Esta semana hemos conocido que las Comunidades Autónomas han aprobado 84 subidas de impuestos entre 2012 y 2013, pero semejante aumento no fue suficiente para evitar un desplome de la recaudación derivada de los tributos regionales.
Semejante tsunami fiscal no cogerá por sorpresa a quienes siguen desde hace años este tipo de informaciones. De hecho, si ampliamos el campo de estudio para considerar también el año 2011, llegamos a una cifra aún más escalofriante, ya que las autonomías han subido más de 120 veces los impuestos desde entonces hasta 2014.
La creatividad de los legisladores regionales para generar nuevos ingresos fiscales es arrolladora. No en vano, en 2013 conocimos que las Comunidades Autónomas han creado 42 nuevos tributos a lo largo de la crisis, lanzando nuevos gravámenes que se aplican a todo tipo de actividades económicas. En total, la CEOE calcula que hay 100 gravámenes propios ligados a las Haciendas autonómicas, si bien la recaudación que generan no llega al 2% de los ingresos tributarios regionales.
Sin embargo, el Gobierno central no se ha comportado de forma muy distinta. En círculos empresariales se habla ya de las "50 Sombras de Brey" para referirse al medio centenar de medidas con las que, directa e indirectamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha revisado al alza la factura tributaria que pagan las sociedades españolas. A esto se unen las múltiples subidas de impuestos aprobadas bajo Gobierno de Rodríguez Zapatero: IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA, Impuestos Especiales…
A nivel local, el escenario tampoco es mucho más favorable para los contribuyentes. El caso más sangrante es el Impuesto de Bienes Inmuebles, un tributo cuya recaudación no ha caído en ninguno de los años de la crisis.
De hecho, el esfuerzo de los contribuyentes para el pago de este gravamen no ha parado de crecer: si en 2008 suponía 8.352 millones, los últimos datos disponibles (2012) elevan esta cifra hasta casi 12.000 millones. Hablamos de un aumento del 53% en apenas un lustro.
Hay regiones en las que las alzas del IBI han sido especialmente drásticas. Los municipios andaluces están a la cabeza, ya que ingresan por este concepto una cantidad equivalente al 1,49% del PIB regional, o lo que es lo mismo 2.100 millones de euros. El segundo lugar lo ocupa la Comunidad Valenciana, con un podio completado por Murcia, donde las subidas del IBI en los Ayuntamientos suponen, de media, un crecimiento del 66%.
Presión fiscal y esfuerzo fiscal
Cuando se analiza la recaudación total de las Administraciones Españolas en comparación con el PIB, vemos que la presión fiscal española se coloca por debajo de la media europea. Esto no significa necesariamente que España sea un país de impuestos bajos, ya que el resto del Viejo Continente se caracteriza precisamente por extraer un alto nivel de rentas del bolsillo de los ciudadanos.
No obstante, la variable clave para analizar la incidencia de los impuestos en el bolsillo de los españoles no es la presión fiscal (recaudación sobre PIB), sino el esfuerzo fiscal (pago efectivo de impuestos sobre la renta de las personas físicas o los beneficios empresariales). Es aquí donde comprobamos que España se coloca a la cabeza de Europa, superando la media continental en un 20%.
¿Cómo se explica entonces que la recaudación total, medida por la presión fiscal, suponga un porcentaje más bajo sobre el PIB? La razón estriba en la estrechez de la base de contribuyentes. Con un paro superior al 25% y miles de empresas quebradas, el esfuerzo fiscal crece enormemente porque quienes cargan con el grueso de la recaudación son cada vez menos personas, mientras que el gasto público que se quiere financiar vía impuestos o deuda no se ha reducido durante la crisis, sino que ha aumentado.
Por tanto, el particular infierno fiscal de España se caracteriza porque un número cada vez más pequeño de contribuyentes (empresas y trabajadores) soporta un nivel de imposición cada vez más alto.