La cuestión energética nunca ha sido y nunca será una cuestión menor. La energía, al igual que el factor trabajo, está presente en todos los bienes económicos, tanto finales intermedios. De aquí que, con insistencia, hayamos dicho que para caminar por una senda de crecimiento económico se requiere, además de un trabajo eficiente, una energía abundante, segura, de buena calidad y barata.
Hoy quisiera detenerme en la consideración de la energía, sobre todo porque ella dista bastante de adaptarse efectivamente a las exigencias de los tiempos, por cuanto requiere grandes inversiones que, constituidas como barrera de entrada, han venido a configurar un oligopolio de oferta y han abierto la oportunidad de regulación a un sector público ansioso de ella.
Parece natural que, como contraprestación a ese ansia de intervención del lado de la oferta, el sistema económico o, si se quiere, los ciudadanos, que somos en última instancia los afectados por la intervención, preguntemos si eso que llamaríamos con grandilocuencia "política energética" supone un camino coherente que conduzca al fin pretendido, que no es otro que el servicio a la producción de bienes y servicios y a la satisfacción de las necesidades de hogares, familias e individuos.
En este momento, por razones históricas, aunque no sólo por ellas, cohabitan en nuestra economía, junto a las fuentes de energía primaria más tradicionales –agua (hidráulica), carbón, fuel oil, gas, gas/vapor (ciclo combinado) y uranio (nuclear por fisión de sus átomos)–, las más recientes que, bajo el apelativo genérico de renovables, aprovechan como origen primario el viento (eólicas), el sol (termo-solares) o los residuos sólidos urbanos (centrales de biomasa).
Cada una tiene sus propias características en cuanto a las exigencias de abundancia, seguridad, calidad y precio. En condiciones de libertad, el mercado seleccionaría las que mejor cumpliesen con estos requerimientos, sin embargo, en ausencia de libertad, hay que pedir del regulador que concrete sus prioridades en una política coherente.
¿Existe hoy esa coherencia? ¿Cómo se explica que se autorice la clausura de una central de ciclo combinado cuando siguen funcionando las de carbón? ¿Cómo limitar las nucleares, por un hipotético riesgo, nada comprobado ante las tecnologías modernas (no vale el ejemplo de la obsoleta Chernobil), cuando su alta eficiencia contrasta con las renovables, algunas de ellas verdaderamente ruinosas, sostenidas graciosamente por las primas a la producción?
Y si queremos justificar lo injustificable, por razones de medio ambiente, ¿cómo simultanear las primas a las renovables con las primas al carbón? Ya en el siglo XIII, una ordenanza de 1273 prohibía el uso del carbón en los hogares londinenses por perjudicial para la salud. Prohibición que se ampliaría posteriormente a los hornos de los artesanos, a las cerveceras, a los tintoreros y a los fabricantes de cal.
Nosotros, todavía hoy, seguimos primando el carbón, aunque lo compensamos primando también las renovables.