España debe reducir el gasto público para "regresar al equilibrio presupuestario en 2017", "redistribuir la carga impositiva desde el trabajo hacia la imposición indirecta", "fortalecer las políticas activas de empleo" o "reducir el tipo del Impuesto sobre Sociedades y eliminar los regímenes especiales para pequeñas y medianas empresas". Habrá muchos lectores a los que todo esto les suene. Porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que tienen ante sí una lista similar.
Este lunes le ha tocado el turno a la OCDE, que publicaba su Estudio económico sobre España correspondiente a 2014. Pero podía haber sido la Comisión Europea (en junio), el FMI (en mayo), el Banco Central Europeo (en marzo), el Banco de España (en junio) o cualquier servicio de estudios (por ejemplo, el del BBVA o Fedea). Desde hace más de un lustro, cuando nuestro país entró en la senda de la recesión -primero- y en la crisis de deuda soberana -dos años después- prácticamente cualquiera que se haya dedicado a analizar la economía española ha emitido un dictamen similar: existe un grave problema de competitividad que hay que enfrentar con profundas reformas estructurales y hay un importante desequilibrio en las cuentas públicas que es necesario atajar.
Desde el Gobierno, el mensaje es que ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Y que sus medidas están dando resultado. Según esta versión, la recuperación de los últimos trimestres, la reducción del paro y las buenas previsiones para los próximos ejercicios serían la mejor prueba de que España ya ha hecho lo que necesitaba. La cuestión es si esto es suficiente para mantener un crecimiento sostenible y sólido a medio plazo: la respuesta de la OCDE es que no. Por eso, sus analistas exigen más reformas. No parece que desde Moncloa haya una actitud muy receptiva en este sentido.
"Aumento tendencial del 1%"
En realidad, probablemente Mariano Rajoy se agarre a la parte positiva del informe, que puede encontrarse en los primeros párrafos. La OCDE reconoce que "la economía española ha regresado a una senda de crecimiento tras una prolongada recesión y los diferenciales de la deuda soberana se han reducido de manera drástica". En este sentido, admite que el Gobierno ha tomado medidas de reducción del gasto público e incremento de los ingresos que han permitido la mejora de la "sostenibilidad de las cuentas públicas". No sólo eso, también celebran las reformas adoptadas, especialmente las destinadas a "fortalecer el sector bancario" y las que han permitido "mejorar el mercado laboral y el de bienes y servicios". De hecho, nuestro país aparece en los primeros puestos en un ratio de "respuesta a las reformas estructurales entre 2012 y 2013", que trata de medir lo realizado por los diferentes ejecutivos europeos en los últimos dos ejercicios.
Sin embargo, llegados a este punto, los autores ponen el dedo en la llaga y recuerdan que la cuestión no es conseguir una subida del PIB durante unos meses o una ligera reducción del paro: "El reto fundamental en la actualidad es avanzar a partir de estos logros con el fin de impulsar el crecimiento y reducir el empleo de forma significativa a través de un aumento sostenido de la productividad y la competitividad".
En este sentido, hay que recordar que las críticas que se le han hecho al Gobierno desde la gran mayoría de los organismos que analizan la economía española no son tanto sobre la dirección de las medidas adoptadas, sino sobre su alcance. Lo que la OCDE, el FMI o el BCE repiten informe tras informe es que muchas de estas reformas eran necesarias, pero no son suficientes para lograr una recuperación sólida a medio plazo. De hecho, en el documento publicado este lunes, se vuelve a repetir que en las actuales circunstancias, puede preverse que "el aumento tendencial del PIB será de tan sólo el 1%". O lo que es lo mismo: si no se hace nada más, la economía española se estancará, con un crecimiento mínimo a medio plazo.
Las recomendaciones
Sin embargo, los autores no creen que esto sea una maldición a la que resignarse. La economía española tiene margen de mejora. Para alcanzarlo, proponen una serie de recomendaciones (páginas 4 y 5 del documento) que, como ya hemos explicado, son muy parecidas a las realizadas en los últimos años. Van desde la reforma fiscal para reducir el peso de los impuestos al trabajo a medidas para incrementar el tamaño de las empresas.
- Consolidación fiscal: los autores piden "regresar al equilibrio presupuestario ajustado por el ciclo en 2017".
- Reducción del endeudamiento privado e impulso del crédito: éste es un tema del que se habla menos, pero que tiene una enorme importancia. Familias y empresas llevan desde el comienzo de la crisis inmersas en un importante proceso de desapalancamiento. Sin embargo, "el acceso al crédito sigue siendo más difícil que en otros países de la zona euro" y los regímenes de insolvencia existentes "tienen un alcance reducido y únicamente permiten liquidaciones de deuda limitada". "En 2013 se adoptaron disposiciones en materia de segundas oportunidades, pero resultan demasiado estrictas para facilitar la reducción ordenada del endeudamiento familiar".
