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Los deudores podrán recurrir un desahucio

El ministerio de Economía se adapta así al ordenamiento jurídico una sentencia reciente del tribunal de justicia de Luxemburgo.

La nueva ley concursal aprobada este viernes por el Gobierno otorga a los deudores hipotecarios la posibilidad de recurrir una sentencia de desahucio siempre que ésta esté fundada en cláusulas abusivas.

Según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con ello se permite que deudores y acreedores cuenten "con las mismas posibilidades", ya que hasta ahora los acreedores sí podían recurrir.

Con ello, según un comunicado del Ministerio de Economía, se adapta al ordenamiento jurídico una sentencia reciente del tribunal de justicia de Luxemburgo en lo relativo al recurso de apelación de las sentencias hipotecarias.

Esta modificación se ha incluido en el real decreto ley sobre medidas urgentes en materia concursal que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, y también prevé un plazo de un mes en aquellos casos en los que hubiera vencido el tiempo para recurrir una sentencia desfavorable al deudor.

La nueva normativa también Gobierno extenderá los efectos del convenio a los acreedores "disidentes" que no se hayan sumado a este, siempre que se superen unos determinados porcentajes de adhesión. Esta nueva norma afectará también a los acreedores considerados privilegiados, que se clasifican en cuatro categorías: laborales, públicos (Hacienda, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos), financieros o el resto.

Estos acreedores públicos mantienen su derecho de cobro preferente en los concursos de acreedores, aunque un acreedor público podrá ser arrastrado al convenio general si así lo decide el 75 % de todos los acreedores públicos implicados.

El real decreto completa las medidas implantadas para la fase preconcursal, con el mismo objetivo de "facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de empresas" en concurso y evitar así su liquidación.

La normativa también persigue "dar solución a algunas carencias y problemas detectados en la fase concursal", que han provocado que el pasado año el 95 % de las empresas en concurso de acreedores acabaran en liquidación, según Economía.


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