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La 'Ley Antivapeo' condena a muerte al cigarrillo electrónico en España

La regulación que propone el PP acabará con el e-cig, limitando la oferta de productos y, por tanto, su eficacia para combatir el tabaquismo.

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Muestra de cigarrillos electrónicos | Corbis

El cigarrillo electrónico, tal y como lo conocemos en la actualidad, tiene los días contados en España en caso de que el Gobierno del PP apruebe el borrador de Real Decreto sobre la regulación del e-cig que ha presentado recientemente el Ministerio de Sanidad.

La norma, cuyo objetivo es incorporar al ordenamiento jurídico español la última directiva europea del tabaco aprobada en abril de 2014, restringe de forma muy sustancial la venta y comercialización de este revolucionario producto, ya que, entre otros aspectos:

  • Se prohíbe la venta por internet.
  • Sanidad sólo permitirá la venta de cigarrillos electrónicos en estancos, tiendas especializadas, farmacias y parafarmacias.
  • No se podrán hacer descuentos u ofertas sobre estos dispositivos y sus accesorios.
  • Además, quedará prohibida la publicidad y la promoción de tales dispositivos "como métodos de ayuda para dejar de fumar, ni que son inocuos y están exentos de riesgos para la salud o similares", según el texto.

El anteproyecto, sin embargo, va mucho más allá, puesto que también impone elevadas tasas y costes administrativos al sector del vapeo, cuyo auge sigue al alza en la mayoría de países desarrollados, a diferencia de lo que sucede en España, donde la mala prensa ha hecho mucho daño al sector.

Desde las asociaciones de empresarios y usuarios del e-cig tienen muy claro que el texto, tal y como está redactado, condenará a muerte A este producto en España, cuyo descubrimiento está permitiendo a muchos fumadores abandonar su adicción al tabaco.

La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (Upev) y la Asociación Nacional Española de Usuarios de Vaporizadores Personales (Anesvap) denuncian que el borrador de Sanidad "supondrá la aniquilación del sector y el fin del mejor remedio contra el tabaquismo en España". El problema es que dicho anteproyecto "introduce nuevos requisitos económicos y administrativos que no podrán en ningún caso ser cumplidos por las pymes" que operan en España.

"Dichos requisitos son absolutamente extralimitados y ninguna de las asociaciones comprende su motivación, puesto que se trata de los supuestos más estrictos y restrictivos del mundo, sin existir absolutamente ningún argumento científico que los avale, siendo incluso superiores a los exigidos al tabaco", aclaran.

Como consecuencia, ambas entidades advierten de que "las pocas tiendas físicas que permanecen en el sector no podrán hacer frente a las tasas económicas y supuestos administrativos requeridos y las tiendas online se verán abocadas a su desaparición". Las principales trabas que denuncian son las siguientes:

1. Tasas inasumibles

El e-cig y todos sus dispositivos relacionados sólo se podrán vender en estancos, farmacias y tiendas especializadas, previo pago de las correspondientes tasas de licencia y registro, cuya cuantía en este último caso asciende a 500 euros por producto comercializado.

Carmen Escrig, doctora en Biología Celular y asesora científica de Anesvap y Upev, explica a Libre Mercado que esta tasa es inasumible para las tiendas, ya que comercializan cientos de productos, de modo que la factura sería muy elevada.

El texto no deja claro si ese impuesto afecta a los establecimientos minoristas, pero Escrig aclara que, en principio, se impondrá a fabricantes y distribuidores. ¿Problema? Muchas tiendas compran dispositivos, directamente, a mayoristas extranjeros, convirtiéndose así en importadores, y, por tanto, distribuidores en España, teniendo que pagar la correspondiente tasa.

Además, esas tasas, sumadas a los elevados costes administrativos (análisis toxicológicos y requirimientos burocráticos), reducirán significativamente el número y diversidad de productos que se comercializan en España, "algo esencial para la lucha contra el tabaquismo, porque es muy importante que el producto (modelo de e-cig y carga de nicotina) se adapte a las necesidades concretas de cada fumador para que sea realmente eficaz".

Preguntado sobre esta cuestión, el Ministerio de Sanidad responde que el anteproyecto "no contempla el cobro de ningún tipo de tasa. En el documento colgado en la página web está incluida la memoria de impacto, donde se hace un análisis del coste indirecto que puede suponer para el sector debido a la carga de trabajo administrativo que supone la preparación de la documentación, pero no a la imposición de tasas. Se trata de una estimación que ha de hacerse para estudiar el impacto económico".

