Javier González de Lara, empresario malagueño y actual presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) donde sucedió al imputado Santiago Herrero, anunció ayer que a lo más tardar el próximo lunes la CEA firmará una hipoteca por su sede central en la Isla de la Cartuja de Sevilla con tres entidades financieras por 8 millones de euros, cantidad que destinará a pagar parte de su deuda con proveedores que asciende a 12 millones de euros. La medida se inscribe en un esfuerzo de reforma económica, política y ética que trata de acabar con el contubernio de la patronal andaluza con el régimen andaluz imperante desde 1982 y su práctica habitual de pagar la "concertación" con el negocio de la formación profesional.
Su frase "Dar la vuelta como un calcetín a la organización" ha sido contundente en los hechos. Tras meses intentando la hipoteca de su sede, es ahora cuando se está cerrando la operación «con cantidades más ajustadas». ABC apunta que la última tasación valoraba el edifico en 16,5 millones, casi la mitad de los 30 millones a los que se llegó a cotizar.
Otra muestra de la voluntad de regeneración de la CEA es el reinicio de las obras de dos de las fases de la promoción de 583 viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla Este. González de Lara quiere dar la cara y restituir el daño causado a 587 parejas jóvenes que confiaron en la CEA y fueron menospreciados y abandonados por ella.
Recuérdese que existe una demanda judicial por presunto fraude por parte de suministradores, en la que está imputada la anterior cúpula de la patronal andaluza, con el ex presidente Santiago Herrero a la cabeza.
La nueva cúpula de la nueva CEA reconoce que el problema es propio y quiere afrontar su solución. Con ello, se distancia de la cúpula anterior que negó que sus incumplimientos fueran cosa de la CEA y derivaron los hechos a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, adscrita a la propia CEA y responsable directa de la promoción que dejó sin casas y sin el dinero de la entrada a un numeroso grupo de personas, alrededor de 600.
González de Lara dijo ayer que la CEA está devolviendo las cantidades entregadas por los afectados a quienes lo han pedido y que quieren desvincularse de la compra de las viviendas.
Renovación política y ética
La antigua cúpula de la CEA dejó la entidad en crisis económica, habiéndose afrontado un ajuste de plantilla sin precedentes. Ahora, la nueva dirección de la patronal andaluza quiere afrontar reformas internas de calado.
Su comité ejecutivo ha aprobado un código ético y de buen gobierno que para reforzar la "transparencia, participación, gestión eficiente y reputación" de la patronal.
En el nuevo reglamento se contemplan sanciones e, incluso, la expulsión de sus asociados en el caso de que sean imputados o implicados en alguna investigación, aunque, detecta El País, aún no se han determinado en qué casos la organización procedería a echar a estas personas.
A partir de ahora, las contrataciones se regirán por normas internas similares a las del sector público. "Quedará garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación", reza el documento, que añade que "el contrato será adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa". Con ello, se desliza una crítica contundente al amiguismo que caracterizó la etapa precedente.
La CEA ampliará, además, el catálogo de prestación de servicios y realizará mediación y arbitraje.
En los Estatutos se incluye poner el tope de edad del presidente de la CEA en los 70 años e impulsar la «igualdad de género» en la organización, propiciando la entrada de mujeres en los órganos territoriales y sectoriales.Además de aliarse con los sindicatos "de clase" y los gobiernos socialistas para sacar tajada de los cursos de formación, ahora en pleno proceso de investigación, los antiguos dirigentes de la CEA formaron parte de un "club" que montaba empresas de formación para beneficiarse del dinero de la Junta de Andalucía y que montaba negocios particulares. Uno de ellos fue un proyecto de 583 pisos para jóvenes sin recursos en Sevilla Este que deberían haber sido terminados a finales de 2009. Pero sólo entregó 13, con defectos, con calidades media bajas, una mala terminación y previsibles vicios ocultos.
La CEA, dirigida entonces por Santiago Herrero, impulsó la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa -organismo meramente instrumental de la CEA, como precisó ABC- y la empresa Dolmen -dirigida por sus amigos Juan Manuel Sanz y Antonio González- fue la encargada de ejecutar la promoción. La Fundación cobraría por cada vivienda entregada un 12% del importe en concepto de gestión. Sin embargo, cientos de compradores aportaron una entrada de 16.000 euros que aún no han sido devueltas quedando sin piso y sin entrada.
Dolmen había recibido cinco millones de euros , incluyendo sus honorarios por intermediar en la venta del solar -pese a que Dolmen asumió el proyecto cuando el suelo ya estaba adjudicado a la Fundación de la CEA-, los gastos de publicidad -que no ha justificado- o los de seguridad -cuando esta tarea la realizaba otra empresa-.
Por si fuera poco, el análisis de la contabilidad de la Fundación de la CEA ha revelado la existencia de un crédito a Dolmen por 2,5 millones de euros que se abonó en metálico con cheques al portador -de los que Bankia no ha aportado el nombre de quién los firmaba y los recibía, a pesar de que esa información ha sido requerida por la administración concursal-. Incomprensiblemente la CEA no ha reclamado esta deuda. Pero,e s más, es que no hay reflejo documental del préstamo. O sea, que la CEA anticipó a Dolmen 7,5 millones, los mismos 7,5 millones que los centenares de jóvenes entregaron como entrada y que no han podido recuperar.
Los miembros del primer patronato de la Fundación, constituido en 2005, fueron el expresidente Santiago Herrero junto a Antonio Carrillo, Juan Miguel Salas Tornero y el expresidente de la CEA,Rafael Álvarez Colunga -fallecido en diciembre de 2008-.
La primera sede de la fundación de la CEA estuvo en la segunda planta del antiguo Palacio de Monsalud -en la calle San Vicente 22 de Sevilla-. Es decir, el mismo inmueble donde tienen sus oficinas las sociedades vinculadas a Juan Miguel Salas Tornero -exvicepresidente de la CEA-.
No es posible que la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa hubiera obtenido créditos por más de 50 millones de la antigua Caja Madrid sin una misiva firmada por Santiago Herrero, expresidente de la CEA, que en octubre de 2008 aseguraba que la patronal andaluza "dispondrá siempre de los recursos para el pago de los compromisos derivados de la financiación".
Por ejemplo, la recepción de una subvención de la Junta de Andalucía de 1,8 millones de euros en 2009 que no se publicó en el BOJA hasta 2013, que no estaba correctamente documentada y que se correspondía con un plan de la vivienda posterior al inicio de las obras de la promoción Isbilya. De ahí se deduce que algunos altos cargos de la Junta tuvieron que ser cómplices de la operación. Esta ayuda se utilizó, originalmente, como prenda para garantizar uno de los créditos impagados a Caja Madrid.La fundación de la CEA no controló el cumplimiento de los contratos, no registró su información contable tal como marca la ley, ha perdido supuestamente las actas de algunas juntas y no ha aportado información suficiente a los administradores concursales.