El Gobierno acaba de dar un paso más hacia la liberalización parcial de los cursillos de formación, que, hasta hace poco, era un coto exclusivo de patronal y sindicatos para el reparto indiscriminado de subvenciones en el ámbito de las políticas activas de empleo, con los nefastos resultados conocidos por todos, más allá de los bochornosos escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses, especialmente en Andalucía.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la convocatoria para financiar la formación a ocupados de 2014 y el próximo viernes saldrá a la luz la partida de los cursos destinados a jóvenes menores de 30 años. En total, algo más de 180 millones de euros, de los que la mitad estarán abiertos a la libre concurrencia de todo tipo de centros privados, frente al tercio que se repartió en las convocatorias de 2012 y 2013. Además, por primera vez, patronal y sindicatos no serán miembros del órgano que adjudica las ayudas a las que ellos mismos optan.
Se trata, pues, de un avance positivo, ya que el Ministerio de Empleo permite una mayor competencia a la hora de ofrecer este tipo de cursillos, acabando así con el tradicional monopolio protagonizado por CEOE, UGT y CCOO. De hecho, el objetivo es que a partir del 1 de enero de 2015, cuando entre en vigor el nuevo sistema de formación profesional, el 100% de estas subvenciones se sometan a la libre concurrencia. Por otro lado, el Ejecutivo también ha introducido ciertas medidas para prevenir el fraude y el desvío de estos fondos públicos, tras largos años de opacidad y absoluta impunidad frente a las numerosas irregularidades cometidas en este campo.
Sin embargo, la apertura a la competencia y el mayor control administrativo sobre la gestión de dichas partidas, siendo bienvenidas, resultan manifiestamente insuficientes para solventar de raíz las graves y profundas deficiencias que presenta el sistema de formación en España. A saber, por un lado, la extensa corrupción institucional instalada en este campo y, por otro, la inutilidad e ineficacia de buena parte de estos cursos para mejorar las habilidades del trabajador y facilitar la búsqueda de empleo a los parados. En este sentido, cabe señalar que el presupuesto destinado a formación laboral ronda los 2.000 millones de euros, y no los escasos 180 millones a los que se refiere el anuncio de hoy, con lo que la pretendida competencia es, en realidad, muy limitada.
Pero, aunque todos los centros pudieran concurrir libremente a todas y cada una de estas subvenciones, el problema de fondo es que seguiría tratándose de una liberalización a medias, ya que el diseño y la orientación básica del sistema seguirá en manos del poder político. Además, la reforma de la formación servirá de poco si no se cambia de arriba a abajo la estructura misma de las políticas activas de empleo, cuyo fin es facilitar la reincorporación de los parados al mercado laboral. En este sentido, España debería imitar los exitosos modelos que han puesto en marcha numerosos países de la UE, en donde los servicios de formación y recolocación están en manos de empresas privadas, pero financiados por la Administración Pública.
Dinamarca y su flexiseguridad es un buen ejemplo de ello. La enorme libertad de la que disfruta su mercado laboral se combina con una elevada protección social en caso de paro, que, sin embargo, conlleva una serie de obligaciones para los beneficiarios, como el seguimiento de un itinerario personalizado para buscar empleo, la realización de cursos obligatorios y, en última instancia, la aceptación de los puestos ofrecidos por las agencias para lograr una ágil y eficaz reincorporación al mercado de trabajo. Es decir, un sistema en el que, gracias a la gestión privada de los servicios de formación y colocación, se incentiva la capacitación y empleabilidad del conjunto de los trabajadores y, muy especialmente, de los parados. Justo lo contrario de lo que sucede en España, donde los Servicios Públicos de Empleo son meros administradores de prestaciones públicas, con nula capacidad para ofertar puestos de trabajo, y los cursillos de formación son una completa pérdida de tiempo y dinero para mejorar las habilidades en materia laboral, además de constituir un caldo de cultivo idóneo para el fraude, la financiación ilegal y el enriquecimiento ilícito de patronales, sindicatos y políticos.