Gobierno central se queda con tan poco; ninguna de las divisiones territoriales se apropia de tanto (ni siquiera los lander alemanes).
Este lunes, la Comisión Europea publicaba su estudio sobre Tendencias Impositivas en Europa en 2014. Varios datos destacan sobre todos los demás: el primero es el grado de descentralización alcanzado en nuestro país; en segundo término, lo poco, al menos en términos relativos, que se recauda por impuestos indirectos y sobre el consumo; por último, el elevado coste del trabajo en términos fiscales.
Sobre varias de estas cuestiones ha alertado la Comisión Europea en anteriores informes. Se supone que el Gobierno presentará su proyecto de reforma fiscal esta misma semana. Pero no parece que vaya a sumarse a las recomendaciones de Bruselas.
Autonomías e impuestos
Lo primero que llama la atención es la estructura impositiva por nivel de Gobierno. De los 28 países de la UE, ninguno entrega un porcentaje mayor de sus ingresos tributarios a sus regiones. En España, en 2012, el 32,4% de lo que se saca de impuestos se lo gastan las comunidades autónomas. Enfrente, el Estado sólo dispone del 21,6% y los ayuntamientos del 9,9%. El resto es para la Seguridad Social (35,3%) y las instituciones europeas (0,8%).
Es cierto que, en lo que respecta a España, los porcentajes cambian bastante año a año. Por ejemplo, el Gobierno central tiene las siguientes cifras en los últimos cinco años analizados: 31,2% en 2008; 26,7% en 2009; 34,5% en 2010; 29,1% en 2011 y 21,6% en 2012. En esto probablemente, tiene mucho que ver el peculiar sistema de financiación y sus ajustes año a año. Pero incluso así, las regiones españolas están cada ejercicio entre las que más porcentaje de ingresos impositivos tienen en su poder.
Como puede verse en los dos gráficos siguientes, incluso con las cifras de 2010 (34,5% y 18,2), España destaca sobremanera por lo poco que se queda el Estado y lo mucho que las CCAA gestionan. Resulta curioso, además, que gran parte de estos fondos sean transferencias desde el Gobierno central a los regionales. Se consolida así una tendencia de la que han alertado numerosos expertos. Los ejecutivos autonómicos son administraciones de gasto, pero no de ingresos, con todos los incentivos perversos que esto puede generar:
IVA, cotizaciones e IRPF
El informe de la Comisión no habla sólo de quién se gasta los impuestos. También analiza cómo llegan los ingresos de las administraciones públicas. Y en esta cuestión, también España destaca por algunas de sus peculiaridades. Por ejemplo, en lo que hace referencia al IVA y a los ingresos al consumo, nuestro país está en último lugar. El Impuesto sobre el Valor Añadido aporta a las arcas del Estado el equivalente al 5,5% del PIB. Ningún otro país recauda menos.
A cambio, destacamos en lo que hace referencia a los impuestos al trabajo. Por ejemplo, las cuotas a la Seguridad Social que paga el empresario son las quintas más elevadas de la UE. De cada cien euros que un empresario español paga a un empleado con un sueldo medio, sólo 62,8 llegan a la cuenta bancaria del trabajador. El resto (37,2 euros) va a parar a las arcas de Hacienda o la Seguridad Social. Esta cantidad es ligeramente superior a la media de la UE 27 (36,8 euros) y ha mantenido una senda ascendente en la última década (1,4 puntos más desde 2002), al contrario de lo ocurrido en el resto de Europa, donde ha caído en 1,1 puntos.
Es cierto que la presión fiscal en España es inferior a la media europea (32,5% del PIB frente a 39,4% de la UE-28). Pero hay que apuntar que en buena parte esto se debe a la caída de la recaudación por la crisis, el desplome de los beneficios y el paro. En 2007, nuestro país superaba el 37% del PIB de ingresos por impuestos, bastante cerca de la media de la UE.
En cualquier caso, las cifras del estudio podrían ser una guía para la próxima reforma fiscal que prepara el Gobierno. La Comisión y el FMI han pedido en sucesivas ocasiones que España afronte una devaluación fiscal (subiendo impuestos indirectos como el IVA y bajando los directos como el IRPF o o las cotizaciones sociales). Moncloa ha repetido por activa y por pasiva que no tocará el IVA (un tributo muy sensible electoralmente), más allá de alguna reclasificación de productos. En lo que hace referencia al IRPF y las cotizaciones, todo apunta a que la bajada será, en cualquier caso, menor que las sucesivas subidas presenciadas en los últimos años y a las promesas del programa electoral del Gobierno.