El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 32 responsables de la estafa masiva de Fórum Filatélico, a los que ha impuesto una fianza civil de 3.702 millones por el perjuicio causado a los casi 270.000 afectados.
Ocho años después de su intervención judicial, el magistrado da por finalizada la investigación en un auto en el que detalla la estafa piramidal llevada a cabo por los exgestores de Fórum, cuya actividad económica, sostiene, era "económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible".
Entre los procesados se encuentran todos los miembros del Consejo de Administración: su consejero delegado, Francisco Briones, y los consejeros Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Maciá Mercader, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez.
Además, reactiva la orden de busca y captura para su ingreso en prisión del huido José Manuel Carlos Llorca, y deja fuera del procesamiento a otras 15 personas por no encontrar suficientes indicios en su contra.
Según el juez, los clientes pagaron por los sellos unos precios fijados unilateralmente por la empresa a un precio muy superior a los que podían conseguir en el mercado filatélico, mientras que la sociedad se obligaba a su vez a recomprárselos más caros para abonarles la rentabilidad garantizada.
"Fórum Filatélico no contaba con el patrimonio suficiente ni generaba los recursos necesarios para hacer frente a esos elevados compromisos de pago debido a los enormes gastos de mantenimiento de su actividad, al exiguo resultado de sus inversiones y el escaso valor de su patrimonio filatélico referenciado a sus propias listas manifiestamente sobrevaloradas", explica el juez.
El auto, que desvela que Forum acumulaba unas pérdidas superiores a los 38 millones de euros en mayo de 2006, concreta que según la propia entidad, su colección de sellos estaba valorada en más de 4.300 millones de euros, cuando tenía en realidad un valor once veces menor, según el catálogo Yvert & Tellier. "En el mejor de los casos" y con precios de 2007, la venta de los sellos alcanzaría los 86 millones de euros.
Para ocultar su situación, mantener la confianza de sus clientes y evitar el rescate de sus inversiones y con ello el "colapso" de la entidad, además de para poder cumplir sus compromisos de pago, los responsables de Fórum, al frente del cual estaba el principal imputado, Francisco Briones, desarrollaron un mecanismo "defraudatorio", de forma que con el objetivo de retener al mayor número de clientes les ofrecían renovar sus inversiones.
De esta manera, con las aportaciones de los nuevos clientes se pagaban las desinversiones y rentabilidades de los antiguos clientes, a quienes se hacía creer que las cantidades abonadas procedían de la revalorización de sus sellos, dice el juez.