El sindicato Comisiones Obreras ha afirmado recientemente que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "debe mandar una señal y recuperar los 5,8 puntos de poder adquisitivo que perdió el salario mínimo desde 2010". En la práctica, el sindicato espera que el sueldo mínimo pase de unos 645 a cerca de 750 euros al mes, un aumento que se ejecutaría a lo largo del próximo año.
Es importante subrayar que el salario mínimo lo percibe un número muy limitado de trabajadores. Hablamos de unas 238.000 personas, de acuerdo con los datos de CCOO. Por tanto, a pesar de que los partidarios de subir el SMI suelen argumentar que este nivel salarial se ha generalizado en los últimos años, lo cierto es que menos del 2% de los trabajadores en activo perciben este nivel de honorarios.
Sin embargo, aunque el salario mínimo es una paga poco habitual entre los trabajadores españoles, sí constituye una barrera de entrada significativa para los desempleados. Estableciendo un coste mínimo para la contratación, el empresario prescinde de aquellos puestos de trabajo cuya productividad es inferior frente al gasto asumido con la llegada del nuevo empleado.
¿Cuántos españoles están en esta situación? De acuerdo con las estimaciones del think tank Civismo, casi 450.000 profesionales han perdido su trabajo por los aumentos del salario mínimo en los primeros compases de la crisis.
La uniformidad del SMI en todo el territorio nacional explica que el efecto sea mayor o menor dependiendo de la región. Así, en el País Vasco supone el 0,4% de la población activa, frente al 1,2% de Madrid, el 1,3% de Cataluña, el 2,2% de Andalucía o el 3,4% de Galicia.
La mitad de los parados, sin estudios
Es importante tener en cuenta que el efecto del salario mínimo es especialmente perjudicial en el caso de los trabajadores con un bajo nivel de formación. Por ejemplo, según un informe estratégico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, "la mitad de los seis millones de parados españoles ha estudiado, como máximo, hasta los catorce años".
Por tanto, alrededor del 50% de los seis millones de españoles que no tienen trabajo abandonaron la formación antes de la educación secundaria. De ellos, unos 750.000 se dedicaban al sector de la construcción, en el que la burbuja inmobiliaria acomodó a muchos jóvenes. Es por eso que la OCDE señala que "estos grupos de desempleados son muy vulnerables al desempleo estructural", pues "carecen de las cualificaciones necesarias para el tipo de empleo que es probable que se cree en España en los próximos años".
El coste del SMI para el empresario
Al problema de la formación se suma un obstáculo más: el de la elevada carga fiscal que soporta la creación de empleo en España. Hoy en día, los impuestos al trabajo han llegado a su punto más alto desde los años 80.
En consecuencia, cuando sumamos el salario mínimo a las diferentes cargas tributarias que acarrea la contratación, encontramos que el coste inicial de cada nuevo puesto de trabajo asciende a 12.725 euros, unos 1.060 euros mensuales.
Esta cuña fiscal sitúa a España entre los países en los que las cotizaciones sociales son más altas. La parte soportada por las empresas asciende al 8,5% del PIB, frente a la media del 6,4% en la UE-27 o el promedio del 6,8% en la Eurozona. Así, las cotizaciones sociales en España son un 25% más altas que en Europa. Evidentemente, esto tiene un impacto significativo en materia de creación de empleo, y el salario mínimo es el punto de ingresos que más sufre las consecuencias de estos elevados costes fiscales.