La reforma fiscal, cuyo proyecto fue remitido al Senado esta semana, era la última ocasión que tenía el Gobierno del PP para corregir la errónea, contraproducente y abusiva política tributaria aplicada a lo largo de la legislatura, pero, al igual que ha sucedido anteriormente, se acabará convirtiendo en una nueva oportunidad perdida. El Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció a bombo y platillo la ansiada rebaja de impuestos que se empezará a aplicar a partir del próximo enero, mediante la reducción de tipos en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades, aprovechando el leve repunte de la economía española para, de este modo, ofrecer un pequeño guiño a los votantes de cara a las citas electorales que tendrán lugar en 2015.
Sin embargo, la prometida reducción no es tal, ya que, en realidad, la reforma se limita, básicamente, a anular los grandes aumentos fiscales aplicados en 2012. Así pues, más que una rebaja, la idea consiste en revertir las subidas aprobadas previamente por el PP. Además, si bien es cierto que todo alivio fiscal resulta positivo y, por tanto, es más que bienvenido, el descenso se antoja claramente insuficiente para poder impulsar como debiera el crecimiento, la creación de empleo y la atracción de capital, puesto que las familias y empresas españolas seguirán sufriendo uno de los niveles impositivos más elevados de la UE y del conjunto de países ricos. Pero lo más grave es que, por si fuera poco, el proyecto que ha diseñado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esconde sorpresas muy desagradables para numerosos contribuyentes. Una de las más polémicas y sangrantes, sin duda, es que los propietarios de una vivienda comprada antes de 1995 se enfrentarán a una de las mayores subidas de impuestos de la historia.
En concreto, el Gobierno ha decidido eliminar los coeficientes de actualización y de abatimiento, aumentando así de forma muy sustancial las bases imponibles y, por tanto, disparando la fiscalidad sobre las plusvalías obtenidas por la venta de inmuebles, afectando, sobre todo, a las viviendas adquiridas hace más de 20 años. Si nada cambia, muchos de estos propietarios pagarán hasta tres veces más impuestos que en la actualidad en caso de que decidan vender sus casas. En definitiva, un sablazo en toda regla -uno más- a los contribuyentes. Y ello, sin contar que la reforma también supondrá un palo para multitud de empresas, a pesar de que el tipo general del Impuesto de Sociedades bajará de 30% al 28% en 2015 y al 25% en 2016, puesto que Hacienda eliminará la mayoría de exenciones y beneficios fiscales para compensar esta rebaja.
La prueba más evidente de la confiscatoria política tributaria aplicada por el tándem Rajoy-Montoro es que el Gobierno prevé recaudar más de 244.000 millones de euros en 2015 a través de las principales figuras tributarias, lo que supone unos 18.600 millones más que en 2011 (+8,2%), cuando el PP llegó al poder, gracias a las históricas subidas fiscales asestadas al conjunto de los españoles, en lugar de reducir de forma drástica la costosa y sobredimensionada estructura estatal para combatir el déficit público.
Esta errónea deriva es una muy mala noticia para España, pero también para el PP. Por un lado, las subidas de impuestos no solo no han servido para reducir eficazmente el déficit, sino que suponen un obstáculo muy importante para la recuperación económica y la consiguiente salida de la crisis. Por otro, evidencia la falta total de credibilidad que ostenta Mariano Rajoy, tras incumplir de forma descarada su programa electoral y su promesa de bajar los impuestos. Y, por último, Génova parece olvidar que esta nefasta política fiscal atenta contra sus propios intereses, ya que daña especialmente a las bases que conforman su electorado natural. El nuevo sablazo fiscal sobre la venta de viviendas es el penúltimo ejemplo.