La principal medida de Susana Díaz para reducir las brutales cifras de desempleo que arroja Andalucía, sin parangón en el resto de Europa, fue la elaboración el año pasado de un prolijo documento denominado "Agenda por el empleo 2014-2020". A lo largo de sus 430 páginas el Ejecutivo socialista, con el apoyo de sus socios de Izquierda Unida, puso sobre el papel las grandes líneas de actuación que debe llevar a cabo la Junta para reducir los índices de desempleo en las distintas franjas de edad, que entre las capas más jóvenes alcanzan niveles nunca vistos en cualquier otro tiempo o lugar.
En realidad el contenido de este "libro blanco" no introduce ninguna novedad en la política clásica que el PSOE aplica allí donde gobierna, basada fundamentalmente en el intervencionismo, la subvención y el aumento del gasto público, con el resultado por todos conocido. En esta "Agenda por el Empleo" alumbrada bajo la presidencia de Susana Díaz se insiste precisamente en esas grandes líneas de actuación y se pone especial énfasis en la necesidad de aumentar los fondos destinados a “las políticas activas de empleo”, que es como los socialistas se refieren a las subvenciones para llevar a cabo cursos de formación.
Pero este vasto programa necesita una "comisión de seguimiento" que, según el texto aprobado, analizará los resultados de los programas puestos en marcha y emitirá sus dictámenes para orientar la política de empleo de la Junta de Andalucía. Pues bien, a pesar de que en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno se establece que el citado órgano contará con la representación de "instancias de la sociedad civil organizada", y estará "abierta al conjunto de la sociedad y la ciudadanía", Susana Díaz ha decidido que los integrantes de esta comisión sean exclusivamente los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la propia Administración autonómica.
En la UGT andaluza, el sindicato que está en el disparadero por el escándalo de los ERE y de los cursos de formación, se felicitan por que "se ha dejado claro que los actores dela Agenda por el Empleo son la Junta, la CEA y los sindicatos CCOO y UGT; esto es, que seguirán siendo los agentes sociales y económicos clásicos". Pero la franquicia andaluza del sindicato socialista va más allá y quiere que "se ponga sobre la mesa una ley de Participación Institucional", de forma que su presencia en exclusiva en estos organismos tenga rango de ley y, en consecuencia, obligue también a los futuros gobiernos de la Junta.
Por su parte, los representantes de CCOO han señalado que les "gustaría que se pensara bien y se escucharan las propuestas que hemos dicho y las pusieran en un papel".