En los años 80, uno de los economistas más importantes e influyentes de la historia, Milton Friedman, junto a otros prestigiosos catedráticos, puso en marcha un profundo estudio sobre la libertad económica en nuestro planeta. Desde entonces, el índice de Libertad Económica en el Mundo evalúa el grado de ajuste de las instituciones y las políticas de una país al ideal de una economía libre.
En España, la publicación se edita por séptimo año consecutivo patrocinada por el Cato Institute, el Fraser Institute, elEconomista y miembros de la extensa Red de Libertad Económica. El estudio se estructura en cinco apartados fundamentales: tamaño del Estado, sistema jurídico y derechos de propiedad, moneda sana, libertad de comercio internacional y regulación. Dentro de cada uno de los cinco apartados analizados hay una serie de subapartados en los que se puntúa la situación del país del 1 al 10.
El estudio analiza 152 países en todos estos ámbitos con Hong Kong (8,97), Singapur (8,73) y Nueva Zelanda (8,49) como los más valorados. En el lado contrario de la tabla se sitúa Venezuela, el peor valorado y no es de extrañar después de años de gobiernos populistas (3,93), seguido de Myanmar (4,08) y la República del Congo (4,57).
El índice, basado en datos del año 2011, sitúa a España en el puesto 32, una posición intermedia con una puntuación de un 7'53, un notable que muchos pueden considerar como más que positivo. Sin embargo, con estos resultados nuestro país se sitúa por debajo de la media de la OCDE, según ha destacado durante la presentación del informe Lorenzo Bernaldo de Quirós, académico del Cato Institute, y por debajo de países como Perú, Estonia o Qatar.
Según señala Quirós, y se puede apreciar al analizar los resultados del índice, el tamaño del estado y la regulación de los mercados siguen siendo los puntos flacos de nuestra economía. Así, el experto recomienda "adelgazar el tamaño del Estado". No obstante, hay que destacar que España ha mejorado en 2011 con respecto al año anterior pasando de una valoración del 7,35 al 7,53 y de la posición 43 a 32.
España consiguió su puntuación más elevada en el año 2005 con un 7,63 y el puesto 21 a nivel mundial. También hay que poner de manifiesto que la antigüedad de los datos de este tipo de índices simplemente nos invitan a reflejar un pequeño cuadro resumen de la situación global pero no nos permiten ver, por ejemplo, el efecto de las reformas llevadas a cabo en estos últimos años.
Un gran Estado
Aunque España aprueba en este primer apartado del índice con un 6'15, los expertos siguen insistiendo en que el tamaño del sector público es demasiado elevado lo que no contribuye a la libertad económica. Pese a la crisis, en los últimos ejercicios económicos el gasto público no ha parado de crecer aumentando, con respecto al gasto de las personas y empresas que ha estado prácticamente estancado. Este aumento del gasto público con respecto al privado hace, según los expertos, que se sustituya la elección individual por las decisiones gubernamentales, reduciendo así la libertad económica.
Otro dato a tener en cuenta, puesto de manifiesto en numerosas ocasiones en este periódico, es el elevado número de empleados públicos en nuestro país. No obstante, dentro del índice no se refleja específicamente el peso del empleo público en el tamaño del Estado pero hay que tener en cuenta el número de funcionarios de alto nivel en nuestro país, bastante inferior que en otras economías, y el elevado número de empleados o trabajadores públicos que no son funcionarios muy superior al de otras economías siendo esta dicotomía la que crea ineficiencias. Además, pese a la crisis el empleo público no ha dejado de crecer. De hecho, el cambio de la EPA de hace unos meses afloró 114.000 nuevos funcionarios.
El consumo público es el aspecto en el que peor parados salimos dentro del tamaño del sector público con una puntuación de un 4. Según explica el informe, si el consumo público representa la mayor parte del consumo total la elección individual se sustituye por la gubernamental. España también suspende en el apartado de transferencias y subsidios como porcentaje del PIB. Tanto el consumo del estado como las transferencias son consideradas por los autores del índice como factores que determinan el tamaño del Estado y que limitan las decisiones individuales y libre de los ciudadanos.
Así, en cuanto a las transferencias, estiman que si el Gobierno grava mediante impuestos a una parte de la población para realizar transferencias a otras está reduciendo la capacidad de las primeras de controlar sus ganancias. En estos dos apartados, Hong Kong, el país con mayor libertad económica según el índice, se eleva a más de 8. Pero si nos vamos a un país como Perú nos supera en más de un punto.
Regulación ineficaz
Otra de las asignaturas pendientes de nuestra economía, destacada por infinidad de organismos nacionales e internacionales, es el exceso de regulación, normativa y burocracia para hacer negocios. De hecho, la peor nota que ostenta la economía española es en el apartado de regulaciones administrativas, es decir, la normativa que restringe la entrada al mercado y limita la competencia, con una valoración por debajo del 3.
En este aspecto, durante la presentación del informe, el presidente de la patronal CEOE ha pedido al gobierno una regulación más sencilla, simple y estable ya que "no puede ser que cada año, por ejemplo en el IRPF haya más de 60 cambios por lo que deberíamos llegar a un acuerdo entre todos para que cada vez que llega un gobierno nuevo no pueda cambiar todo".
Por ello, Juan Rosell ha denunciado que una economía con más de 170.000 leyes diferentes, creando cada año más de 3.000 a nivel estatal y 10.000 a nivel autonómico como la nuestra se convierte en un auténtico "galimatías legal" para los ciudadanos.
Mercado laboral
Dentro del área de regulación destaca la concerniente al mercado laboral en la que la economía española suspende en la mayoría de los apartados como en la regulación de la contratación y del despido. No obstante, hay que tener en cuenta que los datos son de 2011 por lo que no se tienen en cuenta los cambios normativos tras la reforma laboral del actual Gobierno.
El indicador del mercado de trabajo que valora el índice mide ciertas ineficiencias económicas, según los autores, como los tipos de regulación del mercado de trabajo que vulneren la libertad económica de las empresas y los trabajadores, los salarios mínimos, la regulación del despido, la fijación centralizada de salarios o el servicio militar obligatorio. Para tener una imagen más clara de la situación actual del mercado laboral habrá que esperar a los próximos índices de libertad económica mundial para conocer el alcance real en este sentido de la reforma laboral.