Que el sector público empresarial de las autonomías apenas haya menguado un 10% durante la crisis y que las Administraciones regionales hayan creado 34 impuestos nuevos y subido otros 84 desde 2012 pone de manifiesto hasta qué punto la promesa electoral del PP de llevar a cabo una "profunda reforma del sistema autonómico" se la ha llevado, como a tantas otras, el viento.
Aquella promesa electoral, expuesta por el señor González Pons ante los micrófonos de esRadio en septiembre de 2011, parecía hacerse eco de dos exhaustivos estudios dedicados a la cuestión y publicados meses antes por la Fundación Progreso y Democracia y por la propia fundación del PP, FAES: El coste del Estado autonómico, publicado en abril de 2010 y que denunciaba cómo las autonomías despilfarraban nada menos que 26.000 millones de euros tan sólo en gasto corriente y de personal, y Por un Estado autonómico racional y viable, en el que también se denunciaba muy severamente la insostenibilidad del actual modelo.
Pues bien, a pesar de esa promesa y de esos dos encomiables análisis, que bien podían constituir una guía para hacerla realidad, Rajoy no quiso saber nada de una reforma del sector público, en general, y del modelo autonómico, muy en particular. En lugar de ello, como es bien sabido, inició uno de los mayores incrementos de la presión fiscal de nuestra historia, incumpliendo con ello otro de sus compromisos electorales.
Sólo a finales de 2012 Soraya Sáenz de Santamaría pareció acordarse de esa promesa de adelgazamiento y supresión de duplicidades y despilfarradores organismos públicos. Pero no para anunciar la inmediata ejecución de programa de reforma alguno, sino la creación de un comité de expertos y de una "Comisión para la Reforma de la Administración Pública" en la que ya no se hacía mención expresa del disfuncional y despilfarrador modelo autonómico.
En junio del 2013 la vicepresidenta anunciaba, por fin, el informe de la comisión de marras, que incluía 200 medidas para tratar de abaratar y mejorar el funcionamiento de la Administración y en el que, ciertamente, había mucho ruido y pocas nueces. Los Gobiernos autonómicos tardaron bien poco en hacer público que harían caso omiso de sus recomendaciones, como efectivamente así ha sido, por mucho que el Ejecutivo lo disimulara a inicios de este año mostrando su satisfacción por la escasísima supresión de empresas, consorcios, fundaciones, agencias y demás chiringuitos que constituyen la innecesaria Administración paralela" de las autonomías.
Por mucho que el Gobierno de Rajoy disimule su pasividad mostrando su satisfacción por el grado de cumplimiento con el que las CCAA están atendiendo tanto los objetivos de "reordenación del sector público" como sus limites de déficit, dicho cumplimiento constituye una radical falsedad y es una de las principales razones por las que el Gobierno va camino de incumplir otro de sus más sonados compromisos: dejar en herencia una deuda pública menos abultada que la que heredó del Gobierno anterior. Y es que, aunque parezca imposible, Rajoy ya ha superado a Zapatero en este punto: nos ha endeudado más en menos tiempo.
Luego no se extrañe nadie de la tardanza y la fragilidad de la recuperación económica.