Como consecuencia de la Ley de Transparencia, el Gobierno puso en marcha la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Allí aparecen todas las ayudas concedidas por la Administración General del Estado y sus organismos desde el 1 de enero de 2014. Las subvenciones que otorgan las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se incluirán desde enero de 2016.
En 2014, el Estado central concedió 706.291 subvenciones por un importe total de más de 3.600 millones de euros. Una cantidad equivalente a 80 euros por habitante. Dos tercios de las mismas corresponden a los planes PIVE, PIMA Aire y Prepara. Pese a su elevado número, solo dan cuenta del 18% del importe total de ayudas. Casi una cuarta parte de las subvenciones fueron concedidas por Enesa (Entidad Estatal de Seguros Agrarios), la mayoría por importes pequeños (algunas inferiores a 5 euros).
El resto, unas 55.000 subvenciones (el 8% del total), se llevó 2.854 millones de euros, casi el 80% del importe total. De estas ayudas, los ministerios que más dinero otorgaron fueron los de Empleo (671,5 millones de euros), Industria (635 millones) y Hacienda (467 millones) (ver cuadro adjunto).
Como es obvio, aunque algunos parezcan olvidarlo, lo que el Estado otorga en subvenciones surge del dinero que los contribuyentes le pagan con sus impuestos. En palabras más simples, las subvenciones son un mecanismo por el cual el Estado quita dinero a unos ciudadanos y se lo da a otros, según distintos criterios.
La pregunta es: ¿no sería más práctico que el Estado dejara el dinero en el bolsillo del contribuyente y que éste decidiera a quienes quiere ayudar? Las subvenciones no solo cuestan el dinero de la propia ayuda, sino que también conllevan un coste de gestión y control. El ahorro que tendría el Estado en costes de gestión podría convertirse en desgravaciones fiscales para incentivar las donaciones entre privados.
No se trata de adoptar una actitud "fundamentalista" contraria a toda subvención. Es muy probable que una gran parte de la sociedad apruebe algunas de ellas, como las ayudas a parados del Plan Prepara. También es probable que haya una mayoría de acuerdo con determinadas becas para estudiantes y ayudas a la investigación en ciertos campos.
Lo que quiero resaltar es el ilógico sistema implícito en las subvenciones: la sociedad entrega un dinero al Estado con sus impuestos, para luego tener que pedirle su restitución mediante ayudas. Creo que todos tenemos una idea más o menos clara de quienes necesitan ayuda. Por ejemplo, enfermos, ancianos, huérfanos, discapacitados y quienes sufran una pobreza extrema. ¿No está capacitada la sociedad para ayudarlos por sí misma a través de ONGs? ¿No estaría la gente más predispuesta a donar a esas ONGs si los impuestos fueran menores? (más aún si se la incentivara fiscalmente).
Hay una errónea creencia que favorece que las subvenciones no suelan ser cuestionadas: en mayor o menor medida, son muchos los que tienen la secreta esperanza de "pillar" una. La verdad es que cuanto más amplio es el sistema de subvenciones (cuanto más se quita a unos para dar a otros) más pierde el conjunto de la sociedad porque hace que los ciudadanos estén más a merced del poder discrecional del Estado, porque la economía se hace menos eficiente (lo que implica menos empleo y actividad de los que se podrían alcanzar) y porque se amplían las oportunidades de corrupción.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones es un gran paso a favor de la transparencia. Uno puede ver el nombre, apellidos y número de DNI de cada persona que se favoreció, por ejemplo, con el Plan PIVE. También hay lugar para sorpresas, al ver que entidades que por una parte pregonan la libertad económica, por otra están dispuestas a recibir subvenciones públicas (hay que admitir que, en ese punto, los sindicatos son mucho más coherentes). Con todo, su mayor contribución podría ser estimular el debate acerca de cuántas y qué tipo de subvenciones queremos como sociedad.
Diego Barceló Larran (@diebarcelo) es director de Barceló & Asociados