El caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid es un escándalo de primera magnitud y, por tanto, no es de extrañar que la opinión pública haya mostrado su profunda indignación ante semejante despropósito, tras descubrir con asombro la existencia de una práctica irregular que se remonta a principios de la pasada década, y por la que más de 80 exdirectivos realizaron todo tipo de gastos personales a cargo de la entidad sin necesidad de justificación alguna.
Por el momento, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso el pasado jueves una fianza de 16 millones de euros al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otra de tres millones al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al considerarlos los máximos responsables de la política retributiva de la entidad y, por consiguiente, de los presuntos gastos fraudulentos llevados a cabo por la antigua cúpula. En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha encontrado indicios que apuntan a un posible delito societario de administración desleal y apropiación indebida. Corresponde ahora a la Justicia determinar la culpabilidad o no de los imputados y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes que establece la ley, pero, con independencia de los aspectos jurídicos del caso, no cabe duda de que este tipo de prácticas constituyen una inmoralidad intolerable desde todos los puntos de vista.
Sin embargo, al mismo tiempo, es importante reseñar que el problema de las tarjetas 'B' es tan sólo el síntoma, no la causa, de un escándalo mucho mayor, y que no es otro que la aberrante, ruinosa y corrupta politización de las cajas de ahorro. Conviene recordar que casi la mitad del sector financiero español ha estado dirigido durante largos años por políticos de todos los partidos, sindicalistas y patronales, con los desastrosos resultados ya conocidos por todos. Las cajas eran, ni más ni menos, que los brazos financieros de gobiernos autonómicos, provincias y ayuntamientos, ya que una de sus principales funciones consistía en costear grandes proyectos de carácter político y electoralista a costa del dinero de sus clientes y, en última instancia, del contribuyente.
Y, puesto que eran entidades al servicio de los políticos, se convirtieron en chiringuitos idóneos para cosechar el tradicional favoritismo y enchufismo de partidos, sindicatos y patronales. Basta echar un vistazo al currículum de los antiguos presidentes de las cajas para observar que la profesionalidad y el debido conocimiento financiero brillaban por su ausencia. Dado el bochornoso panorama que reinaba en las cajas, lo raro es que no se hubieran producido irregularidades de todo tipo y condición. Y la prueba está en que las tarjetas de Caja Madrid son apenas una gota en un océano. Sin ir más lejos, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunció este viernes ante la Fiscalía 23 operaciones irregulares detectadas en la antigua Novacaixagalicia (NCG) y en Catalunya Caixa (CX) que, en total, suman un agujero de 1.500 millones de euros, una cifra cien veces superior a los 15 millones gastados con las tarjetas opacas.
Así pues, el auténtico problema de fondo no radica en la inmoralidad o no de los antiguos directivos de las cajas, sino en la perversidad de un sistema que propicia, incentiva, premia y favorece este tipo de irregularidades de forma constante y estructural. No es casualidad que dichas prácticas se hayan detectado en entes controlados por la clase política, al igual que tampoco es extraño que la mayoría de cajas (públicas), y no los bancos (privados), hayan sido las únicas entidades financieras que han quebrado en España tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con la consiguiente necesidad de un rescate posterior para salvar los ahorros de sus clientes. Es decir, la politización de las cajas o, lo que es lo mismo, la existencia de una banca pública, es la causa y el origen del problema, y las tarjetas 'B' tan sólo uno de sus muchos y contraproducentes síntomas.