La Generalidad de Cataluña aprobó ayer el proyecto de ley que creará un impuesto sobre las viviendas vacías. La tasa gravará con entre 850 y 1.650 euros los pisos vacíos y se prevé que afecte a 15.000 casas en manos de entidades financieras de los 72 municipios catalanes con más demanda.
El consejero de Territorio, Santi Vila, ha destacado que con la aprobación de este proyecto cumplen con su compromiso de dinamizar el parque de viviendas catalán, ya que ha admitido que la situación sigue siendo de "extrema dificultad".
Ha destacado que, antes de su aprobación, la medida ya ha tenido su "efecto positivo" al facilitar un acuerdo entre la Generalidad y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de Reestructuración Bancaria (Sareb), Catalunya Caixa y Bankia para que les cedan 600, 400 y 200 viviendas respectivamente durante un periodo de 4 ó 5 años, ya que la ley prevé bonificaciones a las entidades que suscriban acuerdos con la administración.
Concretamente, si el titular destina del 5 al 10% de sus casas a vivienda asequible, recibirá una bonificación del 10% de la cuota, y como máximo, la bonificación del 100% será para cuando se destinen a alquiler social más del doble de viviendas vacías que estén sujetas al impuesto.
Según Vila, se trata de "poner a disposición de la ciudadanía un parque de viviendas nuevo y vacío en municipios que tienen demanda contrastada", en casos que las casas llevan más de dos años fuera del mercado sin causa justificada y que son propiedad de bancos, ya ha constatado que actualmente hay 80.000 viviendas vacías en Cataluña.
El consejero ha asegurado que este impuesto "sin ánimo recaudatorio" en ningún caso afectará a propietarios particulares, entidades del mundo local y del tercer sector, y que el proyecto ahora irá al Parlamento para su tramitación.
Alquiler social
El Gobierno también ha puesto en marcha un plan piloto para poner al mercado pisos vacíos de particulares incentivando que los cedan por seis años a la Generalidad para alquiler social a cambio de trabajos de reforma y adecuación.
Según ha explicado Vila, se trata de "incentivar a los propietarios que cedan sus pisos durante seis años para ponerlo en régimen de alquiler" a cambio de obras de rehabilitación por parte de la administración hasta 12.000 euros.
El consejero ha explicado que destinarán 2,5 millones de euros a esta experiencia piloto que "puede beneficiar a 200 viviendas" y que si funciona podría ampliarse en los próximos años.
Con este plan se quiere ayudar a los propietarios que no pueden mantener sus viviendas ni rehabilitarlas pero que quieren mantener la propiedad y poner en el mercado pisos vacíos obteniendo más viviendas para políticas sociales.