Tras meses de tiras y aflojas con los agentes sociales, el Ejecutivo ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros la esperada reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo después de los escándalos por las cuantiosas cantidades defraudadas en los cursos de formación, sobre todo en Andalucía y Madrid.
La reforma llega sin demasiadas sorpresas con respecto a lo esperado, pero, finalmente, consigue relegar a patronal y sindicatos a un papel de planificación en estos programas, apartándoles de la gestión económica. Sin embargo, seguirán optando a una buena parte del pastel, ya que podrán ofrecer cursos de formación tanto a parados como a ocupados.
Tras los últimos escándalos no es de extrañar que la reacción de los sindicatos ante esta nueva normativa haya sido tímida, y desde el Ministerio de Empleo se felicitan de haber puesto en marcha unas medidas "necesarias y que reúnen el consenso de oposición y agentes sociales". A continuación, las principales claves de la reforma.
Formación de demanda o bonificada
Es la formación que se da en el seno de la empresa a los trabajadores. El Ejecutivo pretende dotar de una mayor flexibilidad en la gestión, incluyendo la posibilidad de impartir cursos en la propia empresa. Este tipo de formación es la que las propias empresas imparten entre sus trabajadores para mejorar sus competencias.
Uno de los cambios se basa en las horas mínimas para que este tipo de formación esté bonificada, ya que se reduce de seis a una. Además, en el caso de que la empresa recurra a entidades externas acreditadas para impartir estos cursos, éstas tendrán responsabilidad solidaria en relación a la formación impartida. Se pretende así que la empresa se implique en la formación, y la bonificación sólo se recibirá cuando se haya terminado de impartir el curso. También habrá total libertad de impartición de cursos y de elección de contenidos.
Formación de oferta o subvencionada
Es la que ha traído más problemas de corrupción y la que ejecutan, principalmente, las comunidades autónomas. Está dirigida a ocupados, pero, fundamentalmente, a desempleados. Hasta ahora, había sido un sistema endogámico donde patronal y sindicatos eran juez y parte.
En este sentido, el cheque-formación se queda en una mera declaración de intenciones. Como ya contamos en este diario, el Gobierno llevaba tiempo hablando en ocasiones del cheque de formación para parados, pero nunca fue demasiado claro hasta que Ciudadanos lo presentó en su programa para el empleo.
Pues bien, la puesta en marcha de este cheque-formación se aprueba en esta reforma, pero las comunidades se acogerán a él de forma voluntaria. Fuentes de Empleo aseguran que muchas regiones están dispuestas a comenzar a utilizarlo a la mayor celeridad, pero sigue siendo una ilusión que se pueda aplicar de forma generalizada.
Con este cheque-formación, el parado podrá elegir la entidad de la que recibe la formación, así como la materia. Serán las empresas acreditadas de formación las que podrán implementar estos cursos.
Con esto se pretende poner fin a la temporalidad que se ofrece hasta ahora en la formación pública para parados, ya que los principales cursos ofertados se concentraban, hasta ahora, en unos pocos meses del año, dejando el resto del ejercicio con poca oferta formativa para que el desempleado se recicle. Así, el parado tendría ahora más libertad de elección durante todo el año, mientras que las empresas proveedoras de los cursos competirán para tener la oferta más atractiva.
En cuanto a la formación subvencionada a trabajadores, a partir de esta reforma, la que no se realice en el seno de la empresa sólo podrá impartirse por entidades formativas acreditadas, y estas entidades no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa que le sea ejecutada.
Otra novedad con respecto a esta formación de oferta es que en ningún caso se podrá pagar de manera anticipada más del 25% del coste del curso por parte de la Administración -hasta ahora se podía adelantar hasta el 100% antes de haber impartido el curso-.
Autónomos
Según lo aprobado, que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario, se reconoce a los autónomos el derecho a la formación. Además, los trabajadores por cuenta propia y sus asociaciones y federaciones tendrán un papel clave dentro de la formación de demanda.
Libre concurrencia
El nuevo sistema de formación incluye una libre concurrencia abierta a todos los proveedores de formación acreditados.
Nuevo régimen sancionador
Ésta es una de las principales novedades. Se endurecerá la vigilancia en la distribución de los fondos dedicados a formación mediante la creación de una Unidad Especial, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para el control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción por irregularidades.
El nuevo régimen sancionador incluirá la imposibilidad de volver a recibir fondos de las Administraciones Públicas en el ámbito de la formación durante cinco años cuando hayan incumplido ilegalidades. Es decir, la empresa que haya cometido ilegalidades a la hora de recibir fondos para la formación no podrá recibir dichos fondos durante los próximos cinco años. Además, el empresario que haya cometido la ilegalidad tampoco podrá tampoco recibir esos fondos durante cinco años aunque opere con otra empresa.
Desaparece la formación a distancia tradicional
La formación a distancia tradicional subvencionada, es decir, contratar un curso a distancia, pero sin ningún tipo de seguimiento, desaparece en aras de la tele-formación. El seguimiento en la formación a distancia es muy complicado, por lo que las nuevas tecnologías hacen más viable recurrir a la tele-formación. Con esto también se pretende ser más eficientes y flexibles y superar la limitación del calendario formativo condicionado a la tramitación administrativa.
Aplicación de urgencia
La reforma de la formación aprobada este viernes en Consejo de Ministros tiene aún que pasar el trámite parlamentario para su aprobación definitiva. Sin embargo, hay varias líneas que se aplicarán con carácter de urgencia, como es la concurrencia competitiva entre centros de formación acreditados, la prohibición del pago anticipado superior al 25% del coste del curso y el impulso del cheque formación.