Ciudadanos ha abierto el debate. A nueves meses de las elecciones, podría decirse que el partido de Albert Rivera ha golpeado primero. Y dicen que es sinónimo de hacerlo dos veces. La presentación de Luis Garicano y Manuel Conthe como responsables del programa económico, de las líneas maestras de éste y de las propuestas para el mercado laboral fue todo un éxito. No sólo consiguieron llenar a rebosar varias salas del Círculo de Bellas Artes, con cientos de personas agolpándose en la puerta por aforo completo. Además, han conseguido situarse en el centro de la agenda.
Este miércoles, todos los medios recogían profusamente las ideas de Garicano. Hay críticas y halagos. Comentarios, preguntas y dudas sobre cómo se implementaría. Pero, sobre todo, hay ruido. Mientras otros partidos debaten sobre listas, Ciudadanos, al igual que Podemos, ha conseguido lanzar varias ideas al centro del debate. A partir de ahora, se asociará al partido de Rivera con el contrato único, del mismo modo que se piensa en Iglesias cuando se habla de renta básica. No fueron los primeros en ponerlos encima de la mesa, pero sí los que más éxito han tenido al plantearlo. Ahora, toca lo difícil, defender las propuestas.
Las siguientes son las claves que sirven para entender las seis principales:
Contrato único
¿Qué propone?: la idea es acabar con la dualidad (en este enlace, las claves del contrato único).
Ya no habrá contratos temporales e indefinidos (sólo excepciones para cubrir bajas). En lo que tiene que ver con la indemnización, todos los contratos serán iguales. En la propuesta de Ciudadanos no hay cifras concretas de a cuánto ascendería, sólo se habla de "indemnización creciente y proporcional a la antigüedad del trabajador".
En el documento original que Fedea presentó en 2009, se hablaba de una compensación por despido creciente, que en el primer año sería "ligeramente superior a la actual para los contratos temporales y aumentaría progresivamente hasta alcanzar un valor alrededor de la media europea, por debajo del nivel actual más común para los despidos improcedentes (45 días)". Leyendo lo que ha escrito Garicano sobre el tema en los últimos años, más o menos podemos intuir que la propuesta de Ciudadanos implicaría un nivel inicial en el entorno de los 10-14 días de indemnización por el primer año trabajado (similar a la actual para contratos temporales) que se iría incrementando hasta los 33-35 días al cabo de 15-20 años de antigüedad.
Ventajas: los defensores de este modelo creen que acabaría con la dualidad. La empresa ya no tendría que decidir qué tipo de contrato hacer a un nuevo empleado. Ni tampoco si renovar o hacer fijo a un temporal al que se le acabe el período fijado. Simplemente, haría contratos, todos iguales, y ya sabría cuánto le costaría la indemnización. Como ésta iría creciendo poco a poco, no habría en ningún momento un "muro", como lo definió el martes Garicano, que saltar para hacer a un empleado indefinido. Y como las indemnizaciones serían crecientes, cualquier trabajador con 10-12 años de antigüedad tendría derecho al cobro de una cantidad bastante elevada, no muy diferente a la que le tocaría en la aactualidad.
Inconvenientes: el modelo acabaría con la dualidad de entrada, pero no de salida. Es decir, cuando una empresa se plantee la reestructuración de su plantilla, seguirá siendo mucho más barato despedir al recién llegado que al que lleva 20 años. Tomar decisiones en función del coste de despido y no de la capacidad es malo para la productividad. Del mismo modo, la falta de movilidad que se da en España (empleados que no se van de la empresa por miedo a perder la indemnización) seguirá presente. Es cierto que la propuesta de Ciudadanos reduce los márgenes en ambos casos respecto a la situación actual. Pero no acaba con estos dos problemas.
Mochila austriaca
¿Qué proponen?: constituir un Seguro contra el despido mediante las aportaciones empresariales a una cuenta individual de cada empleado, por una cantidad equivalente al 1% de su salario. El trabajador despedido podría utilizar esta cuenta como seguro en caso de ser despedido y también podría acumular en la misma ayudas para formación. Si cambia de empresa se lleva su bolsa con él y si llega a la jubilación con dinero acumulado, se le suma a la pensión.
