El Grupo Parlamentario de UPyD ha pedido este lunes la comparecencia del presidente de la Cámara de Comercio de España, Luis Bonet, y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que expliquen la adjudicación por parte de la Cámara de Cuentas de un contrato a Equipo Económico, la firma de abogados que el ministro fundó en 2006 -bajo el nombre de Montoro y Asociados- y que, según una información publicada por El País, la Fiscalía Anticorrupción investiga por presunta prevaricación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá ha pedido prudencia y se ha remitido a los resultados de la investigación de la Fiscalía.
Las pesquisas -que intentan determinar si la adjudicación vulneró la Ley de Contratos del Estado, y cómo y por qué se eligió a este bufete- se centran en un contrato firmado en 2012 entre el entonces Consejo Superior de Cámaras de Comercio y este despacho, del que Montoro se desvinculó al retornar a la política. Se trata de un conocido lobby madrileño que dirige Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Hacienda con Montoro durante el Gobierno de José María Aznar. En el bufete ejercen otros antiguos colaboradores del ministro.
UPyD quiere preguntar, entre otros asuntos, sobre el tipo de relación mantiene el ministro con esta consultora, si Montorio intercedió ante la Cámara de Comercio para la adjudicación de este contrato y si el Gobierno conoce el procedimiento concreto a través del cual se adjudicó.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que solo conoce lo publicado por los medios de comunicación y que será la Fiscalía la que lleve a cabo la investigación para conocer si se cumplió lo fijado por la ley, informa Efe. Catalá ha apuntado que, como en otros casos en los que se "somete a análisis" a personas públicas, "lo más razonable es la prudencia" y ha recalcado que no puede tener "respuestas para todo". "Cuando se finalice la investigación tendremos datos que nos permitan tener opinión", ha añadido.
José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, ha afirmado es "difícilmente explicable" que en este caso no exista un conflicto de intereses y que, "más allá de los términos legales, es reprochable políticamente". "La administración pública no puede estar permanentemente en esa sospecha. Incluso si no se incumple norma legal, habría que haber evitado esa situación. Lo público debe ser gestionado con transparencia y sin sombra de duda".