En este sentido, recuerdan que empresas y familias siguen dependiendo de un acceso al crédito excesivamente bancarizado, algo que en las circunstancias actuales no ayudará, dado que "la rentabilidad de los bancos es baja, la tasa de morosidad elevada y el endeudamiento del sector privado sigue siendo elevado". Para solventar en lo posible esta circunstancia, la OCDE recomienda "proseguir con la mejora de los procedimientos judiciales de insolvencia, incrementar los incentivos para que las pymes recurran a dichos procedimientos, tanto judiciales como extrajudiciales, e introducir un nuevo régimen de insolvencia personal".
- Reforma fiscal: resulta llamativo que se siga hablando de esto, puesto que la reforma del Gobierno apenas tiene unas semanas. Pero el documento de la OCDE mantiene el mismo tono que los anteriores. De hecho, sus propuestas son sorprendentemente parecidas a las que el grupo de expertos presidido por Manuel Lagares presentó a Cristóbal Montoro y que éste apenas escuchó.
Así, los autores del informe presentado este lunes piden "redistribuir la carga desde el trabajo hacia la imposición indirecta, reduciendo las contribuciones sociales a la Seguridad Social para los trabajadores con menor cualificación, aumentando los impuestos medioambientales y sobre bienes inmuebles y reduciendo las exenciones en el IVA, Sociedades y el IRPF". En lo que hace referencia a las empresas, su propuesta es "ampliar la base impositiva del IS, reducir el tipo y eliminar los regímenes especiales para pymes".
También piden eliminar la deducción por vivienda en el IRPF para todos los contribuyentes y apunta a que podría incentivarse la igualdad y la neutralidad inversora sometiendo el conjunto de las rentas, tanto del capital (dividendos, plusvalías e intereses), como del trabajo, al mismo tipo marginal del impuesto sobre la renta. Además, se recomienda un replanteamiento en el tratamiento de los instrumentos de inversión colectiva, especialmente en lo que respecta a las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) y reforzar los controles para garantizar que este instrumento no se utilice para eludir el pago de impuestos.
Por último, hay una significativa incidencia en las cuestiones medioambientales. No sólo proponen subir los impuestos al respecto, sino que también piden "homogeneizar los precios de las emisiones de efecto invernadores entre las diferentes fuentes".
- Competitividad empresarial: una de las partes más interesantes del informe es la que tiene que ver con los cambios en la regulación de las empresas. España tiene un importante problema en este aspecto, aunque pocas veces los titulares se centran en la cuestión. Los autores creen que hay que impulsar la creación y, sobre todo, el crecimiento de las empresas. Nuestro país tiene uno de los mayores porcentajes de microempresas de la UE. No somos capaces de impulsar el desarrollo de nuestras compañías, ni siquiera de aquellas exitosas. Y es un tema clave para la competitividad. Como puede verse en los siguientes cuadros, extraídos del informe, en términos de productividad nuestras empresas medianas y grandes compiten (y muy bien) con alemanas, francesas o británicas. El problema es que tenemos muy pocas compañías de tamaño medio y grande (más de 50 y más de 250 empleados).
Para ayudar a cambiar esta tendencia, los expertos recomiendan dejar de realizar leyes que penalizan el crecimiento de las empresas. Numerosas disposiciones legales se circunscriben a las pequeñas compañías. Así, tanto en temas laborales como fiscales o burocráticas, traspasar determinados umbrales de tamaño está muy penalizado. El resultado es que muchas empresas no crecen, simple y llanamente, porque no les sale rentable. Y las consecuencias sobre su competitividad son notorias. La OCDE pide "continuar fomentando la diversificación de las fuentes de financiación, reformar el sistema de licencias y permisos y reducir la fragmentación regulatoria, aplicando la Ley de Unidad de Mercado".
- Reforma laboral: otro tema recurrente. El informe admite las mejoras en el mercado laboral desde la reforma de 2012, pero pide dar más pasos en este campo, especialmente en las llamadas "políticas activas de empleo". Sus recomendaciones son "mejorar la formación profesional, reforzar la capacidad y eficiencia de los servicios públicos de empleo y potenciar la coordinación entre los diferentes niveles de la administración".
- Competitividad y universidades: una de las palabras claves del documento es competitividad. La economía española necesita mejorar en este aspecto. En este sentido, los autores piden "elevar la calidad de la innovación y fortalecer la competitividad promoviendo universidades y centros de investigación de mayores dimensiones y especialización, ampliando la asignación de recursos en base a la consecución de resultados y a la aplicación de mecanismos de revisión internacional y brindando más oportunidades profesionales a los investigadores de mayor cualificación". ¿Control, rendición de cuentas, incentivos para los que mejor lo hagan? Hasta ahora, todo esto ha sido tabú en las facultades españolas. Para la OCDE debería ser un paso imprescindible.