Podríamos decir que es una mochila austriaca a medias (en este enlace, las claves de la mochila austriaca). En el país centroeuropeo toda la indemnización está en la bolsa individual. De esta forma, se eliminan los problemas que apuntamos anteriormente: el empresario toma sus decisiones de despido y el trabajador las de un cambio de empleo teniendo sólo en cuenta criterios profesionales, no factores externos.
Ventajas: la propuesta de Ciudadanos tiene una ventaja fundamental, incentiva la movilidad y la productividad. El trabajador pierde el miedo a cambiar de empleo, porque siente que si en su nueva aventura profesional le va mal, tendrá una red de seguridad, que es suya. Serviría de paliativo para la maldición española del empleado atado a un puesto de trabajo que no le gusta.
Inconvenientes: el problema fundamental de la mochila austriaca es el coste. En el caso de lo que pide Ciudadanos, la pregunta está clara, ¿quién paga el 1%? La propuesta habla de "contribución empresarial", pero al final una compañía no mide entre salario neto, bruto, Seguridad Social, etc... Sus cálculos son ¿cuánto me cuesta un trabajador? Con esta medida, será un 1% más caro.
Probablemente, ésta es la razón por la que no se ha apostado por la mochila pura. Si se sustituye la indemnización por una bolsa individual que se va llenando a razón del 4-5% cada año, lo que esto implicaría a corto plazo sería un encarecimiento del empleo en este porcentaje. A medio plazo, como hemos apuntado habría muchos beneficios (flexibilidad, productividad,...), pero quizás las que vemos arriba son cifras que España no se puede permitir.
Cheque formación
¿Qué proponen?: terminar con el actual sistema de cursos de formación, muy criticados por Bruselas y los organismos fiscalizadores (aquí la denuncia del Tribunal de Cuentas). A cambio, la idea es que cada trabajador reciba un cheque que sólo pueda gastar en formación. ¿Quiénes darían los cursos? Pues cualquier empresa. El único requisito sería conseguir la acreditación del Ministerio, para evitar el fraude.
Ventajas: sus defensores creen que el modelo acercaría la formación al mercado. No sólo se acabaría con la corrupción generada en la actualidad, por organizaciones que viven de ofrecer estos cursos, sean o no útiles y tengan o no alumnos. Con este sistema, sólo cobrarían los que fueran capaces de atraer al usuario final, el trabajador. Y como a éste lo que le interesa no es el diploma, sino encontrar un empleo o mejorar en el que tiene, los incentivos le llevarían a escoger la mejor formación para hacerse un hueco en el mercado.
Inconvenientes: hay dos problemas. El primero es consecuencia de lo mal hecho en estos últimos años, pero no se puede obviar. En España nos gastamos unos 3.000 millones en formación al año. ¿Qué pasaría con todas las organizaciones que se dedican a esta cuestión? ¿Es realista plantearse un cambio que implicaría la entrada en quiebra de organizaciones empresariales y sindicales que viven de esto desde hae años?
El segundo problema es más de fondo. Con un cheque formación se abre la puerta a otro tipo de fraude. Supongamos que el cheque es de 1.000 euros. La tentación está ahí: yo empresario hago que monto un curso y les digo al posible beneficiario, "Apuntaos y nos repartimos los 1.000 euros entre los dos". Ciudadanos habla de "auditorías externas aleatorias" para detectar fraudes.
Orientación individualizada
¿Qué proponen?: la idea es que el parado de larga duración firme una especie de contrato con los servicios públicos de empleo. Estos se comprometen a realizar una serie de tareas destinadas a su reincorporación al mercado y el desempleado se compromete a que la búsqueda de empleo sea su trabajo hasta que encuentre uno definitivo.
Ventajas: Ciudadanos habla de la "difusión de las mejores prácticas", "utilización de las agencias privadas" (más cercanas al mercado), "ayuda en la superación de los obstáculos personales y profesionales (como por ejemplo, el cuidado de sus hijos o el transporte)" o "elaboración de perfiles de cada parado".
