La normativa sobre morosidad en España establece que el plazo máximo marcado por ley para pagar a un proveedor son 30 días, aunque los organismos públicos se lo saltan sistemáticamente. Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago (PMP) del conjunto de las comunidades autónomas se situó en noviembre en 58,15 días, 6,14 días más que en el mes de octubre.
En concreto, las regiones que se mantienen por encima del plazo máximo de 30 días las comunidades son: Andalucía (47,23), Castilla-La Mancha (39,49) y Cataluña (53,79), desde el mes de septiembre del año pasado, mientras que Castilla y León (34,81) por primera vez supera este plazo en noviembre.
Por otro lado, superan el plazo de 60 días las comunidades de Aragón (88,48), Islas Baleares (80,66), Extremadura (82,58), Madrid (61,31), Región de Murcia (65,99) y Comunidad Valenciana (92,47). Todas ellas han superado este plazo desde los datos relativos al mes de septiembre, a excepción de Islas Baleares, que lo supera desde el mes de octubre, y la Comunidad de Madrid, por primera vez en noviembre.
En las empresas públicas dependientes de las autonomías es donde se encuentra el problema más serio. Hay instituciones que llegan a pagar sus deudas comerciales con más de un año de retraso. El pasado mes de octubre, la emisora andaluza Canal Sur Radio se convirtió en la más morosa de España con un periodo medio de pago de 461 días. A Canal Sur Radio le sigue El Consorcio del Campus Universitario de Lorca, de Murcia, y el de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, que pagan a 256 y 253 días respectivamente.
En lo que respecta al conjunto de entidades en régimen de cesión, es decir, capitales de provincia, de comunidad autónoma o que cuenten con más de 75.000 habitantes, el PMP se situó en el mismo mes en 26,70 días, 1,92 días más que en octubre, por lo que sí cumplen el plazo. En lo que se refiere a las principales corporaciones locales, destacan Valencia, con un periodo medio de pago en noviembre de 53,35 días, así como Las Palmas de Gran Canaria (29,58), A Coruña (28,88) y Sevilla (28,23).
Los retrasos en los pagos de la administración es uno de los grandes problemas para las empresas españolas en estos últimos años. Mientras las pymes sí tienen que cumplir con los plazos de la Administración en el pago de impuestos, ya que se enfrentan a duras sanciones, sufren graves dificultades de tesorería y de rentabilidad por los retrasos del sector público.