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Instituciones canarias amenazaron a los pescadores de Las Palmas para que rechazaran las prospecciones

La federación de pescadores de Las Palmas denunció en una carta fuertes presiones de instituciones canarias para retirar su apoyo a las prospecciones.

Después de trece años, los sondeos en la costa española de Canarias podrían dar finalmente comienzo en unas semanas. Así lo ha anunciado el ministro de Industria, José Manuel Soria quien ha apuntado que "en los próximos meses" darán comienzo las catas operadas por Repsol a unos 60 kilómetros de la costa este de Fuerteventura.

El reciente fallo del Tribunal Supremo dando el visto bueno al inicio de las prospecciones ha provocado las iras de los diferentes colectivos que se oponen a la exploración.

Grupos ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción mantienen que las prospecciones pueden afectar al "pulmón del Atlántico". Una coordinadora canaria contra las catas ha acusado al Supremo de servir a los intereses de Repsol y el Cabildo de Lanzarote ha advertido de que no se quedará "de brazos cruzados" ante el inicio de las exploraciones.

Una coordinada respuesta del lobby antiprospecciones en Canarias que llama la atención, más cuando hace un par de años (mayo de 2012) el propio Gobierno canario se ofrecía en Houston como "líderes en ventajas competitivas para la expansión de la industria extractiva en el África occidental y central del Atlántico".

También llama la atención la beligerancia de las instituciones canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, cuando Coalición Canaria (CC) y en concreto Paulino Rivero apoyó sin fisuras en 2001 el proceso administrativo para poner en marcha la exploración del suelo oceánico cercano a las islas Canarias en búsqueda de petróleo. En aquel momento, CC llegó a decir que "el turismo contamina más que cualquier vertido de crudo".

Presiones a los pescadores

Una serie de documentos oficiales dados a conocer en medios canarios ofrecen algunas explicaciones a este comportamiento. Tal y como ha podido contrastar este periódico, la Oficina de Acción Global contra las Prospecciones, dirigida por el ecologista Ezequiel Navío y financiada por el Cabildo de Lanzarote, lleva dos años ejerciendo de lobby antiprospecciones con acciones como coacciones y amenazas a todo colectivo que no abrace la bandera antipetróleo.

Literalmente, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas, Gabriel Jiménez Cruz, informó en una misiva enviada el pasado 3 de abril al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de que "debido al elevado nivel de politización del tema, algunos compañeros han sido amenazados con quitarle las subvenciones asignadas a las cofradías que representan si no realizaban declaración en contra de dichas prospecciones" y que por eso varias cofradías habían cambiado de opinión.

Carta de la federación de pescadores de Las Palmas al Ministerio de Agricultura en la que dan parte de las presiones recibidas por parte de los pescadores para cambiar de opinión | LD

En una entrevista el pasado 14 de abril en la radio autonómica de Canarias (Canarias Radio), en el programa Buenos Días Canarias. el pasado 14 de abril, el propio presidente de la Federación de Cofradías, Gabriel Jiménez Cruz, tuvo un encontronazo dialéctico con Fernando Ríos, hombre de confianza de Paulino Rivero en su campaña antiprospecciones y con cargo en el Gobierno de Canarias (Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales). Fernando Ríos defendía que "21 de las 26 cofradías" estaban en contra de las catas. Entonces, Jiménez Cruz aclaró: "Claro, porque cuando las personas amenazan, la gente cambia de opinión, querido amigo".

Dos días después de aquella entrevista, la versión de Gabriel Jiménez fue sostenida por el vicepatrón de la cofradía de pescadores de San Ginés en Lanzarote, Cristóbal Olivero. Según comentó a medios locales como Lanzelotdigital.com los pescadores fueron presionados, primero por la entonces consejera de pesca del Cabildo de Lanzarote, Mónica Álvarez y luego por el director de la oficina de acción global, dependiente también del cabildo conejero, Ezequiel Navío.

Así fueron las presiones

A principios de 2013 las cofradías de pescadores de la provincia de Las Palmas fueron convocadas a una reunión por la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores. El objetivo del encuentro no era otro que pronunciarse sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias ya que el Ministerio de Agricultura deseaba conocer su postura e inquietudes en el asunto. En aquella reunión el 80% de las cofradías se pronunciaron a favor. En aquella reunión arrancó el vía crucis que los pescadores han sufrido desde entonces.

Pocos días después de aquella reunión, y tras un encuentro con la Comisión Europea de Pesca en Arrecife la entonces consejera de pesca del cabildo, Mónica Álvarez, pidió a los pescadores presentes que se quedaran un momento con ellos. Allí les dijo que "no éramos nadie para opinar a favor o en contra del petróleo porque no teníamos información", según relató Cristóbal Olivero. Después fue cuando llegó la carta de Ezequiel Navío desde la Oficina de Acción contra las Prospecciones, dependiente del Cabildo de Lanzarote.

También presionó, según Olivero, "el Cabildo de Fuerteventura" mediante un escrito en el que le pedía que se desvincularan de la Federación de la Cofradía de las Palmas, a lo que se negaron. Después llegó un escrito desde la isla de El Hierro de Fernando Gutiérrez "diciendo que había venido a Lanzarote, que se había reunido con las cofradías y que todos estábamos en contra del petróleo. Pero no se reunió con ninguna cofradía en Lanzazrote", seguía Olivero.

Finalmente, las presiones hicieron su efecto y el propio vicepatrón de la cofradía de San Ginés reconocía que ante la perspectiva de perjudicar a los pescadores por mantener la postura a favor del petróleo "pues dijimos que no" porque "hasta que no lo dijimos, hubo muchos problemas".

En cualquier caso, tanto el vicepatrón de San Ginés, Cristóbal Olivero, como el presidente de la Federación de Cofradías de Las Palmas, Gabriel Jiménez, han señalado que ni el Gobierno de Canarias ni el del cabildo de Fuerteventura amenazaron con retirar las subvenciones en caso de no cambiar de opinión.

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