Los grandes operadores petroleros no podrán copar más del 30% de las ventas minoristas anuales en cada provincia a partir del 1 de julio de 2016, según consta en una de la treintena de enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de Hidrocarburos, a las que ha tenido acceso Europa Press, con la intención de repartir la cuota de mercado de forma "más justa".
Ya desde julio de 2013 los mayoristas propietarios, gestores directos o indirectos, o con contratos de exclusividad de más del 30% de las gasolineras no pueden incrementar el número de sus estaciones de servicio ni firmar nuevos contratos de exclusividad, aunque sí pueden renovar los existentes incluso aunque eso signifique superar ese porcentaje.
Pero para fomentar más la competencia, los 'populares' vinculan ahora también los límites a las ventas, de modo que superar el 30% de ventas anuales en la provincia también impedirá hacerse con nuevas instalaciones, independientemente de que con ello no se aumente el número total de gasolineras.
Revisable a los tres años
El objetivo es evitar que los mayoristas reorganicen su red "deshaciéndose de instalaciones de su propiedad y adquiriendo otras de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado en aquellos ámbitos donde ya superan el 30% de la cuota de mercado".
Además, la Dirección General de Política Energética y Minas publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio de Industria "a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen".
A efectos del cálculo, el Gobierno considerará que son integrantes de la misma red las gasolineras en propiedad -tanto de explotación directa como de cesión a terceros por cualquier título- y las que tienen un contrato de suministro en exclusiva, así como cualquiera perteneciente al mismo grupo empresarial.
El incumplimiento de estos límites o cualquier práctica de los mayoristas dirigida a determinar directa o indirectamente el precio de venta del combustible a las estaciones de servicio será considerado infracción grave. Además, para favorecer la apertura de nuevas estaciones de servicio, se obligará a las comunidades autónomas a incluir en su registro de instalaciones de distribución al por menor todos los proyectos de apertura de nuevas estaciones y su estado de tramitación, y no sólo las que ya están funcionando.
En aras a mejorar la supervisión sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), el PP también permite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "condicionar" la metodología de las tarifas de acceso a las instalaciones de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos y establecer observaciones y recomendaciones para su mejora.
Más transparencia
Por otra parte, las enmiendas del PP buscan ahondar en la transparencia en el sector de los combustibles, facultando a la Dirección General de Política Energética y Minas a solicitar "en todo momento" una copia de los contratos de suministro en exclusiva entre operadores al por mayor y estaciones de servicio, para "poder supervisar adecuadamente" el cumplimiento de las limitaciones establecidas.
Igualmente, se permitirá que las gasolineras que no pertenezcan a la red de su suministrador puedan informar del origen del combustible que venden, publicitando así al mayorista. Y se permite también que los distribuidores al por menor -tanto estaciones de servicio como empresas de venta directa- puedan vender carburantes a otras gasolineras, otra de las cuestiones que el PSOE ha puesto sobre la mesa en alguna ocasión.
Según el PP, este cambio implicará que los distribuidores al por menor serán considerados "almacenes fiscales" para poder vender y comprar entre ellos sin tener que cumplir determinados requisitos, aunque sí estarán obligados a informar a la Agencia Tributaria (AEAT) de estas actividades.
En otra enmienda, se amplía la información que distribuidoras y operadores deben remitir al Ministerio de Industria en relación con los precios de los carburantes en sus estaciones de servicio, de modo que también incluya el volumen de venta para conseguir un "mejor seguimiento de las cuotas de mercado de cada operador" y poder "reportar los precios del venta al público de productos petrolíferos a la Comisión Europea a partir de medias ponderadas en función del volumen de venta de cada estación".
Operador de gas
El proyecto de ley de reforma de la normativa de Hidrocarburos, de 1998, también crea el nuevo operador único del mercado organizado del gas, sobre el que el PP ha presentado únicamente una batería de enmiendas de carácter técnico junto con algunas precisiones en relación con el régimen retributivo.
Así, si el texto original del Ejecutivo preveía que desde el primer momento fueran los comercializadores los que asumieran el coste de la retribución del operador del mercado, los 'populares' han decidido que transitoriamente se considere un coste del sistema "hasta que se alcancen las condiciones de suficiente liquidez", al considerar que repartirlo en función del gas introducido en el sistema "supondría una asimetría" entre los operadores.
También se "reduce" el impacto de la inclusión durante el año 2015 de nuevos almacenamientos subterráneos en el régimen retributivo del sistema gasista, al fijarse que las cantidades devengadas entre la puesta en servicio provisional y el 31 de diciembre de 2014 se incluirán en la liquidación definitiva del pasado ejercicio.
Los 'populares' eliminan asimismo la obligación de reingresar a los sistemas eléctrico y gasista las cantidades que figuraban como fondos propios en su balance a 31 de diciembre de 2011, dado que se han "alterado" las razones que justificaban esta imposición al desaparecer la Comisión Nacional de la Energía (CNE), integrada en la CNMC. Asimismo, se obliga a los titulares de yacimientos de gas natural que no tengan aún autorización administrativa de ejecución de las conexiones con las instalaciones de transporte a sufragarlas en exclusiva.
Otras medidas
Para facilitar la entrada de nuevos comercializadores de gas, se elimina la exigencia de una autorización administrativa previa a las empresas que no sean de la UE y se igualan las exigencias de existencias de seguridad de los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado.
Además, se aclara la obligación de las empresas distribuidoras de gas de realizar las inspecciones obligatorias si el consumidor no ejerce su derecho a elegir libremente a otra compañía, se homologan las reglas de servidumbres y autorizaciones de paso de los oleoductos con el resto de instalaciones gasistas, y se suprimen las pruebas sobre capacidad económica de los operadores.
También se revisa el régimen de infracciones, incluyendo por ejemplo entre las muy graves el incumplimiento de las limitaciones sobre participación en el accionariado del operador del mercado de gas; y se atribuye la capacidad sancionadora en función de la materia y el territorio y no del órgano autorizador.
El PP impone además el silencio administrativo negativo en los procedimientos relacionados con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos; y obliga a publicar en el BOE los actos administrativos y resoluciones en lugar de limitarse a notificaciones personales.
Finalmente, se permite que el sistema eléctrico asuma los sobrecostes derivados de los cambios de combustible en las plantas de producción eléctrica no peninsulares que no se justifiquen por razones técnicas y a partir del 1 de enero próximo el pago por las obligaciones anuales de ahorro energético será trimestral, y no cuatrimestral.