Inconvenientes: todo suena muy bien, pero el problema es el coste. Atender de forma personalizada a los casi 3 millones de parados de larga duración que tiene España es mucho más caro que el actual modelo, por poco efectivo que éste sea. Dinamarca, Holanda o Austria, los países de la UE que mejor manejan este problema, con bajas tasas de paro y altos porcentajes de reincorporación al mercado, se gastan mucho más dinero que nosotros en cada parado. Podrá pensarse que es una inversión en el capital humano de la sociedad, pero habrá que explicar también de dónde saldrán los fondos.
Ley de Segunda Oportunidad
¿Qué proponen?: Garicano habló este martes de una Ley de Segunda Oportunidad similar a la que existe en Alemania, Francia o Estados Unidos (en este enlace, algunas claves del modelo). El planteamiento es acercar las insolvencias personales a las empresariales: cuando una persona no puede pagar, se abre un proceso de acuerdo con los acreedores para ampliar plazos, aplicar quitas o reordenar la deuda. El proceso sería un arbitraje a través de un profesional de la materia (abogados, notarios,...) y que contaría con supervisión judicial si las partes lo reclaman. El objetivo es que la mayoría de los acuerdos fueran amistosos.
Ventajas: Garicano asegura que "la clave para que la economía se recupere es reducir el excesivo endeudamiento". La idea es que familias y autónomos que se han endeudado de buena fe no se vean lastrados el resto de su vida por una decisión equivocada. Eso sí, tanto Conthe como Garicano repitieron el martes en Madrid en varias ocasiones que siempre respetarán "la seguridad jurídica". Y en el programa de Ciudadanos hay un rechazo explícito a la dación en pago.
Inconvenientes: en el mismo documento de Ciudadanos se admite que es una puerta muy peligrosa de abrir. En cualquier proceso de reestructuración o minoración de deudas existe un riesgo moral. Que haya deudores de mala fe que traten de aprovecharse de esta rendija. Vamos, gente que pueda pagar y aproveche esta opción para no hacerlo. Esto no sólo tendría consecuencias para sus acreedores: si se generaliza la idea de que en España se pueden incumplir los compromisos adquiridos, las entidades de crédito serán mucho más reticentes a la hora de hacer nuevos préstamos. Se apruebe lo que se apruebe en este sentido, estamos ante un equilibrio inestable.
Complemento Salarial Anual Garantizado
¿Qué proponen?: es una ayuda pública que recibirían los hogares con ingresos derivados de rentas del trabajo más bajos. Para acceder a la misma habría que acreditar que se realizado un trabajo remunerado. Los promotores lo asocian a los programas de crédito fiscal existentes en EEUU y Reino Unido.
El problema de esta medida es que está por concretar cómo se llevará a cabo en la práctica. Por lo que se ha anunciado, parece que se articularía a través de una devolución de impuestos en la declaración del IRPF de cada año (quizás llegando incluso a un impuesto negativo en algunos casos).
Ventajas: serviría para incentivar el empleo, porque para poder tener derecho a la ayuda habría que trabajar. Además, el primer tramo sería creciente (a más sueldo, más complemento), por lo que los trabajadores de baja cualificación tendrían un estímulo para crecer profesionalmente. También serviría, en teoría, para destapar parte de la economía sumergida: para cobrar la ayuda habría que declarar a Hacienda, por lo que los incentivos también empujarían en esta dirección.
Inconvenientes: cómo apuntamos en nuestra noticia sobre la presentación del programa, todas las propuestas de rentas tienen los mismos problemas, fraude y desincentivo al empleo. En el primer caso, hablamos de contratos falsos o trabajos no realizados que se maquillan con el único fin de sacarle la ayuda a Hacienda.
En lo que hace referencia a los desincentivos, ya hemos apuntado que la propuesta exige que haya trabajo remunerado. Por lo tanto, es un empujón para pasar de la inactividad a la actividad. Pero una vez que se tiene un empleo, puede haber muchas personas que se inclinen por un empleo a media jornada o por trabajar sólo por temporadas, esperando que el Estado complemente sus ingresos.
Como no hay todavía un diseño cerrado, no se puede saber cómo contrarrestará estos riesgos Ciudadanos. Pero es un tema capital: sus cuentas son que este complemento costará alrededor de un 1% del PIB (10.000 millones) y que se financiará a través del ahorro en prestaciones por desempleo. Pero para que las cuentas cuadren, será imprescindible que los beneficiarios sean sólo aquellos a los que realmente va dirigido el programa.