La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles hacer obligatorio en la Unión Europea (UE) el intercambio automático trimestral de información sobre las resoluciones tributarias, a fin de impedir ciertas prácticas fiscales por parte de multinacionales.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, presentó una serie de medidas para erradicar la elusión fiscal y la planificación fiscal por parte de multinacionales en territorio de la Unión, tras detectar e investigar en los últimos tiempos varios casos en Estados miembros como Luxemburgo, Holanda o Irlanda.
"La tolerancia ha tocado fondo con las multinacionales que evitan pagar su parte justa de impuestos y para los regímenes (tributarios) que les permiten hacerlo", señaló Moscovici, quien así pretende "reparar el vínculo entre dónde las compañías obtienen realmente sus beneficios y dónde pagan los impuestos".
El componente central de las medidas es una propuesta legislativa para mejorar la cooperación entre los Estados miembros en términos de resoluciones tributarias en casos transfronterizos y de los precios de transferencia, los que pactan subsidiarias o empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial para transferir mercancías, servicios y beneficios entre las partes. Las normas internacionales tratan de evitar que empresas matriz y filiales manipulen los precios para aumentar sus costes o deducciones y disminuir sus ingresos sometidos a tributación.
Las resoluciones también son conocidas como "tax rulings", que son aplicadas por muchos Estados miembros y en sí no constituyen un problema legal, pero sí moral y ético, según Bruselas, al ser confidenciales y servir a las empresas solicitar por adelantado a un país conocer qué tratamiento fiscal se les va a aplicar y obtener a menudo ventajas.
El problema surge cuando una resolución otorga, intencionadamente o no, un trato preferencial a ciertas compañías y facilita su planificación fiscal. Las decisiones que ofrecen, por ejemplo, un bajo nivel impositivo en un Estado miembro puede alentar a multinacionales a trasladar sus beneficios allí, generando pérdidas en ingresos tributarios en otro país miembro.
Para impedir estas prácticas, la CE quiere obligar a los Veintiocho a intercambiar automáticamente información sobre sus resoluciones tributarias, con un calendario estricto: cada tres meses las autoridades tributarias nacionales tendrán que enviar un informe breve con información estandarizada a todos los demás países de la UE sobre las decisiones transfronterizas que han emitido.
Actualmente los Estados miembros comparten muy poca información sobre sus resoluciones tributarias. La idea de la CE es que los países no solo informen sobre cualquier futura resolución, sino también de manera retroactiva de las que han emitido desde 2005, y se prevé que esta propuesta pueda ser aprobada hasta finales de año para que eventualmente entre en vigor el 1 de enero de 2016.
Otro elemento de las medidas propuestas para fomentar la transparencia fiscal es la revocación de la revisada directiva sobre fiscalidad de los ahorros, adoptada en marzo de 2014, a fin de evitar duplicidades con otras legislaciones como la de otra directiva también revisada sobre cooperación administrativa.
La cooperación administrativa que se aplicará a partir del 1 de enero de 2016 y el primer intercambio automático de información a finales de septiembre de 2017, establece el intercambio automático de todas las clases de rentas en cuentas bancarias. Por otra parte, la CE examinará la viabilidad de posibles nuevos requisitos de transparencia para empresas, tales como la publicación de cierta información tributaria por parte de multinacionales.
También revisará el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, que en los últimos años se ha convertido en menos eficaz a la hora de hacer frente a ciertos regímenes fiscales, dado que sus criterios no tienen en cuenta esquemas de elusión fiscal corporativa más sofisticados, argumenta la Comisión.
Por último, el Ejecutivo comunitario trabajará junto con la oficina comunitaria de estadística Eurostat y los países miembros para cómo lograr un cálculo fiable del nivel de evasión y elusión fiscal, al carecer hasta ahora de una cuantificación precisa sobre su impacto y adaptar las políticas y medidas en virtud del resultado.