La banca pública es el nuevo mantra de la clase política española. Formaciones como Podemos, PSOE e incluso Ciudadanos han abrazado la idea de crear entidades de crédito públicas a nivel municipal, autonómico y nacional, con el fin de conceder préstamos, directamente, a clientes minoristas, sobre todo, pymes.
Así, por ejemplo, la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lleva en su programa la promesa de "crear un banco público municipal-regional que sirva como herramienta de financiación de proyectos sociales y de empresas y cooperativas que fomenten la economía productiva".
Por otro lado, el pacto alcanzado entre Ciudadanos y Susana Díaz para que el PSOE gobierne en la Junta de Andalucía contempla distintas fórmulas de banca pública o semi pública, como "líneas preferentes de financiación para los autónomos" o una "Entidad Pública de Crédito".
Mientras, a nivel nacional, Podemos aboga por paralizar la privatización prevista de las cajas de ahorro rescatadas con dinero público, hoy convertidas en bancos, creando así una amplia red de entidades crediticias públicas en manos del poder político.
El PSOE, por su parte, no llega a tanto, pero el equipo económico de Pedro Sánchez trabaja en distintas propuestas encaminadas a crear un gran banco público en España para impulsar la concesión de crédito a empresas y pymes. La idea que, por el momento, cobra más fuerza en la cúpula socialista consiste en crear una especie de Agencia Financiera en donde se concentren las funciones que, hoy por hoy, realizan instituciones como el ICO, el ICEX, Cofides o Expansión Exterior.
¿Problema? Muchos y muy graves, según los expertos del sector consultados por Libre Mercado. El primero y principal, comprobar que los políticos españoles no han aprendido nada de la histórica crisis financiera que ha sufrido el país en los últimos años.
En España, no ha quebrado ningún banco privado, a diferencia de lo sucedido con las antiguas cajas de ahorros. El rescate público, con un coste directo próximo a 60.000 millones de euros, se ha concentrado en las cajas, controladas y gobernadas por políticos, sindicatos y patronales.
Sin embargo, lejos de apostar por la privatización total de dichas entidades, hoy nacionalizadas, configurando así una banca en manos privadas y gestionada por profesionales del sector, renace con fuerza la idea de una gran banca pública, controlada, una vez más, por políticos. Y ello, a pesar de los desastrosos resultados que han cosechado este tipo de experimentos, peores, incluso, que los registrados por las cajas.
Una de las claves es que la banca minorista, a diferencia de lo que sucede con un banco público, "conoce de primera mano a sus clientes" y, por tanto, puede medir mucho mejor los riesgos. El 80% de los clientes del crédito empresarial son pymes y micropymes, pequeñas empresas y autónomos, cuyo historial de pago y flujo de caja (movimiento de las cuentas) es bien conocido gracias a la amplia y tupida red de sucursales bancarias.
El fiasco de ICO-Directo: morosidad del 50%
El banco público, por el contrario, sólo tiene una oficina central y, por tanto, no conoce a sus potenciales clientes. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), por ejemplo, cuenta con una única sede en Madrid. El ICO, que cuenta con el aval del Estado, es un banco mayorista, es decir, sólo presta a grandes empresas para financiar grandes proyectos (infraestructuras) y a otros bancos para que éstos, a su vez, concedan préstamos a pymes en base a una serie de condiciones, pero no lo hace de forma directa (no presta a pymes ni a particulares).
La excepción a este tradicional modelo fue la denominada Línea ICO-Directo, puesta en marcha durante la pasada legislatura. El ICO-Directo, ideado por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, comenzó a operar en junio de 2010 con el fin de prestar a pymes y empresas ante la sequía crediticia que, por entonces, sufría el conjunto del país.
Para evitar una elevada morosidad, el ICO aplicó una serie de filtros a través de un equipo especializado para medir el riesgo de sus clientes, adoptando así las debidas precauciones advertidas, incluso, por el propio Banco de España. Como consecuencia, el ICO-Directo denegaba en sus inicios casi todas las peticiones de préstamo. Sin embargo, poco después, y tras recibir fuertes presiones políticas por parte del Gobierno, el ICO abrió la mano y empezó a conceder créditos, suavizando de forma muy sustancial los citados filtros, según las fuentes consultadas.
