Como era de esperar, la modificación de la Ley de Abastecimiento y la aprobación para la Ley del pago soberano de la deuda prosiguen su camino al Congreso tras su aprobación en el Senado, al tener la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mayoría en ambas Cámaras. Ante el respaldo dado por la Cámara Alta en la madrugada del jueves a las propuestas de la coalición de gobierno Frente para la Victoria, los opositores buscan ahora mecanismos que impidan a la presidenta llevar a cabo sus planes.
El conocido como Grupo de los seis (G-6), que representa a los sectores empresariales del país -(Unión Industrial Argentina, Cámaras de Comercio, Construcción, Bolsa, Sociedad Rural y Asociación de Bancos Argentinos)-, ya ha anunciado que acudirá a la Justicia para que la Ley de Abastecimiento sea declarada inconstitucional.
El G-6 ha anunciado "su irrevocable voluntad" de ampararse en el Poder Judicial, ante una norma que permite al Estado incautar, consignar, y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación, sancionar el acaparamiento de materias primas o falta de continuidad en el abastecimiento y producción. Además de otorgar poderes tales como fijar volúmenes de producción, márgenes de utilidad, incautar documentación comercial o clausurar empresas de forma preventiva sin necesidad de intervención judicial.
"Hemos hecho un estudio legal hasta llegar a un dictamen: atenta contra la división de poderes. El poder Ejecutivo no necesita el aval del Poder Judicial. Por lo tanto, es una norma de naturaleza anticonstitucional", resalta a Libre Mercado Ignacio Mendiguren, vicepresidente de la Unión de Industriales de la Argentina (UIA).
Estamos ante "una ley que se mete en la cadena de valor en la que un gobernador fija los precios. En la norma se dice hay que interpretar un precio justo ¿Qué es un precio justo? Obliga también a tener stocks adecuados ¿Cuál es el stock adecuado?", se preguntaba el vicepresidente de la UIA.
No pocos son en Argentina los que sacan paralelismos entre la ley de Kirchner y las políticas económicas instauradas hace una década por Hugo Chávez.
"Es un proyecto que ha fracasado en Venezuela y que claramente tiene problemas con respecto a nuestra Constitución y nuestro sistema jurídico", declara en el Senado a LM Sergio Massa, candidato presidencial por Frente Renovador. "Lo más preocupante es que vemos cómo la negación de los problemas como la inflación y la inseguridad se produce por la imposibilidad de afrontarlos y de resolverlos", sentenció.
Ley del pago soberano de la deuda
Mismo argumento esgrime la prensa crítica al oficialismo en relación con el proyecto de ley para el cambio de jurisdicción de los bonos de los canjes 2005 y 2010, que ve, en su aprobación, una huída hacia adelante. Al documento anunciado por la presidenta Kirchner hace apenas dos semanas, que tiene como objetivo sustituir como agente fiduciario al Banco New York Mellon por Nación Fideicomisos S.A para eludir el bloqueo del juez Thomas Griesa, hay que añadirle dos incorporaciones de la oposición.
La primera fue aportada por la coalición Frente Renovador, en donde se propone añadir a Francia como plaza de cobro, en la que a través de un canje los bonistas, ahora bajo legislación estadounidense, elijan voluntariamente ser supervisados por la norma francesa. La segunda incorporación fue aportada por Unión Cívica Radical, en donde se creará una comisión permanente para investigar el origen de la deuda externa desde 1976.
Antes del 30 de septiembre
A pesar de la celeridad en aprobar la norma en el Senado, al ser la próxima obligación de pago con los bonistas este 30 de septiembre, las dudas sobre de la viabilidad de la ley siguen en el aire.
Desde los sectores afines a cambiar de jurisdicción, aún no pueden asegurar si el nuevo canje posibilitaría la activación de la cláusula de aceleración -figura financiera que al extinguirse unilateralmente el bono da derecho al acreedor a reclamar todo lo que iba a cobrar durante años en un único pago- o si bien el mínimo legal del 85% de bonistas para el cambio de jurisdicción se cumplirá.
"Basándonos en los estatutos que administran los bonos, claramente hay más posibilidades de que haya una aceptación con la propuesta que hemos planteado", se excusaba Massa ante las dudas que suscita su apuesta por Francia.
Por su parte, representantes legales de los holdouts (fondos buitres) ya han manifestado estar trabajando en frustrar "el mecanismo para evadir los fallos de la Justicia norteamericana".
En declaraciones al diario La Nación, el abogado Robert Cohen de NML Elliot -uno de los fondos acreedores- aseguró que harán "todo lo que sea posible" para impedir los planes de la Casa Rosada, dando por hecho que "muy pronto el juez Thomas Griesa declarará a Argentina en desacato y eso es lo peor que le puede pasar a un país ante el sistema judicial norteamericano".
La próxima cita concretada por el juez Griesa está prevista para el 10 de septiembre, en donde se conocerá si el letrado aceptará declarar a Argentina en desacato o si de lo contrario concederá más tiempo para posibilitar un acuerdo.
¿Por qué cambiar la jurisdicción?
La entrada de Argentina en default se produjo al no poder abonar la cuota periódica a los bonistas del canje de 2005 y 2010 debido al bloqueo de 532 millones de dólares ordenado por el juez Griesa.
El juez tomó esta medida de presión para forzar al Ejecutivo de Kirchner a cumplir la sentencia decretada en 2012, por la cual se obliga a cumplir primero con el pago del 100% de la deuda con los bonistas que no se adhirieron a ninguno de los canjes, antes que con el resto de acreedores que sí aceptaron las quitas de 2005 y 2010.
El problema, según alega Buenos Aires, estriba en que los acuerdos de reestructuración de deuda están sujetos a condiciones para evitar que los bonistas que sí aceptaron la quita obtuvieran peores condiciones que aquellos que se mantuvieran fuera.
En dichos acuerdos de reestructuración, donde el 92,4% de los acreedores aceptaron una quita del 67%, se estableció mediante la llamada Cláusula RUFO la obligación de igualar a todos los bonistas cualquier oferta con una quita menor a la mencionada.
De tal forma que, si Argentina paga los 1.600 millones de dólares (1.330 + intereses) que adeuda a los holdouts (el 7,6% de los bonistas), también debería igualar el pago del 100% del valor del bono al resto de bonistas que sí entraron en los canjes (el 92,4% de los bonistas restantes). Esto supondría un montante a pagar de 120.000 millones de dólares.
Sin embargo, el Gobierno de Kirchner olvida que las cláusulas RUFO sólo se activan en caso de que la oferta de mejora a los holdouts sea una oferta voluntaria por parte de Buenos Aires. Y ése no es el caso, ya que se trata del cumplimiento obligatorio de una sentencia judicial, de modo que las cláusulas RUFO no se activarían.
En el fondo, Argentina se niega a pagar porque, en caso de hacerlo, todos los fondos que no partiticiparon en los canjes y que aún no han demandado a Buenos Aires procederían a hacerlo, con lo que la factura a pagar ascendería de 1.600 a cerca de 15.000 millones de dólares.