El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. El texto, entre otras cosas, abre la gestión directa de los fondos y la impartición de cursos de formación de oferta -financiada con cuotas, fondos públicos y europeos- a la libre concurrencia y relega a patronal y sindicatos a un papel de planificación de estos programas.
Esto evitará que, como hasta ahora, los agentes sociales sean juez y parte en la formación, y permitirá, según el Gobierno, que sea el mercado el que dirija a los trabajadores hacia las mejores ofertas de formación.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que con la reforma del modelo se fortalece la transparencia y el control frente al fraude y ha asegurado que, ligado a la formación, "España ha conocido los casos más llamativos de toda la democracia".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha dicho que se trata de una reforma estructural "de primer orden", de las más importantes de la legislatura.
Ha explicado que la reforma se hace en "doble clave" y ha precisado que se trata de fomentar el acceso a un empleo de calidad pero también de favorecer la transparencia.
La vicepresidenta ha subrayado el doble objetivo y aquí ha insistido en "la transparencia" que siempre ha de regir en el funcionamiento de la Administración y las políticas públicas en cualquier ámbito y, en segundo lugar, los nuevos mecanismos para mejorar el acceso al empleo, cada vez de mayor calidad.
"No se perderá ni 1 euro"
En este sentido, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que en el nuevo modelo de formación, habrá un proceso de evaluación permanente, pero también "tolerancia cero contra el fraude" y ha asegurado que, a partir de ahora, cada euro que va a formación se dedicará a este asunto.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bañez ha explicado que para ello habrá una Unidad especial de Inspección, dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero también se elevan las sanciones para las empresas que utilizan de manera irregular los fondos recibidos.
La titular de Empleo ha asegurado que la empresa que "lo haga mal" durante 5 años no tendrá recursos del sistema para seguir haciendo formación en el futuro.
También ha confirmado que habrá un sistema integrado de información entre Gobierno y comunidades autónomas para saber, en todo momento, "qué formación se está dando, qué personas se están formando, y en qué se está formando cada uno de los trabajadores".
A modo de ejemplo, Báñez ha recordado que con el anterior sistema el Tribunal de Cuentas detectó en 2014 que una persona llegó a hacer 150 cursos de formación en un año. "Eso ahora lo detectará el sistema en tiempo real" ha recalcado.