La minería del carbón constituye un sector privilegiado por el poder político desde hace décadas en España, y no sólo porque las centrales térmicas estén obligadas a comprar mineral patrio pese a su ínfima calidad y elevado precio, con la consiguiente factura extra para los consumidores, sino porque, año tras año, recibe un reguero de millones a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El próximo ejercicio no será diferente. El dinero total destinado al carbón nacional rondará los 411 millones de euros en 2016, según el proyecto presupuestario que acaba de presentar el Gobierno. En concreto, las ayudas públicas a la "explotación minera" consumirán 331,5 millones de euros; las subvenciones para el "desarrollo alternativo de las comarcas mineras" ascenderá a 50 millones; y el Ministerio de Industria gastará otros 30 millones en la construcción de "infraestructuras" en las comarcas mineras.
Y todo ello, para un sector que apenas emplea ya a 3.279 mineros y 15 compañías. Así pues, cada minero costará a los contribuyentes españoles más de 125.000 euros en 2016.