2. Se prohíbe la venta por internet

Sanidad también pretende prohibir la venta de cigarrillos electrónicos por internet, una vía que, en la actualidad, concentra el 65% del mercado en España. "Curiosamente, se pueden vender pipas de tabaco por la red, pero no e-cig", lo cual demuestra, según Escrig, que la regulación de este producto sería incluso más estricta que la del tabaco.

3. Ni publicidad ni promoción

El borrador prohíbe, igualmente, la promoción, publicidad y descuentos en este tipo de dispositivos, incluidos los accesorios y líquidos de recarga. "Es dantesco, ya que el proyecto equipara el e-cig con el tabaco, lo cual contradice la Directiva de la UE".

De hecho, atenta "contra la libertad de expresión", añade la experta, puesto que la norma prohíbe "toda forma de contribución pública o privada a cualquier acto, actividad o individuo que tenga por objeto o por efecto directo o indirecto la promoción del dispositivo electrónico susceptible de liberación de nicotina y sus envases de recarga". Esta limitación, según las asociaciones, acabaría con los foros de debate y de usuarios del vapeo en internet y redes sociales. "El Gobierno impone más restricciones al e-cig que al tabaco".

4. Menos eficacia contra el tabaquismo

La consecuencia sería la "total aniquilación del sector", denuncia Escrig. Su venta quedaría en manos, casi exclusivamente, de estancos y farmacias. ¿Problema? Estos establecimientos tan sólo ofrecen e-cig de primera generación, ineficaces a la hora de combatir el tabaquismo. "Los dispositivos que funcionan son los de segunda y tercera generación. La clave es la diversidad del producto, y, con todas estas restricciones, tanto la técnica como la innovación quedarán anuladas en España".

Sobre la motivación y el objetivo de la norma, Escrig se limita a señalar que "tanto las tabaqueras como las farmacéuticas tienen intereses. Ambas viven del fumador: las tabaqueras del enfermo [adicto al tabaco] y las farmacéuticas de la enfermedad", en alusión a los productos para dejar de fumar. Si se aprueba el borrador, "España será el país con la regulación más restrictiva del mundo en materia de cigarrillo electrónico, junto con Polonia y Finlandia, cuyos proyectos son similares".

"El e-cig salva vidas"

La regulación del PP "supondría un golpe letal para el sector, pero lo más grave es que eso se traduciría en la pérdidas de muchas vidas. Ese decreto mata gente", enfatiza la doctora.

El tabaquismo provoca cerca de seis millones de muertes y 120 millones de enfermos al año, según los datos que baraja la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, son numerosos los estudios médicos que avalan la efectividad del e-cig para dejar de fumar y sus enormes beneficios para la salud en comparación con el tabaco.

El último en pronunciarse ha sido el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, tras concluir que los cigarrillos electrónicos son un 95% menos nocivos que el tabaco y que no existen evidencias que indiquen que puedan incitar a niños y a no fumadores a fumar. De hecho, menos del 1% de los vapeadores no había fumado antes, el resto son exfumadores, según concluye el estudio.

De este modo, la Sanidad pública británica cuenta ya con el aval que precisaba para poder recetar e-cig a las personas que quieran dejar de fumar. Las asociaciones se quejan de que, si se aprueba este decreto, "España, por el contrario, quedará irremediablemente a la cola de Europa en aspectos fundamentales de mercado y de salud pública". Escrig añade que el citado informe de la Sanidad británica concluye que el e-cig puede salvar unas 6.000 vidas al año por cada millón de fumadores.

En Reino Unido, al igual que en otros países, el vapeo no deja de crecer, con cerca de 2,6 millones de usuarios y un volumen de negocio de 6.300 millones de euros en 2014, mientras que se prevén unos 46.000 millones para 2030.

En España, el sector también registró un auge espectacular en sus primeros años de funcionamiento, pero la mala prensa que ha recibido este producto ha frenado en seco a los potenciales fumadores interesados por el e-cig, con el consiguiente cierre de tiendas. Según datos del sector, en España llegó a haber unos 800.000 usuarios y cerca de 3.000 tiendas físicas hace apenas dos o tres años, pero hoy apenas quedan 200, el resto opera a través de internet. El borrador de Sanidad sería la puntilla que acabará por destruir en España este incipiente sector a nivel internacional.

En Libre Mercado

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