Así, tal y como explicaba por entonces dicho organismo, gran parte de las solicitudes presentadas en las primeras semanas de funcionamiento de ICO-Directo "no cumplían los requisitos mínimos establecidos". Sin embargo, oh casualidad, "una vez superada la fase inicial y estabilizado el volumen de solicitudes, el porcentaje de las operaciones que son aprobadas, una vez estudiadas por los analistas, registra un notable incremento, situándose en torno al 56% en el mes de septiembre".
El volumen de crédito concedido creció de forma sustancial en los meses posteriores, hasta alcanzar cerca de los 500 millones de euros... Pero con la llegada del nuevo Gobierno se descubrió el pastel: el ICO-Directo acumulaba una tasa de morosidad próxima al 50%. Si en lugar de prestar 500 millones, hubiera prestado 10.000, al estilo de un banco tradicional, el ICO, simplemente, habría quebrado, con las consiguientes pérdidas para el contribuyente.
Invercaria, un nido de corrupción
Otro caso llamativo es el de Invercaria, una especie de fondo de capital riesgo creado por la Junta de Andalucía en 2005 con el fin, en teoría, de apoyar el tejido empresarial andaluz mediante el desarrollo de pymes a las que aporta capital y ayuda en su gestión. Invercaria y su cúpula están hoy bajo investigación judicial por toda una retahíla de presuntos escándalos de corrupción y mal uso de dinero público.
El ICF catalán y el caso Ficosa
Cataluña también cuenta con su particular instrumento financiero para prestar dinero con el respaldo del contribuyente. El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), fundado en 1985 por el expresidente de la Generalidad Jordi Pujol, tampoco ha estado exento de polémica.
El último caso turbio en el que se ha visto envuelto está relacionado con un crédito participativo concedido a la empresa Ficosa, cuyo accionista mayoritario es la familia Pujol Artigas, relacionada, posteriormente, con el escándalo de las ITV, en el que está imputado el hijo del expresidente catalán Oriol Pujol Ferrusola, anterior secretario general de Convergencia.
El BdE y el BCE, en contra
Son muchos los países que cuentan con organismos financieros similares al ICO, bancos mayoristas que operan en condiciones normales de mercado, pero respaldados por el Estado con avales públicos. La creación de un banco público minorista, con sucursales propias, sería reproducir el fracasado modelo de las cajas de ahorro, pero, incluso, peor, ya que su naturaleza jurídica de ente público le otorgaría un acceso directo a los presupuestos.
"Si la Junta de Andalucía no puede financiarse por sí misma, menos aún un banco público autonómico" como el que pretende crear Díaz, advierten fuentes del sector financiero. "Y como existirían fuertes incentivos para prestar dinero a pérdidas... Al final, pagaría el contribuyente".
De ahí, precisamente, que el Banco de España (BdE) rechace esta posibilidad. Para crear un banco público, ayuntamientos y autonomías tienen que solicitar una ficha bancaria que, hoy por hoy, el organismo que preside Luis Linde no está dispuesto a a conceder debido a los altos riesgos que conlleva. Andalucía lo ha intentado en los últimos años y ha obtenido un rotundo "no" por respuesta.
Y lo mismo piensa el Banco Central Europeo (BCE), convertido ahora en el gran regulador financiero a nivel comunitario. Portugal, por ejemplo, creó recientemente la Institución Financiera de Desarrollo (IFD), pero no es un banco público en sentido estricto, ya que el BCE le denegó la licencia bancaria. Además, se trata de una entidad a nivel nacional y centrada, exclusivamente, en el mercado mayorista, a imagen y semejanza de lo que existe en otros países.
Por último, en cuanto a la idea del PSOE de crear una Agencia Financiera, si bien no sería un banco en sentido estricto al carecer de licencia bancaria, su finalidad de prestar dinero a pymes a pérdida supondría, muy posiblemente, una violación de la normativa europea sobre las "ayudas de Estado", ya que distorsionaría las reglas relativas a la competencia en tre empresas dentro de la UE.
Así pues, una banca pública que preste dinero, directamente, a clientes minoristas no solo constituye una anomalía en el entorno europeo, sino un nuevo engendro de resultados nefastos para el contribuyente, tal y como ya se ha encargado de demostrar el fiasco de las cajas.