Esta semana se produjo el cese definitivo de la escasa flexibilidad ganada en el mercado laboral español gracias a la Reforma Laboral. El acuerdo entre sindicatos y patronal para forzar un aumento de salarios de hasta el 1% y del 1,5% para 2015 y 2016, respectivamente, no es más que la continuación lógica a la secuencia de hitos que han dañado la Reforma hasta reducirla a su mínima expresión.
En efecto, desde la entrada en vigor de la reforma laboral todas las fuerzas reaccionarias del Estado (lobbies sindicales, partidos políticos, economistas socialdemócratas, etc.) han mostrado su frontal rechazo a la misma y han presionado a todos aquellos órganos decisores que podían poner trabas al nuevo texto legal. Desde jueces a políticos, pasando por empresarios, delegados sindicales y miembros de la patronal. Todos ellos han sufrido una presión constante desde que Fátima Báñez impulsara la reforma en 2012.
Las causas del despido
Uno de los primeros frentes de batalla fue la nueva regulación del despido procedente. Según el reformado artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, se entiende que se puede suspender el contrato de trabajo (esto es, despedir a un trabajador) por causas económicas de la siguiente manera:
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
El legislador, que con el texto de este artículo peca de optimista y de desconocimiento empresarial (y si no, ¿por qué sólo hay causas económicas graves con caída de ventas?, ¿acaso no puede haber un fuerte repunte de los costes de materias primas o de los costes tributarios?), regulaba un supuesto de problemas empresariales de manual. Pero claro, confiaba en los múltiples soviets sindicales y otros órganos de presión para ejecutar este artículo. Invitamos al lector a que se lea citado artículo para que compruebe la cantidad de órganos que se mencionan: "Comisión negociadora", "Autoridad Laboral", "Representantes de los Trabajadores", y un largo etcétera.
Lo complicado del procedimiento regulado en el citado artículo ha puesto en bandeja a los jueces para desestimar muchos despidos que se habían producido y forzar a los empleadores (los cuales seguían en pérdidas, situación que desde luego en 2012 y principios de 2013 no había variado) a volver a contratar a los trabajadores. De esta manera, los Tribunales lanzaban un mensaje cristalino: "No vamos a consentir que la flexibilidad laboral aumente de manera tan significativa".
Los ERE
Otra gran novedad de la reforma era el fortalecimiento de los EREs (expedientes reguladores de empleo) y de los ERTEs (expedientes reguladores temporales de empleo). Se buscaba dar una solución rápida a problemas de mayor calado en las empresas, gracias a la cual se pudiera o bien reducir los salarios de buena parte de la plantilla o bien prescindir de un porcentaje muy elevado.
De nuevo, el ímpetu reformista fue frenado en seco por los Tribunales. El caso más sangrante ha sido el de la embotelladora de Coca-Cola. Tras meses de litigio entre grandes abogados y manifestaciones en las calles, contando con el apoyo de los medios más socialdemócratas y de todos los partidos políticos de la llamada izquierda parlamentaria, el auto del Tribunal Supremo consideró nulo el ERE que afectó a cerca de 1.000 personas y conllevó el cierre de cuatro centros de producción.
El ataque salarial
El resultado de los continuos ataques al ajuste del mercado laboral por volumen (esto es, que el mercado se ajustara a base de despidos) forzó a que la deflación y el estancamiento salarial se perpetuase en el tiempo. Posibilitando que el ajuste continuara en el mercado no aumentando el desempleo si no reduciendo el coste de la mano de obra.
Sin embargo, en este año 2015 electoral y electoralista, donde el Partido Popular juega la baza de la recuperación económica, se ha decidido dar marcha atrás con el proceso de ajuste mediante el acuerdo de subida salarial con el que abrimos el artículo. Si bien la CEOE ya se ha apresurado a decir que el famoso 1% para el 2015 no tiene por qué aplicar a todas las empresas y que la media de los convenios es una subida del 0,7%, no deja de sorprender la cifra.
¿Por qué un 1%?, ¿tanta confianza tienen sindicatos y patronal en su cálculo económico como para confiar en que es la subida correcta?, ¿conocen acaso la idiosincrasia de todas las empresas del país? Un argumento puede estar en la tímida recuperación de los márgenes empresariales en los sectores más intensivos en mano de obra (por ejemplo, empresas de seguridad, empresas de call center, empresas de servicios de escaso valor añadido), donde los márgenes operativos han vuelto a estar cerca del 5%.
Una subida de un 1% puede suponer que el margen vuelva a estrecharse. Y no olvidemos que, siendo un margen operativo, el empresario todavía tiene que usar ese 5% reducido para abonar intereses de deuda y pagar los derroches de Montoro. ¿Realmente aguantan márgenes tan estrechos una subida elevada del 1%? Todo parece indicar que no, pero ni del 1% ni del 0,7%.
Habrá quienes, al escuchar este argumento, contraargumenten diciendo que el empresario puede repercutir vía subida de precios el aumento de su coste laboral. Ahora bien, en estas industrias de escaso margen, donde los principales clientes son grandes empresas, líderes de sus industrias, ¿realmente va a aceptar el cliente un mayor precio?, ¿quién es el decisor de la relación contractual? Sea como fuere, una cosa parece obvia: la reforma laboral está muerta y enterrada. Más vale que el cuento de la recuperación sea real si no queremos seguir engordando la cola del INEM.