Que la Seguridad Social es un fraude piramidal en el que todos estamos obligados a participar por la sinrazón de la coacción estatal es algo que, tras 30 años de continuos recortes a las pensiones públicas, todos deberíamos haber interiorizado ya. Pero, al parecer, muchos ciudadanos todavía no han recibido suficientes palos/recortazos para que la venda se les caiga de los ojos. Sólo así se explica que se siga percibiendo como gran ventaja de las pensiones públicas el que estén "garantizadas", cuando lo único verdaderamente garantizado es que de tanto en tanto nuestros políticos van a meterles el hachazo.
Sucedió en 2011-2012 con la reforma Zapatero-Rajoy, consistente en elevar la edad de jubilación a los 67, incrementar el número de años para cobrar el 100% de la base reguladora –hasta los 37– y desindexar las pensiones del IPC. Y volverá a suceder dentro de unos pocos años, cuando se extraigan las pensiones de viudedad y orfandad de la Seguridad Social y pasen a costearse mediante impuestos: ya lo ha anunciado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, con el entregado apoyo de los partidos de la oposición.
El argumento empleado para que la Seguridad Social deje de sufragar este tipo de prestaciones –y que, en cambio, pasemos a hacerlo todos los españoles a través de impuestos generales– es que aquélla constituye un sistema contributivo (el importe de tu pensión depende de cuánto hayas cotizado a lo largo de tu vida laboral) y las pensiones de viudedad y de orfandad no deberían serlo. Pero semejante argumento resulta extremadamente débil: ambas prestaciones simplemente constituyen una compensación parcial a los cónyuges e hijos del causante por todo el dinero que, en forma de cotizaciones a la Seguridad Social, le ha sido arrebatado por el sistema durante su vida laboral, impidiéndole, en consecuencia, capitalizarlo en forma de un patrimonio que habrían heredado su cónyuge y sus hijos.
Las pensiones de viudedad y orfandad no son caridad estatal para personas sin ingresos y sin ahorros una vez muere el cabeza de familia. Al contrario: son un chapucero intento de devolver a los más allegados una parte del patrimonio que fue expoliado por el Estado para seguir costeando el fraude piramidal de la Seguridad Social. Sin una madoffiana Seguridad Social que mantener, el cónyuge viudo y los hijos huérfanos se habrían beneficiado de una herencia que, sin embargo, fue devorada por el sector público.
Por eso es incorrecto señalar que las pensiones de viudedad y orfandad, a diferencia de las de jubilación o incapacidad, no son contributivas: lo son y deberían seguir siéndolo, porque la contraprestación recibida por el cónyuge y por los hijos del fallecido debería guardar una proporcionalidad con el importe que cotizó forzosamente el causante durante su vida laboral y, por tanto, con el patrimonio que la Seguridad Social injustamente les arrebató. No en vano, actualmente el cónyuge viudo recibe una pensión equivalente al 52% de la base reguladora (del salario medio del trabajador durante sus últimos 25 años de cotización) y los huérfanos una del 20%.
El Gobierno, empero, pretende engañarnos a todos extrayendo estas dos prestaciones de la Seguridad Social con un doble propósito: primero, descargar en 23.000 millones de euros los gastos de la Seguridad Social para así seguir ocultando durante unos pocos lustros más su situación de quiebra técnica; segundo, convertir en no contributivas las pensiones de viudedad y orfandad, de modo que sea el ministro de Hacienda quien determine el importe de la prestación con absoluta independencia del nivel de cotización de cada trabajador. Es decir, hachazo a las pensiones de viudedad y orfandad futuras con la excusa de que deja de haber una correspondencia entre cotización y prestación.
El propio PSOE, por boca de la diputada López i Chamosa, ha detectado parte de las aviesas intenciones del Gobierno denunciado que la supresión del carácter contributivo de las pensiones de orfandad y viudedad implicará que aquellos trabajadores que más hayan cotizado a lo largo de su vida laboral no podrán trasladar tales beneficios a sus familiares. Pero la solución que plantean los socialistas –transferir 23.000 millones de euros desde los Presupuestos Generales del Estado a las cuentas de la Seguridad Social– no deja de ser una forma de continuar encubriendo las vergüenzas de este fraude piramidal: esto es, mantener la contributividad del esquema madoffiano pero subvencionándola con los impuestos generales de todos los españoles. De esta manera, nos encontraremos con que ciudadanos con bajos salarios padecerán un altísimo IVA para que cotizantes con rentas altas cobren elevadas prestaciones de viudedad u orfandad, pese a que los ingresos contributivos a la Seguridad Social no alcanzarán para abonarlas. Contributividad sí, pero sin subvencionarla para que las pensiones sean más altas que las que el propio esquema contributivo puede permitirse.
Seamos claros: a medio plazo resulta inexorable recortar las actuales condiciones de acceso a las pensiones públicas. El sistema está roto porque se construyó sobre las endebles bases de los timos piramidales. Pero si nuestros visionarios hombres de Estado van a meternos un doloroso tijeretazo, al menos que no lo enmascaren con la falsa normalidad que recubre todo fraude. Que admitan con claridad que están instaurando un repago contributivo, que para acceder a las mismas (o inferiores) pensiones que en la actualidad tendremos que pagar dos veces: una, las actuales cotizaciones a la Seguridad Social; otra, los nuevos impuestos con que nos castigarán para financiar esos 23.000 millones de euros que cuestan las prestaciones contributivas de viudedad y orfandad. Sólo dejando de engañar a los españoles y planteando con claridad las miserias de las garantizadas pensiones públicas podremos comenzar a reflexionar que acaso la verdadera solución consista en transitar hacia las pensiones privadas de capitalización. Mientras tanto… que prosigan los recortes.