Un millón de páginas. Bueno, en realidad 983.130. Éste es el número exacto de páginas que los boletines oficiales publicaron a lo largo de 2014. De este total, 169.874 corresponden al Boletín Oficial del Estado (BOE) y 813.256 a la suma de los 19 autonómicos.
Este lunes, la CEOE publicaba su informe sobre la cuestión, Legislar menos, legislar mejor. La patronal asegura que el "entramado legislativo español es de una densidad y complejidad muy altas", lo que genera "distorsiones en el mercado" y un "elevado nivel de cargas" para los que quieren hacer negocios. Es una queja clásica entre los empresarios. Hay demasiadas normas, muy complejas y, además, cambiantes.
En este entorno, es muy complicado que alguien se lance a invertir o a abrir una nueva empresa. Cualquiera en esta situación tiene dos temores. Por un lado, a que le cambien las reglas del juego a mitad de partida. Por otro, a incumplir por desconocimiento alguna ley; en muchos sectores, es casi imposible que un empresario conozca todos y cada uno de los detalles normativos que afectan a su negocio. No es una cuestión que afecte sólo a España. Pero en nuestro país adquiere tintes dramáticos.
En esta cuestión, las cifras marean, aunque en realidad lo más importante no sea tanto la cantidad como la calidad. Los datos son llamativos, pero lo verdaderamente relevante es lo que se esconde tras ellos. Por ejemplo, en el siguiente cuadro se recogen las páginas editadas en el BOE estatal. Como vemos, el total ha descendido con fuerza desde 2009, pasando de 274.257 a 169.874 páginas. Pero cuando se mira con detalle, puede verse que en realidad el descenso viene sólo por la Sección V, la que recoge los "anuncios". En lo que hace referencia a nuevas normas, nombramientos y disposiciones varias, prácticamente no hay cambios.
Del mismo modo, la siguiente tabla muestra el número de normas estatales por años desde 1970. Como vemos, son más de 40.000 en estas cuatro décadas, incluyendo 279 leyes orgánicas, 1.201 leyes y 12.226 reales decretos.
Pero lo que ha disparado más allá de todo lo imaginable el número de nuevas normas ha sido la incontinencia normativa de las CCAA. Como vemos en el cuadro elaborado por la CEOE, sólo en 2014 se aprobaron 813.256 páginas en los boletines oficiales autonómicos. Madrid está a la cabeza, con 94.159, seguida de Castilla y León. No hay un desglose, por lo que no puede saberse cuántas de estas páginas corresponden a nuevas leyes o son simplemente anuncios o convocatorias. Pero la suma de los boletines reginales y del BOE da casi un millón de nuevas páginas. Haya que lo haya en ellas, da la sensación de que es un exceso para un sólo año.
A todo esto hay que sumar lo que llega de Bruselas. Según la CEOE, hay casi 100.000 normas vigentes emitidas por la UE. Es cierto que estas directivas, reglamentos o estándares afectan por igual a nuestros principales competidores. No lo es menos que cuanto mayor sea el caos normativo en un país, más afectará a sus ciudadanos las novedades comunitarias.
Inseguridad y desconocimiento
Como hemos apuntado, estas grandes cifras en realidad no dicen nada por sí mismas. Aprobar un millón de nuevas páginas cada año será mejor o peor en función de la calidad de éstas. O por decirlo de otra manera, una buena ley que ocupe 50 folios es mejor que una mala ley de 15. Eso sí, también es cierto que la exuberancia normativa no suele ser una buena noticia y trae aparejada inseguridad jurídica, tanto por los cambios constantes como por el desconocimiento de los ciudadanos.
En este sentido, es significativa la situación de España en los diferentes informes internacionales sobre esta cuestión. CEOE también lo recoge en su estudio. Por ejemplo, en el indicador de barreras a la iniciativa privada derivas de la regulación que elabora la OCDE, España es el peor de entre los grandes países de la UE (ver tabla)
Un resultado parecido se puede encontrar en el informe sobre competitividad mundial que el World Economic Forum publica cada año. España también está en la cola y sólo Italia, entre los grandes países de la UE tiene peor nota en lo que hace referencia a la "carga de la legislación"
Estos índices hay que tomarlos con distancia. Tanto la elaboración como los datos que recopilan varían mucho de un país a otro. Además, es muy complicado que recojan las variaciones de año a año. Y la metodología, la medición y el contenido cambian mucho de uno a otro. Por eso, es bueno ir con cuidado al informar sobre los mismos. Eso sí, también es cierto que pueden servir como indicador, tanto de las tendencias a largo plazo como de la situación general de un país en comparación con sus vecinos. Cuando un país siempre aparece mal clasificado y mantiene esas malas puntuaciones año a año, puede intuirse que existe algún problema.
Éste es el caso de España. Ya no es que se suba o se baje un puesto o se gane una décima... es que en prácticamente todos los estudios internacionales aparecemos en un mal lugar. Ya sea el Índice de Libertad Económica de The Wall Street Journal, el Doing Business del Banco Mundial o los dos mencionados anteriormente, nuestro país presenta los mismos problemas: exceso de regulación, rigidez en los mercados, complicaciones para el inversor y dificultades para la creación de riqueza.