El consejero delegado de Iberpotash, José Antonio Martínez Álamo, ha anunciado este martes que han congelado por ahora la segunda parte del plan Phoenix, que comportaba una inversión adicional de 270 millones de euros en Cataluña, hasta "valorar" la última sentencia en su contra del Tribunal Supremo.
En un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de Barcelona, Martínez Álamo ha advertido de que la "inseguridad jurídica" que existe en Cataluña para las inversiones de esta empresa minera "no se puede mantener", y ha alertado de que esta falta de seguridad jurídica "es lo peor que le puede pasar a un país".
Así se ha referido a la sentencia del Supremo que obligará a esta compañía, propiedad de la multinacional israelí ICL, a presentar un plan de restauración para el espacio que ahora ocupa la montaña de sal del Cogulló, en Sallent (Barcelona).
Martínez Álamo se ha quejado de que Iberpotash haya cumplido con todos los requisitos exigidos por las administraciones y luego "unos jueces modifiquen lo que era legal" y creen unas "nuevas reglas del juego".
Los orígenes del conflicto
En particular, la Generalidad impuso en 2008 una primera fianza a Iberpotash para la restauración de la montaña de sal del Cogulló por un importe de 585.153 euros, pero recientemente, después de ver la sentencia del TSJC, la Generalidad la acabó fijando en los 6,9 millones.
"Esto es grave. Cumplimos las sentencias, pero este tipo de comportamientos en nuestro país no son buenos ni para nosotros ni para nadie que quiera hacer proyectos de este tipo", ha alertado Martínez Álamo, que también ha aprovechado para denunciar que tras la investigación abierta por la Comisión Europea a España por una mala aplicación de la directiva de residuos está la competencia de Iberpotash.
La sentencia del Supremo desestima los argumentos de Iberpotash y da la razón a Sebastià Estradé, un vecino de Sallent (Barcelona) que en mayo de 2013 anunció una denuncia contra España ante la Comisión Europea por la "inactividad" de la Generalidad frente a los "incumplimientos medioambientales" de Iberpotash en la actividad de extracción de potasa.
La sentencia del Supremo avala el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en octubre de 2011 dictaminó que la Generalidad debía exigir a Iberpotash un programa de restauración de la escombrera de El Cogulló equivalente al plan previsto a partir de 2035, fecha inicialmente señalada para el cese de la actividad minera.
El TSJC también reclamó a la Generalidad que impusiera a la empresa una nueva fianza proporcional a esa escombrera, que tiene un tamaño similar a la montaña del Tibidabo de Barcelona, con el fin de dar respuesta a la restauración definitiva en su momento.
"O lo solucionan o este país tendrá un grave problema de credibilidad y todos pagaremos las consecuencias", ha advertido Martínez Álamo en alusión a la sentencia del Supremo.
En su conjunto, el plan Phoenix, que consiste en el desarrollo industrial de la cuenca minera de la comarca del Bages (Barcelona) comporta una inversión de unos 800 millones hasta 2020 en Cataluña y es una de las principales inversiones industriales en marcha en España.
En cuanto a la preocupación medioambiental de la compañía, Martínez Álamo ha asegurado que el reciente acuerdo sellado con la compañía holandesa Azko Nobel para producir y comercializar la sal extraída de Súria (Barcelona) permitirá reducir "progresivamente" la dimensión de depósitos salinos como el del Cogulló.
La intención de Iberpotash, según Martínez Álamo, es que no quede "ni un gramo de sal en las montañas" del Bages y ha subrayado que "ni un gramo de sal va a parar a los ríos".
Martínez Álamo ha denunciado que tras los conflictos judiciales en que está inmersa Iberpotash está su competencia.
"El plan Phoenix ha despertado verdaderas pasiones malintencionadas en la competencia internacional, que no ha dudado en usar todas las vías posibles para intentar retrasarlo", ha asegurado durante una conferencia que han escuchado dirigentes empresariales como el presidente de Foment, Joaquim Gay de Montellà, o el presidente de la Cámara, Miquel Valls.
El directivo, que también preside ICL Iberia, ha advertido de la urgencia del Corredor Ferroviario Mediterráneo para ayudar a transportar la potasa y la sal de alta calidad producidas en esa comarca de Barcelona.